La declaración hoy de Eduardo Zaplana en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha seguido el argumentario mantenido por el exministro durante la instrucción del denominado caso Erial. "Nunca jamás he tenido dinero en el extranjero" ha explicado Zaplana, por lo que tampoco ha realizado ninguna gestión para realizar cobros de cantidades procedentes de países terceros.
Zaplana ha acudido minutos antes de las 10 de la mañana a la Ciudad de la Justicia de Valencia acompañado de su abogado donde ha anunciado que contestaría a todas las preguntas de un juicio que auguraba que "será largo". Y así ha sido.
El exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat ha tenido hoy la dificultad de contestar a las preguntas del Fiscal sin conocer qué han pactado y cuál será la declaración de quienes hayan obtenido una conformidad con el Ministerio Público. Su abogado ha pedido, sin éxito, que quienes hayan alcanzado un acuerdo previo con la Fiscalía, declararan primero.
La gran incógnita –que empezará a resolverse mañana con la declaración de Joaquín Miguel Barceló– es saber cuántos y cuáles son los acusados que han llegado a un pacto con la Fiscalía para aceptar los hechos que se les imputan y que complicaría la defensa de Zaplana.
Los hermanos Cotino (Vicente y José), Juan Francisco García y el citado Joaquín Barceló, son los que más podrían poner en apuros al expresidente de la Generalitat Valenciana al entrar en contradicción con lo hoy expuesto en la Sala por Zaplana.
A preguntas del fiscal, Zaplana ha mantenido que conocía a los acusados, en algunos casos por amistad desde la niñez, como es el caso de Barceló y a otros por cuestiones políticas, pero ha negado conocer el entramado de empresas, el dinero en el extranjero y la trama de blanqueo de capitales para retornarlos a España.
Y este es el guión al que se ha mantenido fiel Eduardo Zaplana durante las preguntas del Ministerio Público. "Aquí se habla de Barceló y de Belhot pero no de mis empresas, mis cuentas y mi patrimonio" ha ironizado Zaplana ante el fiscal.
Hay que ver la evolución del juicio y si el resto de acusados cambia la percepción que el Tribunal haya extraído durante la declaración de Zaplana, cuyo abogado ha renunciado a preguntarle por lo "extenso" que ha sido el interrogatorio del fiscal, ha asegurado. Síntoma de que piensa que la declaración de su defendido ha ido razonablemente bien.
Seguirá en la Audiencia Provincial
El juicio contra el expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana sufrió un doble aplazamiento ante los problemas de salud, primero del Fiscal Anticorrupción, y con posterioridad del abogado que lleva la defensa de quien también fuera ministro.
En la sesión inicial de las cuestiones previas ante el presidente del Tribunal que es Pedro Castellano el abogado de Zaplana, Daniel Campos, recordó –como ya hizo durante la instrucción– que el caso debe ser juzgado en la Audiencia Nacional porque los delitos se han cometido presuntamente en el extranjero (como refleja el escrito del fiscal) y además la cuantía defraudada supera los 7 millones de euros.
El fiscal se opuso a esta tesis y los magistrados, con Castellano a la cabeza, decidieron que el juicio continuará en la Audiencia Provincial de Valencia.
20,6 millones de euros
Hay que recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia decidió abrir juicio oral contra Eduardo Zaplana y otras catorce personas (entre las que también se encuentra el expresidente autonómico valenciano José Luis Olivas) por el cobro de comisionesa cambio de las adjudicaciones realizadas para empresas de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y otras al amparo del Plan Eólico que se cifra en 20,6 millones de euros.
La Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito de calificación un total de 19 años de prisión para el expresidente Eduardo Zaplana por ocultar en el extranjero dinero procedente del, presuntamente irregular, cobro de comisiones a cambio de pactar adjudicaciones desde la Administración autonómica. Además le pide una multa de 40 millones de euros.
El caso Erial, como se denomina a este caso, se centra en el presunto desvío del dinero cobrado en las comisiones a cuentas en el extranjero (Luxemburgo, Panamá y Andorra) a través de un entramado de sociedades interpuestas para blanquearlo antes de poder retornarlo a España. Este extremo de la investigación siempre ha sido negado por Zaplana en sus comparecencias ante la magistrada.
14 acusados
En el juicio hay acusadas otras 14 personas, al margen de Zaplana, entre los que destaca el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, a quien la Fiscalía solicita 6 años de cárcel y que está acusado de cobrar una comisión de más de medio millón de euros a través de la empresa Sedeña. Igualmente figuran Vicente y José Cotino (ambos sobrinos del fallecido director general de la Policía, Juan Cotino) para los que el Ministerio Público solicita 14 años de prisión.
Junto a ellos está la persona a la que se considera clave en la actividad financiera de la trama, Joaquín Barceló, al igual que: a ambos les piden 8 años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal.
También figuran algunos de los colaboradores más cercanos de Zaplana en su etapa de presidente valenciano como su entonces jefe de gabinete Juan Francisco García (que se enfrenta a 14 años de cárcel) y su secretaria, Mitsouko Florida Henríquez para quien Anticorrupción solicita 8 años de cárcel.
Organización criminal
Entre los acusados que tendrán que defenderse en el juicio también figura la exdiputada autonómica valenciana Elvira Suances considerada una de las más cercanas a Zaplana durante sus años como presidente y que, junto a su hermano Saturnino, se enfrentan a 5 años de prisión.
La Fiscalía también señala a una serie de empresarios que "colaboraron" para ocultar la presunta procedencia delictiva del dinero y ayudaron a Zaplana a que usara el dinero retornado a España para su disfrute personal. Entre ellos están: Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto.
La magistrada consideró el en auto de apertura de juicio oral que hay indicios de organización criminal, blanqueo, cohecho, prevaricación y falsedad documental. El "modus operandi" que se ha revelado durante la investigación de la UCO confirmaría que el grupo de personas acusadas hicieron un uso torticero de sus cargos públicos para favorecer en la adjudicación de contratos a empresas que previamente habrían concertado.
Para la jueza, Zaplana utilizó a Barceló como testaferro para intentar quedar a salvo su identidad del desvío de dinero procedente de las comisiones en la que todas las partes implicadas conseguían beneficios de los contratos de la Administración autonómica valenciana.
Intenso calendario
Tras la declaración de Zaplana de hoy están previstas las del resto de acusados: mañana la de Joaquín Barceló y el jueves día 11, Francisco Grau. El día 16 declararán Juan Francisco García, Mitsouko Flerida Henríquez, Vicente Cotino, José Cotino y José Luis Olivas y los días 17 y 18 las del resto.
A partir del día 19 será el momento de los testigos propuestos por Fiscalía y el 26 por las defensas.
Las declaraciones de los peritos no serán hasta los días 15 y 16 de mayo. No obstante, el tribunal ha reservado la Sala para 13 días en junio y todo el mes de julio en días por concretar, según la información remitida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
