No hay dinero. Ésa es la evidencia con la que se ha encontrado la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid al revisar las cuentas de la división sanitaria. El órgano madrileño se ha tomado al pie de la letra eso de ‘a situaciones desesperadas, medidas desesperadas’ y ha metido la tijera para cumplir con el tope de déficit del 1,5% impuesto a las Comunidades Autónomas desde Bruselas. Según fuentes conocedoras de la situación consultadas por Vozpópuli, la idea es reducir el gasto entre el 60 y el 80% y ahorrar de 400.000 a 500.000 euros al mes. Para ello se ha metido mano a todo, desde los coches oficiales hasta el número de fotocopiadoras. Pero el principal ‘tajo’ se lo lleva el arrendamiento de inmuebles destinados a áreas sanitarias, inspecciones médicas y oficinas de funcionarios y donde la Consejería de Sanidad venía gastando alrededor de 800.000 euros mensuales, lo que significa un desembolso de 9,5 millones de euros al año solo en alquiler de oficinas.
“Hasta ahora, el gasto era desmesurado, pero podía ser así porque había superávit. Ahora no hay una actividad económica que pueda soportar estos gastos”, apuntan desde la Consejería. La realidad actual es que, con el desplome del mercado, tales ingresos -provenientes principalmente de impuestos como el IVA, IRPF e impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales- se han reducido hasta en un 50%. Además, con la reorganización llevada a cabo en abril de 2008 se redujeron las competencias (pasaron al SERMAS) y con ellas, también el presupuesto. Ante esta situación, Hacienda ha dado orden clara de controlar el gasto y ha analizado partida por partida para determinar de qué se puede prescindir.
La orden viene de la Consejería de Hacienda, que ha analizado partida por partida, y quiere eliminar el mayor de los gastos: el arrendamiento de inmuebles
La Consejería encabezada por Enrique Ossorio considera que no se puede mantener un edificio como el de Recoletos dedicado a una Dirección General a razón de 250.000 euros al mes. La relación con dicha finca se extinguirá después del verano, cuando expire el contrato. Pero de no haber insistido el arrendador en cumplir el acuerdo de alquiler hasta el final, ya estaría roto. Lo mismo ocurre con el edificio de la calle Julián Camarillo y su zona de aparcamientos - cuyo cese del contrato supondrá el ahorro de los más de 100.000 euros al mes que le cuesta a la Consejería- y los que acogían a las cuatro áreas de salud pública de Alcobendas, Alcalá de Henares, Getafe y Aranjuez, por los que se pagan alrededor de 120.000 euros/mes. La Consejería se desprenderá de todos ellos siendo el alquiler de la sede de Aduana, 29 por el único que seguirá pagando otros nada despreciables 250.000 euros, junto a un almacén de documentación en el barrio de Vallecas en el que no trabaja ningún empleado. El ahorro es significativo: más de seis millones de euros al año.
Esto sin mencionar el caso de la Agencia Laín Entralgo, dedicada a formación e investigación sanitaria. La pretensión de poner fin al alquiler de más de 100.000 euros mensueales del inmueble de la Gran Vía en el que se ubicaba ha acabado con su desaparición y con todo su personal en la calle.
Los funcionarios procedentes de los edificios con los que ya no contará Sanidad serán reubicados en los centros de salud por los que no se paga un euro
El cese de casi todos los contratos de arrendamiento supone un ahorro más que considerable, pero también impone la necesidad de reubicar a todos los empleados públicos que trabajan en sus oficinas. La solución que ha encontrado la Consejería para prescindir de estos elevadísimos alquileres sin aflojar la chequera es utilizar los centros que ya existen y por los que no se paga ni un euro: los centros sanitarios, propiedad de la Comunidad de Madrid. “Sale más económico hacer una reforma para habilitar ambulatorios y acondicionarlos para instalar oficinas que alquilar un costoso edificio en el centro de Madrid”, apuntan las mismas fuentes. Así, los trabajadores de la Administración desalojados de sus antiguas oficinas tendrán que ser reubicados entre la sede de Aduana y los centros de salud, que se convertirán en espacio compartido para empleados de salud pública, empleados de inspección y de atención al público. Otra de las ideas es habilitar el hospital Puerta de Hierro, pero de momento, ésa es la solución. Solo en Recoletos, un inmueble de siete plantas, desempeñan sus funciones entre 600 y 700 personas entre funcionarios públicos y personal laboral.
Coto a los coches oficiales e incluso a las fotocopiadoras
Las fuentes consultadas aseguran que la reducción del gasto y el cumplimiento del déficit es lo que va a vender el consejero para colgarse la medalla. De cara a la opinión pública, será un mérito, apuntan. Para conseguirlo, el área encargada de la economía autonómica no solo ha ido directa a eliminar el grueso del dispendio, sino que también ha suprimido los gastos menos voluminosos. Uno de ellos es el de los coches oficiales: se acabó el transporte privado para los altos cargos en toda la Comunidad de Madrid. Los directores generales y rangos inferiores ya no gozan de este privilegio, siendo los únicos que disponen de coche oficial el Consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, y su número dos. Tanto se quiere ahorrar que hasta se ha reducido el número de fotocopiadoras. "Antes había una por servicio, pero ahora, si alguien quiere hacer una fotocopia tiene que salir de su área para utilizar una fotocopiadora común, la única que han dejado por planta".
