Corinna Larsen ha demandado al rey Juan Carlos I en un tribunal inglés por "vigilancia ilegal" desde 2012 hasta el momento en el que se presentó la denuncia, en diciembre de 2020, según informa el diario Financial Times en su edición de este martes.
La exprincesa incluye también en la demanda a los servicios secretos españoles. La que fuera amiga íntima del anterior jefe del Estado apunta a amenazas y difamación dentro de un plan de "vigilancia ilegal encubierta y abierta" por parte de agentes enviados supuestamente por Juan Carlos I y el CNI. Por ello, reclama una indemnización así como una orden de alejamiento de 150 metros de sus residencias.
El padre de Felipe VI ha negado "irregularidades" en este caso, según el citado diario, si bien su equipo legal no ha presentado aún alegaciones a la demanda y quiere centrar la batalla legal en el aspecto de la jurisdicción ya que el Emérito ha sido jefe de Estado de un país diferente al Reino Unido.
En su demanda, Corinna afirma que él "quería asegurarse de que ella y sus hijos estuvieran satisfechos", pero que al mismo tiempo "estaba preocupado de que su familia le desafiara ante cualquier cosa que le dejara en su testamento después de su muerte".
Por ello, Juan Carlos I le reclamó posteriormente la devolución de la donación que le hizo desde la Fundación Lucum o que, en su defecto, "lo pusiera a su disposición para su uso", sugiriendo así un supuesto papel de testaferro. Sin embargo, ella se negó, por lo que el Emérito "la acusó falsamente de robar los fondos y la difamaron ante su familia y socios comerciales", entre ellos el rey Salman de Arabia Saudí y su príncipe heredero, Mohammed bin Salman.
Corinna pierde "decenas de millones"
A raíz de ello, Corinna sufrió una importante merma en sus ingresos como "consultora estratégica que trabaja con personas de alto patrimonio y con empresas líderes en todo el mundo". Esta supuesta pérdida de ingresos es lo que le lleva en la demanda a pedir una indemnización por daños y perjuicios. Si bien en la denuncia no se incluye ninguna cifra concreta, 'Financial Times' apunta que la exprincesa eleva dicha pérdida patrimonial a "decenas de millones de euros".
Corinna afirma que su relación sentimental con el Emérito concluyó en 2009 y que desde entonces, tanto el CNI de Félix Sanz Roldán como agentes enviados por el propio Juan Carlos I, le colocaron a ella y otras personas próximas "bajo vigilancia física", en la que incluye el uso de vehículos y personas de vigilancia, incursiones en las propiedades en las que residía y "el hackeo tanto de sus teléfonos como de sus ordenadores".
