La semana postelectoral ha dejado un aluvión de noticias relacionadas con la Guardia Civil que han suscitado una profunda inquietud en el seno del Instituto Armado. El Ministerio del Interior ha aprobado una batería de medidas relacionadas con las competencias policiales que, según los uniformados de verde, mina sus funciones actuales. Los principales escenarios son puertos y aeropuertos, pero también hay localidades en las que queda en el aire su continuidad. Del mismo modo, el independentismo presiona para arrebatarles su autoridad en el ámbito marítimo de Cataluña. Un nuevo incendio en la Guardia Civil para un Fernando Grande-Marlaska en funciones.
La principal polémica se basa en la nueva instrucción de competencias policiales publicada en el Boletín Oficial del Estado. Vozpópuli ya informó en junio de que el Ministerio trabajaba en la redacción de este borrador, que se ha hecho efectivo esta misma semana. En dicho borrador se abordaba la creación de una nueva unidad de la Policía Nacional contra las redes de inmigración ilegal, aspectos de seguridad relacionados con puertos y aeropuertos, así como la apertura de comisarías en municipios como Roquetas de Mar (Almería), donde hasta ahora sólo había presencia permanente de la Guardia Civil.
Esta instrucción ha generado una profunda polémica en el Instituto Armado. Las asociaciones representativas han salido en tromba a protestar ante un planteamiento de competencias que, a su juicio, supone un "hachazo" a sus funciones habituales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que la decisión relacionada con puertos y aeropuertos supone la "expulsión" de 6.000 agentes de estos puestos, razón por la que han recurrido la instrucción en la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) .
Del mismo modo, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha anunciado que ha impugnado esta orden ante la Audiencia Nacional: "A la espera del traslado de expediente para presentación de demanda", afirman desde esta asociación. Y añaden: "No podemos permanecer en silencio frente a los repetidos ataques a la Guardia Civil".
Comisarías de la Policía
Las críticas ante esta instrucción del Ministerio del Interior han sido prácticamente unánimes desde las asociaciones representativas de la Guardia Civil. Estos comentarios, cuanto menos, sugieren que puede generarse una "confusión" entre guardias civiles y policías nacionales en el reparto de sus competencias.
Lo que sí parece claro es que el Ministerio del Interior ya ha dado el paso para abrir comisarías de Policía Nacional en localidades donde hasta ahora sólo había presencia de la Guardia Civil. Es el caso de Roquetas de Mar, en Almería. Los miembros del Instituto Armado consideran que se les va a retirar de estos puestos, para entregárselos en exclusiva a los uniformados de azul.
La Guardia Civil en Cataluña
En este contexto adquiere una especial relevancia la demanda planteada por el independentismo catalán, que tiene la llave -tanto por parte de ERC como de Junts- para que Pedro Sánchez conforme un nuevo Gobierno tras los resultados electorales del 23-J. El separatismo exige el desarrollo de una estructura orgánica propia para ejercer funciones de seguridad marítima en exclusiva; funciones que actualmente corresponden a la Guardia Civil.
El Gobierno catalán ya ha proyectado en los últimos años la creación de diversas funciones acuáticas en el seno de los Mossos d'Esquadra, que según el reparto de competencias sólo pueden intervenir en aguas internas -no marítimas- o en la misma línea de costa. Pero el independentismo no oculta su planteamiento de obtener estas competencias para sí.
De este modo, la asociación Jucil de la Guardia Civil ya ha anunciado que pedirá una "inmediata reunión" con el próximo ministro del Interior una vez que se forme el próximo Gobierno para reclamar al futuro titular de la cartera que "impida y detenga la usurpación de nuevas competencias de seguridad en el ámbito marítimo por parte de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra".
Los antecedentes
Desde las asociaciones representativas afirman que llueve sobre mojado. Y que el Gobierno ha culminado la cesión de competencias de Tráfico en Navarra tras sendos acuerdos con EH Bildu y PNV, cuando necesitó los apoyos de éstos últimos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. También recuerdan que que el Ministerio del Interior ha retirado unidades especialistas de montaña y de artificieros en País Vasco y Cataluña, debido a una supuesta "reestructuración" del organigrama del Instituto Armado.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, por su parte, asegura que "no se ha producido ningún recorte de competencias en las funciones de la Guardia Civil ni en sus atribuciones en puertos y aeropuertos": "Las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están fijadas en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOCFS) y en el RD 734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, que no han experimentado ninguna modificación".
Unas explicaciones que, por el momento, no convencen a las asociaciones de la Guardia Civil, que anuncian nuevas "batallas" en el terreno judicial para asegurar el reparto actual de las competencias policiales.
