El consejo de Ministros aprobará hoy un decreto ley de medidas urgentes por el que intentará paliar la situación desesperada de miles de familias a punto de ser desahuciadas. Las líneas principales de ese decreto establecen una moratoria de dos años para aquellas familias especialmente vulnerables que, de buena fe, no han podido hacer frente al pago de sus hipotecas. Esa vulnerabilidad la marcarán hijos o mayores a cargo así como personas dependientes. También se tendrán en cuenta los niveles de renta, que no deberán superar tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), esto es, 19.000 euros anuales, según el principio de acuerdo alcanzado con el PSOE, que, sin embargo, deja pendiente si se sumará a las propuestas o no. También se revisa el umbral de los precios de vivienda, que superará los establecidos por el Código de Buenas Prácticas, que entró en vigor el pasado mes de marzo y que se ha demostrado incapaz de dar respuesta a la situación agónica que están creando los desahucios. Asimismo se apuntan novedades respecto a avalistas y tasaciones. En el primer caso se limitará la responsabilidad de los mismos, para que no tengan que responder también con sus bienes, mientras que se intentará que las tasaciones sean independientes.
Gobierno y PSOE han negociado hasta el último momento un acuerdo que permitiera consensuar un paquete de medidas que se tradujeran hoy en un decreto ley. Ahora bien, al menos hasta ayer, el Gobierno parecía dispuesto a tramitarlo como un proyecto de ley, lo que permitirá alargar la negociación, introducir enmiendas e incorporar a otros Grupos Parlamentarios, que se han quejado de no haber sido tenidos en cuenta. La negociación fue mucho más dura de lo previsto. En Moncloa creen que la huelga general no ha facilitado el acuerdo. "El día de hoy (por ayer) es el peor para subirse al carro de un pacto" con el Ejecutivo, según indicaron fuentes próximas a la vicepresidenta del Gobierno, aunque finalmente se acercaron algunas posiciones.
En la tarde de ayer se llegó a la última reunión con un decreto redactado aunque "con muchos espacios en blanco", como el de los niveles de renta máxima por los cuales una familia podrá acogerse a la moratoria o el umbral de los precios de vivienda, que en el Código de buenas Prácticas se estableció en 200.000 euros para municipios de más de un millón de habitantes y de 120.000 para los de menos de 100.000 habitantes. Ese mismo Codigo establecía que todos los miembros de la familia debían estar en el paro para poder renegociar sus deudas con el banco sin ser embargados.
Las discrepancias entre populares y socialistas se habían puesto de manifiesto por la mañana de forma pública durante un debate en el Senado de una moción socialista para atajar el drama de los desahucios. El PSOE insistió en la necesidad de abordar la "modificación de todas las leyes que fueran necesarias", con la mente puesta tanto en la antigua Ley Hipotecaria, que data del año 1909, como de la Ley Concursal. En cambio, el Ejecutivo, es partidario de implementar medidas de urgencia, que se necesitan, y no comprometerse tanto con otras modificaciones legales, aunque en el día de ayer comenzó a abrirse a la posibilidad de abordar una reforma de esta Ley, que el PSOE teme que no sea tan profunda como debiera por presiones que están ejerciendo los bancos.
El propio Mariano Rajoy en una entrevista en el diario argentino 'La Nación', recogida por Europa Press, Rajoy ha explicado que están tratando de "proteger a las familias en situación de exclusión social para que no sean desalojadas de sus casas". "Creo que hay que ser eficaz. Si hay que cambiar la Ley Hipotecaria, se cambia. Hay que poder renegociar las deudas y que nadie pierda su casa", ha enfatizado. El presidente del Gobierno, que ha concedido seis entrevistas a otros tantos periódicos iberoamericanos con motivo de la cumbre de Cádiz, que arranca mañana, hablará de la cuestión de los desahucios con le presidente ecuatoriano, Rafael Correa, dado de muchos ciudadanos de Ecuador residentes en España se han visto afectados por los desahucios.
También ha habido problemas en clarificar lo que se entiende por colectivos vulnerables. Para el Gobierno son las familias con hijos pequeños, con ancianos a su cargo o con algún miembro dependiente, lo que para el PSOE se trata de un criterio "muy restrictivo".
