Ciudadanos tampoco se fía del PP en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Concretamente duda de las adjudicaciones públicas otorgadas a empresas vinculadas a los casos de corrupción de los populares por el Ayuntamiento que dirigía el exalcalde Antonio González Terol, actualmente en la Ejecutiva del partido a nivel nacional que preside Pablo Casado y uno de sus hombres de confianza.
La formación naranja -que ha dado un portazo a la posibilidad de integrar una coalición con el PP porque arrastra “mochilas de corrupción”- ha presentado una moción a la que ha tenido acceso Vozpópuli para que se discuta en el Pleno municipal de Boadilla del Monte la creación de una comisión de investigación. Solicita revisar “los contratos adjudicados por este Ayuntamiento a empresas vinculadas con la trama Púnica y la financiación del Partido Popular”.
Este periódico ha informado este lunes de que el exalcalde entre 2011 y 2019, González Terol, adjudicó un contrato millonario a la empresa Licuas, una habitual en todos los casos de corrupción que afectan al partido. Salpicada en Gürtel, Púnica o los llamados papeles de Bárcenas sobre la financiación ilegal del partido. En la concesión de ese contrato, valorado en un coste aproximado de 20 millones de euros en ocho años, fueron claves los criterios subjetivos aplicados por el consistorio.
“Las últimas informaciones son de tal gravedad que hacen necesaria la supervisión y fiscalización de estos contratos, por tranquilidad de los vecinos y de los miembros Corporativos, con presencia en la Comisión de Investigación de los expedientes completos desde el inicio de la contratación”, dice el escrito firmado por el portavoz de Ciudadanos en Boadilla del Monte, Ricardo Díaz.
El documento presentado por Ciudadanos hace alusión a ese contrato otorgado en 2013 a una UTE en la que estaba integrada Licuas y otros como la adjudicación de los colegios Quercus y Hélade al empresario Alfonso Ferrón, obras adjudicadas a DHO (especialmente el expediente del Pabellón Felipe VI), Waiter Music (año 2012 y 2014) o Auditel-Tecnoconckert”. En esa relación también hay operaciones realizadas en la época anterior cuando el alcalde era Arturo González Panero, conocido como el Abondiguilla e investigado en Gürtel.
Trama 'Lezo'
Tecnoconckert es una de las empresas investigadas en la trama Lezo que provocó el arresto e ingreso en prisión del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. El Ayuntamiento de González Terol adjudicó a esa empresa un contrato para instalar el alumbrado de una urbanización del la localidad, lo que generó polémica en una de las reuniones del Pleno municipal. Desde la oposición le preguntaron por qué había ocultado los carteles anunciando la obra y le insinuaron que era para disimular la contratación de una empresa de Lezo. González Terol negó tal extremo y defendió la legalidad de la adjudicación.
Era una sociedad participada por el hermano Ignacio González, ex directivo de Mercasa, y por el cuñado de ambos. Los autos de la Audiencia Nacional la califican como una sociedad instrumental, investigada porque fue una de las empresas a las que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó la construcción y explotación de un campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II.
Trama 'Púnica'
El contrato con Waiter Music ya obligó al exalcalde González Terol a explicarse después de que ABC publicase en 2014 que el Ayuntamiento contrató al grupo de música Siempre Así a través de esta empresa investigada en la trama Púnica por 21.000 euros. Apenas unas semanas antes la misma empresa había llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Algete para el mismo grupo de música por 16.500 euros. La explicación del exalcalde de Boadilla es que el consistorio logró una rebaja “posiblemente” porque era cliente habitual.
Waiter Music organizó el acto de cierre de campaña del Partido Popular de Madrid en el año 2007. Fue un concierto en el que intervinieron Azúcar Moreno o Iguana Tango celebrado en el Palacio de los Deportes de Madrid. Según confesó en la Audiencia Nacional su propietario José Luis Huerta, el dinero por ese concierto lo cobró años después en negro o realizando facturas por otros conceptos. Quien le indicó cómo tenía que facturar fue el gerente del PP madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez. En 2012, el Ayuntamiento contrató con esta misma empresa un concierto de grupo infantil Cantajuegos, según informan fuentes municipales.
Los colegios concertados
Lo relativo a los colegios Quercus y Hélade tiene que ver con la gestión del exalcalde investigado en Gürtel, Arturo González Panero, apodado el Albondiguilla. La semana pasada el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón emitió un auto en el que abría una pieza separada derivada del caso Púnica. Su origen es una querella presentada a partir de un informe de la Agencia Tributaria del año 2014 donde se recogen un conjunto de irregularidades cometidas por el exconsejero Francisco Granados.
El que fuera uno de los hombres de confianza de la expresidenta Esperanza Aguirre -recientemente imputada en el caso Púnica- como número tres del Gobierno autonómico llevó a cabo actividades de promoción de Colegios concertados a través de una sociedad llamada Alfedel.
Según el juez, “a través de sus influencias políticas en diversos ayuntamientos madrileños se procedió a ceder el suelo a un precio muy inferior al de mercado con el argumento de que el colegio concertado era un servicio para el municipio y que sin embargo derivaron en la obtención de comisiones ilícitas no justificadas por la actividad efectivamente desplegada, así como la dilapidación del patrimonio de los cooperativistas”.
La empresa DICO
Entre los colegios sospechosos se encuentran dos construidos en Boadilla del Monte. “Las sustanciosas comisiones” se repartían entre los regidores y técnicos de los ayuntamientos involucrados, según el juez Manuel García-Castellón. La sociedad Alfedel era propiedad del empresario Alfonso Ferrón, investigado por estos hechos y al que alude Ciudadanos en su escrito.
De la época de González Panero también son las adjudicaciones a DHO (Dico Harinsa Obrum), entre ellas la construcción de un centro deportivo. Según declaró un empleado de esta empresa constructora, el pago de comisiones o las invitaciones a cacerías o prostitutas era su manera de conseguir adjudicaciones en ayuntamientos.
