El máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, no tendrá que presentar, de momento, un aval para garantizar que las obras de finalización del nuevo estadio no se vean paralizadas. El secretario municipal considera que no se puede vincular la exigencia del aval a la concesión de la licencia que reclama el club para reiniciar las obras.
El secretario municipal, Manuel Latorre, ha emitido este informe, cuyo encargo adelantó Vozpópuli, a petición de la alcaldesa, María José Catalá, que ha sido trasladado a los grupos políticos del Consistorio un cuarto de hora antes de que se debatiera la moción presentada por el PSPV –y secundada por Compromís– en la que en uno de sus puntos vinculaba el aval a esa licencia.
Propuesta alternativa
Tras el estudio de ese informe, el portavoz adjunto socialista, Borja Sanjuán, ha pedido que se cambiara el punto del aval. Ha propuesto que se sustituyera por el acuerdo que se alcanzó en la comisión de Urbanismo para que ese aval se pidiera después de que se realice una auditoría por parte de una empresa designada por el Ayuntamiento para conocer el coste real de las obras de finalización del nuevo estadio.
En la moción se aumentaban las exigencias a Peter Lim después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en su sentencia lo definiera como un claro "incumplidor" de sus compromisos con la ciudad de Valencia.
Dos puntos avalados
El informe municipal, ha avalado el primer punto de esa moción que recoge que en el próximo mes de junio se debería aprobar la modificación del Plan de Actuación Territorial Estratégica “Valencia C.F.” que incluyen las fichas de gestión.
El informe emitido por Latorre también avala el segundo punto de la moción que a falta de la firma de un nuevo convenio se incluyan "las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, de manera vinculante, para poder disponer de las plusvalías urbanísticas".
Y el tercer punto que establecía que Lim "deposite una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio, acreditado por el Ayuntamiento sobre un análisis técnico del mismo, para poder obtener la licencia de edificación para la conclusión de la construcción de los usos deportivos previstos sobre la parcela calificada como GSP-1, destinados a albergar el nuevo estadio" es el que no ve acorde a derecho el informe del secretario.
De hecho, considera que "consideramos que la propuesta de acuerdo contenida en este punto tercero de la moción es contraria a derecho, y ello por las razones que pasamos a exponer a continuación".
Las razones que esgrime Maniel Latorre Hernández, el mismo secretario Municipal que firmó las fichas urbanísticas del anterior equipo de gobierno son que "la licencia de edificación es un acto declarativo de derechos y eminentemente reglado".
Por lo tanto, "no encontramos norma alguna que faculte a la administración municipal para exigir al peticionario de una licencia de edificación en suelo urbano una fianza por el valor total de las obras, por lo que tal exigencia carece de cobertura jurídica en la vigente normativa urbanística". Es decir, que si se tomara esta decisión por parte del Ayuntamiento ese acuerdo podría ser declarado "nulo de pleno derecho".
No prospera en la votación
La votación finalmente ha arrojado un balance de 16 votos a favor (PSPV y Compromís) y 17 votos en contra (PP y Vox) por lo que la moción presentada por los socialistas no ha prosperado.
El PP considera, en boca de su concejal de Urbanismo, Juan Giner, que "en estos momentos por no ser acorde a derecho lo que procede es la retirada de la moción y no seguir en el monte", mientras que el portavoz de Vox, Juanma Badenas, entiende que "no podemos aprobar unas fichas que permiten aprovechamiento urbanístico a un incumplido y sí volver al convenio de 2005".
Los grupos políticos se han emplazado reiteradamente a la unidad institucional pero es algo que parece cada vez más lejano y que limita mucho las exigencias del Ayuntamiento a Peter Lim que en los últimos años busca exclusivamente poder tener los aprovechamientos urbanísticos sin apenas contraprestaciones.
A día de hoy, el Ayuntamiento ha realizado dos requerimientos al Valencia que consisten en que debe acreditar que en el proyecto técnico presentado, se da cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio urbanístico de permuta de 2005 entre el Valencia y el Ayuntamiento.
Y también otro en el que se le reclama una previsión de los plazos establecidos para el inicio de las obras (previa presentación del proyecto de ejecución) y también el plazo máximo de ejecución de las mismas hasta su finalización".
