Los finiquitos y los contratos corresponden a la gerencia y a la asesoría jurídica. Así se administran las cuestiones de personal en la sede nacional del Partido Popular y constituye la justificación respecto a lo pasado en torno al “despido” en “diferido” o prorroteado con pagos a la Seguridad Social que disfrutó Bárcenas desde abril de 2010 a enero de este año. Y quien era en abril de 2010 gerente del partido respondía al nombre de Cristóbal Páez, imputado en la rama valenciana del caso Gürtel y al que los ojos también se volvieron tras la publicación de los papeles “apócrifos” de Luis Bárcenas en “El País”, aunque el PP atribuye dicha “filtración” a Jorge Trías Sagnier.
Pero lo cierto es que las relaciones entre Bárcenas y Páez no fueron demasiado fluidas en la planta sexta de Génova, o eso se decía por los pasillos de la sede y hasta se llegó a comentar en su momento que el ex tesorero puso como condición para su salida que también se prescindiera de los servicios de éste, cosa que se produjo en mayo de 2010. Tiempo hubo de pactar una solución imaginativa, pero las malas relaciones cuestionan que le hiciera el "favor" de seguirle pagando un sueldo cuando se supone que habían prescindido de sus servicios, aunque los medios consultados insisten en apuntar en esa dirección. Dos años después, en abril de 2012, vino la imputación de Páez, también por sus supuestos vínculos con la trama acorrupta de Francisco correa. El juez que instruía el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, le imputó por un presunto delito electoral en los comicios generales de 2008, por haber, presuntamente, “falseado las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables”.
Justo hace una semana, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, destacó que los servicios jurídicos del partido “entendieron en su día, al tratarse de un acuerdo entre partes, que el finiquito era válido. Hoy, seguramente, se hubiera visto distinto”, admitió. La gran cuestión que se suscita tras estas palabras es quién o quiénes, por parte del PP, llegaron a ese acuerdo con Bárcenas. No surge el nombre de Páez, pero sí han hablado a Vozpópuli de “gerencia”, de forma aséptica, sin querer citar el nombre de un gerente que acabó siendo también despedido del partido después de dejar el campo sembrado de malas relaciones personales y políticas. La actual tesorera del PP, Carmen Navarro, fue la sustituta de Páez.
Las condiciones del "finiquito" del ex tesorero pillaron por sorpresa a buena parte del organigrama popular
Los términos del acuerdo con el ex tesorero pillaron por sorpresa a muchos de los dirigentes que trabajan en el número 13 de la calle Génova, entre ellos, a buena parte de los que acuden los lunes al comité de dirección que preside al secretaria general, María Dolores de Cospedal. Precisamente, desde la sede nacional, destacan que ésta no hubiera aceptado bajo ningún concepto un acuerdo de esas características con una persona de la que intentó prescindir en cuanto se vio salpicado por la Gürtel. Cuesta creer, sin embargo, que Páez actuara por su cuenta y riesgo salvo que el “cortijo” que había creado Bárcenas en la quinta planta le permitiera incluso diseñarse un despido a la medida que resulta que no lo era o, al menos, que no tenía apariencia de tal.
“Nos quedamos más que sorprendidos. No lo sabíamos”, afirma un alto dirigente “genovés” en nombre suyo y de sus compañeros, al menos de algunos. De algo parece más seguro: Bárcenas “no va a poder demostrar en Magistratura que ha trabajado estos dos últimos años como asesor –como él mismo ha asegurado-- porque no existe contrato que avale eso", pero, en cambio, sí va a poder demostrar que mes tras mes recibía pagos de Génova con Seguridad Social incluida. El pasado lunes, tras la reunión del comité de dirección del partido, Cospedal se metió en un jardín sobre el despido “en diferido” o con “simulación” de retribución, pero antes había dicho otra cosa, según se acordó en esa reunión trasladar a la opinión pública: “Hay que dejar bien claro que, como es sabido, el anterior tesorero dejó de serlo y de tener ningún tipo de relación laboral y prestar servicios en abril de 2010. Se pactó una indemnización que se satisfizo en diciembre de 2012. En ese tiempo, no ha realizado ni trabajo ni prestación alguna”, aunque cabe recordar que su baja en la Seguridad Social no se produjo hasta el 31 de enero, cuando “El País” publicó las anotaciones contables.
