El juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha remitido un escrito a la Asamblea de Madrid para que certifique la condición de aforada de Cristina Cifuentes. El documento, según publica el diario El Mundo, lleva el encabezamiento de 'prevaricación administrativa' y tiene que ver, según se informa, con la Acción Popular Marcha de la Dignidad 22-M, la plataforma se conformó a raíz de la movilización que se celebró el 22 de marzo de 2014 y que acabó con graves enfrentamientos de grupos radicales y efectivos policiales.
Por aquel entonces, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid ocupaba el cargo de Delegada del Gobierno en la capital y la confrontación de los radicales con los agentes se saldó con más de un centenar de heridos, 67 de ellos policías y 29 detenidos. La plataforma ha pedido aportaciones económicas a través de su página web para interponer esta querella criminal presentada el 13 de febrero de 2015. Concretamente, necesitaban recaudar 48.000 euros, ya que, según señalan en un escrito, "el juzgado con carácter previo a admitir la querella, nos exige 48.000 euros que debemos abonar como fianza". El motivo, "según el juzgado, -prosigue el escrito- a los intereses del conflicto, el número de querellantes y querellados y los delitos que se imputan a los querellados".
Un veintena de responsables
Sin embargo, la denuncia no solo apunta a Cifuentes, sino a todos los mandos policiales y políticos que participaron en el dispositivo de seguridad como Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Arsenio Fernández de Mesa, director general de la Guardia Civil; Florentino Villabona, comisario general de Seguridad Ciudadana; José Miguel Ruiz Igüizquiza, jefe del mando de las Unidades de Intervención Policial (UIP); Francisco Javier Virseda, ex jefe del mando de la UIP de Madrid y Francisco González, inspector jefe de las IUP, entre otros.
La cifra de denunciados culmina con un "y contra todos aquellos que resulten responsables de los delitos perseguidos a instancia de la querella en el curso de la investigación". En total, más de una veintena de responsables políticos de seguridad y mandos policiales.
La plataforma contó con numerosas organizaciones, colectivos sociales y organizaciones sindicales para interponer la querella
Además, la plataforma contó con numerosas organizaciones, colectivos sociales y organizaciones sindicales para interponer la querella. Los denunciantes les atribuyen "delitos de lesiones, amenazas, coacciones, contra la integridad moral, falsedad en documento público, prevaricación, delitos contra los derechos constitucionales y cívicos (Artículos 540 a 542 CP), así como todos aquellos otros delitos que resulten en el curso de la investigación", según precisa la plataforma en la cuestación que realiza a través de su página web.
En la denuncia les acusa de estar detrás de los disturbios que tuvieron lugar aquel día, ya que, aseguran que fueron policías infiltrados los que los ocasionaron después de recibir la instrucción de sus mandos. Es más, en el documento se precisa que la intervención policial no se dirigió contra los provocadores de los incidentes, si no contra los manifestantes.
