!El PSOE ya no existe, es solo un aparato de poder al servicio de Pedro Sánchez". Este es el lamento escuchado esta semana a muchos socialistas críticos con el modelo “presidencialista” impuesto por su líder, tras comprobar que el partido ha aceptado, sin debate en la Comisión Ejecutiva o el Comité Federal, que el castellano no sea “lengua vehicular” en los colegios de Cataluña, facilitando así el modelo de inmersión lingüística en catalán.
Estos sectores del socialismo, de origen dispar, no entran en el fondo de la cuestión: si hay que enmendar o no la llamada Ley Wert (2012) para evitar la “españolización” de los niños catalanes como pretendía el que fue ministro de Educación del PP; simplemente creen que semejante decisión “nunca” puede ser fruto de una cesión a Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) a cambio de que apoye los Presupuestos Generales del Estado 2021.
Ni siquiera consuela a estos socialistas de la vieja guardia cercanos a Felipe González, incluso los pertenecientes a períodos posteriores, que el asunto vaya a ser visto en última instancia por el Tribunal Constitucional (TC). Éste acabará “arreglando” la cuestión dentro de unos años, admiten, porque el PP o Vox, o los dos, recurrirán la Ley Orgánica de modificación de la LOE del PP (LOMLOE), ahora mismo en trámite parlamentario; pero la cuestión no es esa, insisten estas fuentes, sino que cesiones así “dinamitan” lo que fue el PSOE desde el inicio de la Transición y lo acercan al “plurinacionalismo” de Pablo Iglesias y Podemos.
No se niegan a modificar la ˋLey Wert´ para evitar adoctrinamiento, pero avisan: “la Generalitat lleva 30 años interpretando que el catalán es la única lengua vehicular y eso tampoco es de recibo”
Creen que fiarlo todo al TC no es solución. Primero, porque ya se vio con ocasión del famoso cepillado del Estatuto de Autonomía en la sentencia de 2012 que los independentistas no aceptan la legalidad del alto tribunal. Y, en segundo lugar, porque estamos hablando del derecho fundamental a la educación de los escolares catalanes, los cuales, según la Carta Magna tienen “el derecho y el deber” de conocer la lengua del Estado en paridad con el catalán.
“Este es el país al que nos ha conducido la incapacidad para forjar acuerdos entre partidos nacionales”, lamenta en conversación con Vozpópuli un importante presidente regional, partidario en su día de que Sánchez explorase su investidura como presidente de la mano de Ciudadanos y con la abstención del PP para evitar el denominado Gobierno Frankenstein con Podemos y los independentistas.
Es cierto, reconoce un ex alto cargo de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, que, como argumentó la ponente socialista en la LOMLOE, la diputada Mari Luz Seijo, la Constitución de 1978 no obliga a que el castellano tenga que ser “lengua vehicular” en la enseñanza -ese añadido se incluyó en la Ley Wert y por eso se elimina ahora-. “El problema es que la Generalitat lleva 30 años interpretando que el catalán es la única lengua vehicular, y eso tampoco es de recibo”, añade esta fuente, quien pone en solfa las medidas “garantistas” con la que Seijo justificó en el debate parlamentario el apoyo socialista a la enmienda.
Iceta no tuvo nada que ver; La decisión, ‘cocinada’ entre Moncloa, Lastra y Rufián, ha cogido a contrapié a un PSC en plena denuncia del independentismo por interpretar la ‘inmersión’ como un veto al castellano
Los críticos resaltan, para probar que la enmienda ni era necesaria ni oportuna en este momento de debate presupuestario, el hecho de que ni siquiera ha sido iniciativa del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, según reconoce él mismo a Vozpopuli. El asunto lo han llevado directamente la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y vicesecretaria del partido, Adriana Lastra, con el portavoz republicano, Gabriel Rufián, y la ministra de Educación, Isabel Celáa.
Según Iceta, la enmienda a la LOMLOE no aporta nada porque “el día a día de los colegios ni cambió con la Ley Wert ni va a cambiar ahora”. Entiende el revuelo causado fuera de Cataluña, pero asegura que “ninguno” de los barones del partido se ha dirigido a él para pedirle explicaciones, entre otras razones, porque la iniciativa no ha sido del PSC. Y lanza una pregunta a quienes acusan al líder socialista de usar este asunto para reforzar su situación: “¿Qué quieren, que el secretario general del PSOE deje de serlo?”.
Lo cierto es que los socialistas catalanes llevaban meses denunciando que la Generalitat, en manos del independentismo, usa la inmersión en catalán en las escuelas como un “veto” en la práctica al castellano y ahora su viceprimer secretaria, Eva Granados, ha tenido que salir a apagar el incendio que les ha montado Ferraz pactando con ERC a tres meses de las elecciones del 14 de febrero.
Se garantiza el cumplimiento de la Constitución y el Estatut d'Autonomia. La inmersión lingüística la flexibilizaremos cuando @socialistes_cat gobernemos Generalitat que tiene la competencia.
El PP ha gobernado con mayoría absoluta y no tocó ni una coma https://t.co/y0EnfbXsdB— Eva Granados Galiano ? (@Eva_Granados) November 3, 2020
Nadie duda, ni en el socialismo catalán ni en muchas de las federaciones del PSOE, que lo acontecido con la LOMLOE es un regalo a los republicanos para que apoyen los presupuestos. Se cuestiona en los ámbitos críticos el “cortoplacismo” de la dirección federal y la ausencia de principios. Y en algunos ámbitos crece la crítica, también, a unos barones que en otro tiempo dieron la batalla orgánica a Pedro Sánchez y ahora se han recluido en sus federaciones y no rechistan.
Particularmente llamativo es el caso de la todavía secretaria general de Andalucía, Susana Díaz, que fuera gran rival del hoy líder socialista en las primarias de 2017, y hoy intenta sobrevivir en silencio a las maniobras de Ferraz y los sectores más Sanchistas del PSOE-A para defenestrarla en el próximo congreso regional a celebrar en 2021.
No es el caso de los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o Aragón, Javier Lambán, que no han dudado en criticar ciertas decisiones y silencios de Sánchez en asuntos como los ataques de Podemos a la Monarquía; o del extremeño Guillermo Fernández Vara, que la semana pasada marcaba distancias con el Gobierno por su rechazo a los confinamientos perimetrales de las autonomías que defiende el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Un exdirigente de la época de Zapatero, muy crítico con la deriva del PSOE tras la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General lo resume así: “¿Y qué van a hacer los barones?... salvar sus gobiernos y poco más. Pedro comprendió pronto que no iban a respetarle, así que decidió que le temieran”.
