El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un informe con un total de 40 medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para hacer frente a la corrupción entre las que incluye la prohibición del uso de las tarjetas de crédito con cargo a los ministerios para pagar los gastos de representación y evitar así "ningún género de duda" sobre el uso de estos fondos. Los gastos de representación serán exclusivamente para los usos que fije la ley, de manera que los gastos reembolsables serán siempre con presentación de los justificantes.
En la línea con una norma de ámbito internacional para luchar contra el blanqueo de capitales, se ampliará el número de altos cargos sometidos al control reforzado de sus actuaciones económicas, de manera que si hay un "movimiento llamativo" en una cuenta de las personas con responsabilidad pública será comunicado a la correspondiente oficina de blanqueo.
Así, se regulará la figura del responsable económico y financiero de los partidos, que tendrán que comparecer anualmente en el Parlamento, y también se establecerá la obligatoriedad de todos ellos de enviar sus cuentas al Tribunal de Cuentas, reciban o no subvenciones.
Además, se retendrán las subvenciones a los partidos que no presenten sus cuentas al Tribunal de Cuentas y se da rango legal a la obligación de las fuerzas políticas de cumplir los mismos requisitos que cualquier particular a la hora de recibir subvenciones, como estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Toda la normativa que regula el ejercicio del cargo público, dispersa hasta la fecha, quedará unificada, y también se clarificarán los casos de conflictos de intereses.
Según la vicepresidenta, el Gobierno espera consensuar las medidas con el resto de los grupos parlamentarios. El informe incluye unas 40 propuestas para un refuerzo del control de la actividad económica y financiera de los partidos, entre las que se propone la inscripción obligatoria en el registro de partidos de las fundaciones vinculadas a ellos; el refuerzo del Tribunal de Cuentas para dotarle de una mayor capacidad para fiscalizar; la clarificación del régimen de infracciones y sanciones, y el refuerzo en el cobro de las sanciones que se impongan.
