La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se embarguen los quince locales que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ofreció al juzgado de instrucción por el caso Palau en sustitución de su sede central al pedir que la fianza impuesta a la formación se duplique hasta los 6,6 millones por lucrarse supuestamente por supuestas comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública en el expolio del Palau de la Música.
El fiscal pide a CDC que incremente el aval para hacer frente a una posible responsabilidad civil dado que los inmuebles suponen unos 3,2 millones
Según ha informado a Efe fuentes judiciales, el fiscal Anticorrupción ha remitido un escrito al juez que investiga el expolio del Palau de la Música, en el que solicita que ordene embargar las quince sedes que ahora la formación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha ofrecido como fianza, una vez apalabrada la venta de su sede central en Barcelona a un grupo asiático, que figuraba por garantía ante el juzgado por el proceso judicial y no se encontraba embargada. Además, el fiscal reclama a Convergencia que incremente el aval para hacer frente a una presunta responsabilidad civil ya que los inmuebles suponen unos 3,2 millones de euros.
El pasado 24 de abril, la formación nacionalista anunció la venta de su sede corporativa, situada en la calle Córcega de Barcelona, a un grupo inversor de Hong Kong, y aseguró que había depositado otros bienes inmobiliarios en el juzgado como garantía de pago de la fianza de 3,2 que inicialmente le exigía el juez instructor. La formación, que la Fiscalía pide condenar como responsable civil a título lucrativo del saqueo del Palau de la Música, depositó su sede central, valorada en 12,3 millones de euros, como aval de la fianza que se le exigía, pero el juez nunca llegó a decretar el embargo de la finca.
En un escrito remitido al juez la defensa de CDC ha ofrecido como garantía de la fianza quince locales propiedad de la formación repartidos por toda Cataluña: Amposta, Barcelona, Castelldefels, Figueres, Granollers, Capellades, Lleida, Mataró (2), Móra d'Ebre, Reus, Sant Boi de Llobregat, Tarragona, Tortosa y Sant Feliu de Llobregat. El partido del presidente catalán, Artur Mas, envió este escrito al juez el pasado 16 de abril, ocho días antes de anunciar públicamente la venta de su sede central de Barcelona.
Inicialmente, el juez fijó a CDC una fianza de 3,2 M. por el presunto cobro de comisiones de Ferrovial a través del Palau, a cambio de la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Pujol
CDC adjuntó al escrito un certificado de tasación de estos quince inmuebles, cuyo valor oscila entre los 569.626 euros, en el caso de la sede de Lleida, y 142.326 euros, en la de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). El embargo de estos bienes, en el caso de que el juez así lo acuerde, implicaría que CDC no podría vender las sedes depositadas en garantía sin la autorización judicial, a diferencia de lo que ha ocurrido con su sede principal de Barcelona.
Inicialmente, el juez instructor del caso Palau fijó a CDC una fianza de 3,2 millones de euros por el presunto cobro de comisiones de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, a cambio de la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Jordi Pujol. No obstante, al concluir la instrucción del caso, el magistrado elevó a 6,6 millones de euros la suma que presuntamente CDC se embolsó de Ferrovial en concepto de comisiones ilícitas, cantidad que la Fiscalía exige a la formación nacionalista como responsable civil a título lucrativo en su escrito de acusación del caso Palau.
Para adecuar la cantidad depositada como fianza en el juzgado con la que le solicita en su escrito de acusación, la Fiscalía ha ampliado ahora hasta los 6,6 millones la suma exigida a CDC con el fin de asegurar la responsabilidad civil que pueda derivarse de una eventual condena. De estimar el juez el planteamiento de la Fiscalía, las 15 sedes aportadas por CDC como aval serían insuficientes para garantizar su responsabilidad civil.
La Audiencia reabrió el caso en junio
La Audiencia de Barcelona ordenó el pasado mes de junio reabrir la instrucción del caso para imputar a nueve empresarios de la construcción que realizaron supuestamente facturas falsas de obras llevadas a cabo en la casa expresidente del Palau Fèlix Millet, y cargadas a la institución cultural. Millet fue condenado a un año de cárcel por las irregularidades en la gestión del proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al centro.
