Son varias las polémicas que rodean al Ministerio de Educación y Formación Profesional desde que Isabel Celaá se puso al frente. La última: la enmienda acordada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC que elimina el castellano como lengua vehicular en la Lomloe (Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica de Educación).
La medida, impulsada por ERC, pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas determinen cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque la educación en castellano, defienden los partidos, estaría garantizada.
Según apuntan, los objetivos son blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y que la medida tenga encaje constitucional.
Este pasado jueves los grupos parlamentarios que forman la Comisión de Educación del Congreso han votado la citada propuesta con la abstención del PNV y los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos y UPN. Además, estos tres primeros partidos ya han advertido que de salir adelante la enmienda -tras debatirse en la Comisión de Educación debe pasar por el Congreso y el Senado para su aprobación definitiva-, acudirán al Tribunal Constitucional.
Ante la polémica suscitada, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha negado que el acuerdo entre el Gobierno y los republicanos tenga que ver con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha asegurado que su departamento "no depende de nadie".
Otras polémicas de Celaá al frente de Educación
Este pacto se suma a la lista de medidas impulsadas desde el Ministerio de Educación que han generado controversia. Otra de ellas es la relativa a la educación especial.
La conocida como 'ley Celaá' recoge que "las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna". Para la 'Plataforma Inclusiva Sí, Especial También', su "ambigua redacción" abre la puerta a que las comunidades autónomas vacíen los centros de Educación Especial de alumnos para, progresivamente (en un plazo de una década), "transformarlos en centros de recursos, sin apenas alumnado".
Paso de curso sin límite de suspensos
Además, recientemente Celaá ha levantado polvareda entre la comunidad educativa al impulsar por la puerta de atrás el paso de curso sin límite de suspensos, valorando la evaluación global del estudiante y no el número de materias suspensas.
En la actualidad, la Ley de Educación establece que los alumnos tienen que repetir curso si suspenden tres o más asignaturas o si las materias con calificación negativa fuesen Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura de forma simultánea.
