La Ley de Concordia valenciana que impulsaron PP y Vox cuando se mantenían juntos al frente del Gobierno autonómico seguirá en vigor. Carlos Mazón descarta actuar como el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha retirado la tramitación de la misma ley en esa Autonomía, una vez que Vox ya no está en su Ejecutivo.
El caso es diferente porque el Gobierno de Castilla y León estaba pendiente de un informe del Consejo Jurídico Consultivo para activar la tramitación en las Cortes. La norma valenciana, por contra, pasó los trámites en la Cámara autonómica con los votos a favor de PP y Vox y la férrea oposición de PSPV y Compromís.
Torres advierte con recurrirla
Entró en vigor el pasado 26 de agosto y ahora el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quiere establecer una comisión bilateral para resolver las discrepancias en torno a esta norma. En caso contrario acudirán al Tribunal Constitucional.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli en el Gobierno valenciano anticipan que Mazón siempre se ha declarado "satisfecho" con la citada ley, aunque también muestran su disposición a "hablar de todo con todos".
El límite para contestar al emplazamiento del Gobierno de España es este lunes y, si no hay cambio imprevisto, la Generalitat aceptará y habrá encuentro con el ministro para valorar qué aspectos de la ley son cuestionables.
Torres asegura que la Ley de Concordia valenciana "vulnera el Derecho Internacional", mientras que desde el Gobierno valenciano tienen otra visión. Sin Vox en el Gobierno siguen defendiendo esa norma por seis aspectos fundamentales.
Amplía derechos
El primero es que la nueva Ley de Concordia Democrática "recoge a todas las víctimas de la violencia política y social de nuestro país y, por primera vez, a las víctimas del terrorismo, a las que reconoce nuevos derechos", explican.
El segundo aspecto es que "reconoce el derecho a las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas, lo que supondrá el desarrollo y profundización en políticas que ya desarrolla la Generalitat Valenciana como las exhumaciones en los principales cementerios valencianos y el mantenimiento del convenio con FISABIO".
También contempla, según las mismas fuentes, "el acceso a toda la documentación existente sobre las víctimas y establece nuevas garantías para la protección de los lugares objeto de violencia política y social".
En cuarto lugar, recuerdan que cumple con una justa exigencia de las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo "al reconocer el derecho a la investigación de los hechos delictivos perseguibles realizados contra las víctimas del terrorismo que no hubieran sido resueltos, autorizando a la Abogacía General de la Generalitat la iniciación de procesos o su personación en los ya existentes".
Ley recoge igualmente que "las víctimas lo son con independencia del lugar donde fueran asesinadas" y esta Ley de Concordia tiene como uno de sus objetivos el de "construir un modelo basado en el respeto a la dignidad humana y en la convivencia excluyendo la confrontación partidista".
Alejar la confrontación ideológica
Y también apuntan las mismas fuentes que "establece un marco jurídico estable y suficiente para desarrollar políticas de concordia democrática a través de la vía reglamentaria", al tiempo que lamentan que el anterior Gobierno autonómico que presidía Ximo Puig "con la Ley de Memoria Democrática hizo de una cuestión de justicia, recuerdo y respeto, un elemento de confrontación ideológica".
Todo ello, será exhibido en las reuniones bilaterales que el Consell y el Gobierno mantendrán con la Ley de Concordia como objeto a modificar. Esta será la segunda comisión que se pondrá en marcha esta legislatura, ya que el ejecutivo de Pedro Sánchez también quiere reformar uno de los artículos de la Ley Educativa valenciana que ha entrado en vigor para el actual curso académico.
