Mariano Rajoy habla de la reforma constitucional y se acuerda de un dictamen del Consejo de Estado de 2006, dirigido por Francisco Rubio Llorente y que tuvo como conclusión que era posible, incluso deseable, una reforma de la carta magna. Considera el presidente del Gobierno que ese texto debe ser la base del dialogo para una posible conversación en torno a la reforma, que en principio se puede producir en la próxima legislatura. Pero aunque el presidente del Gobierno se mostró seguro al decir que aquel dictamen del Consejo de Estado había salido con una votación por unanimidad, esto no es cierto. El texto resultante especifica que hubo un voto en contra de lo expuesto, el de José María Aznar.
El expresidente del Gobierno y, por lo tanto, miembro vitalicio del Consejo de Estado, no solo emitió un voto particular, algo que también hicieron sus compañeros en el consejo Manuel Díez de Velasco y Luis Díez-Picazo, sino que también emitió un voto contrario a lo allí debatido.
Díez de Velasco y Díez-Picazo emitieron votos particulares, pero solo Aznar votó en contra del informe
Aznar comienza su argumentación elogiando el texto presentado. “Hago costar mi expreso reconocimiento de la calidad técnica, y no solo jurídica, de un Informe cuya orientación general y contenidos concretos comparto en altísima medida”, dice en las primeras líneas de su voto particular el expresidente que pronto señala sus “reservas a aquellos aspectos que afectan, aunque sea con una rigurosa perspectiva técnica, a un debate sustancialmente político, como es el relativo a la reforma del modelo de Estado de 1978”.
Aznar no pone ninguna pega a los dos primeros puntos tratados por el Consejo de Estado, pues considera que tanto el cambio en la sucesión como la inclusión del proceso europeo en el texto constitucional son hallazgos necesarios. Sus reparos vienen en los otros dos puntos, acaso los más polémicos, que se refieren tanto a las Autonomías como al Senado. Recuerda, además, que él está en el Consejo de Estado por su “caudal de experiencia política y el conocimiento de la realidad del Estado”, ya que esa es la base que incluye a los expresidentes en la institución consultiva.
En el tema de las Comunidades Autónomas Aznar comienza su exposición criticando al gobierno de Zapatero, que es quien pregunta al Consejo de Estado y el que, por lo tanto, provoca la realización de este informe. “El Gobierno ha dado por supuesta la simplicidad de esta reforma [refiriéndose a la inclusión de los nombres de las Comunidades en el texto] y su falta de implicación problemática alguna, presentándola como una modificación cuya conveniencia era evidente por sí misma […] El análisis riguroso hecho por el Consejo no permite considerar esta eventual modificación en términos tan aparentemente inocuos”, escribe Aznar.
El expresidente del Gobierno cree que la inclusión de las Autonomías en el texto no es conveniente y, además, no le encuentra cabida en ninguna de las opciones que propone el Consejo. “Debo expresar mi desacuerdo con la idea de modificar el artículo 2 de la Constitución para incorporar la mención las Comunidades Autónomas”. Alega Aznar que “ninguno de los argumentos aducidos tiene la fuerza suficiente para agravar esta reforma con una modificación del Título Preliminar”. Recuerda, además, que aquel artículo fue especialmente complicado de trabar en 1978 y que “en buena medida representa los términos del pacto constitucional”.
“No considero que la ausencia de una referencia a las Comunidades Autónomas como resultante del ejercicio del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones constituya una deficiencia a reparar”, expresa un poco más adelante el predecesor de Rajoy en la Moncloa.
También disiente en una recomendación del Consejo que dice que hay que replantear la vigencia de las provincias en un Estado que ya tiene municipios y Comunidades Autónomas. “Creo errónea la conclusión”, dice el expresidente.
Aznar apunta, además, dos consideraciones sobre las reformas estatutarias que ya en ese momento se estaban poniendo en marcha. Por un lado cree conveniente que, como ocurre con la carta magna, la aprobación de los textos principales de la autonomía gocen de un apoyo de dos tercios de las cámaras autonómicas. Por otro ve necesario que se reinstaure el recurso previo de inconstitucionalidad para proyectos de Estatutos de Autonomía. Esto último no tendrá que volver a pedirlo, pues el Congreso ha reinstaurado recientemente esa misma figura legal gracias a los votos del PP y el PSOE (queda la aprobación del Senado y deberá volver al Congreso).
También plantea derogar el artículo 150.2 que establece, de una manera general, las competencias que tendrán el Estado y las Comunidades. Aznar considera que ese artículo “carece de sentido porque tiene por efecto desconstitucionalizar parcialmente el modelo de Estado o estimular la dinámica de reivindicación desde las Comunidades Autónomas sobre competencias estatales”. A este respecto habla más Aznar en sus conclusiones que todo el informe anterior junto.
Reforma del Senado
Como en el apartado anterior, el primer párrafo Aznar lo dedica a criticar al Gobierno de la época. “El Gobierno de la Nación renunció a su función constitucional de ejercer la facultad de dirección política (art. 97 CE) encomendando al Consejo una tarea en que el rigor técnico en modo alguno puede suplir la existencia de diversas opiniones políticas, todas ellas en principio merecedoras de alta estima”, relata Aznar.
Opina el expresidente que “el debate sobre la reforma del Senado es un debate esencialmente político, donde los elementos técnicos solo tienen reservado un papel instrumental. Y, en tanto no se clarifiquen los objetivos políticos de la reforma, las opciones técnicas son simples hipótesis imposibles de contrastar y, por supuesto susceptibles de críticas basadas en otras opciones igualmente hipotéticas”.
Cree que esta indefinición política del Ejecutivo de Zapatero lleva al consejo a un informe que contiene “sugerencias muy distintas –y muy desiguales-, proponiendo alternativas que afectan prácticamente a todos los extremos de la composición, las funciones o la posición del Senado en nuestro sistema constitucional”.
Aznar cree que las elecciones del Senado deben ir aparejadas a las del Congreso y no a las autonómicas, como se apuntaba en el informe
Una de las propuestas que hace el Consejo de Estado sobre el Senado es desligar su elección a las elecciones generales y unirla a las autonómicas, al considerar que si es una cámara de representación territorial debe ser escogida al unísono con las propias autonomías. “Cualquier observador de la realidad pública española puede constatar que las elecciones autonómicas marcan el momento de ‘predominio de los intereses particulares’, que se harán presentes en la Asambleas allí elegidas. Mientras que las generales subrayan las opciones para ‘el proyecto global’, que habrán de instrumentar las Cortes Generales, de las que forma parte el Senado. La diferencia entre ambos momentos se refleja no solo en los temas de debate, en los proyectos planteados a los ciudadanos, sino incluso en la configuración misma del cuerpo electoral”, cuenta Aznar que dice no ver “prudente modificar los elementos de cohesión nacional implícitos en el actual sistema de elección.
Señala Aznar que esa modificación privaría al Presidente de una potestad “tan importante como la de proponer la disolución… del Senado o de las Cortes Generales, un arma generalmente considerada como esencial para el equilibrio de poderes propio del sistema parlamentario que el Presidente puede ejercer bajo su exclusiva responsabilidad”.
En su reflexión final Aznar reitera que “la voluntad de seguir aportando elementos de discusión acerca de todos aspectos ha contribuido a la decisión de presentar el voto particular”, un extremo que no pareció recordar Rajoy cuando aseveró en Marivent que no existía disensión alguna en el seno del Consejo de Estado en cuanto al informe de 2006. Algo falso, pues su propio compañero de partido, la persona que le designó como candidato del PP, no estuvo en la misma onda que el resto de compañeros del órgano consultivo.
