Juntos pero no revueltos. La última operación contra el terrorismo yihadista, que se ha saldado con seis detenidos en Melilla acusados de reclutar extremistas para enviarlos a zonas de conflicto, ha provocado el enésimo roce entre Policía y Guardia Civil. El motivo: la decisión del Ministerio del Interior de 'forzar' a ambos cuerpos a unificar las operaciones independientes que llevaban cada uno sobre la misma 'célula'. Al final, el departamento de Jorge Fernández Díaz ha presentado los arrestos como un nuevo éxito de la cooperación, pero fuentes conocedoras del desarrollo de la 'Operación Javer' destacan a este diario que las tensiones se van a traducir muy posiblemente en que, en lugar de unas diligencias unificadas, cada cuerpo presente las suyas al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu, que es el que dirige la investigación.
Interior ha hecho coincidir los arrestos de los yihadistas con una conferencia de Interpol en Granada que abordaba, precisamente, la figura de los "combatientes terroristas transnacionales"
Las tensiones entre policías y guardias civiles no son nuevas, ni siquiera en la lucha antiterrorista, pero el nuevo incidente se produce en un momento en el que las relaciones entre ambos Cuerpos policiales pasan por su momento más crítico de los últimos años por la supuesta intromisión del Instituto armado en las competencias de la Policía, según denuncian altos cargos de ésta. Siempre según fuentes conocedoras de la trastienda de esta operación contra el yihadismo, ambas fuerzas de seguridad investigaban por separado desde hace meses a algunos de los 'objetivos' ahora arrestados, En estos casos, recuerdan estas mismas fuentes, los mecanismos de coordinación de Interior deciden qué cuerpo culmina la misma, que debe ser el que tiene más avanzadas las pesquisas. Sin embargo, en este caso no fue así y el equipo de Fernández Díaz insistió en la necesidad de que ambos actuasen juntos y así se le transmitió al juez Andreu. Éste dio su visto bueno a la idea.
Fuentes policiales muestran su convencimiento de que en esta decisión del ministro influyó el hecho de que precisamente estos días se celebraba en Granada una conferencia de Interpol sobre "combatientes terroristas transnacionales", la figura delictiva que representan algunos de los seis detenidos este viernes en Melilla. De hecho, el 'número 2' de Interior, Francisco Martínez, aprovechó ayer su discurso de clausura de las jornadas para destacar estos arrestos y sacar pecho ante 130 expertos policiales de 33 países. Fuentes policiales reconocían a este diario que la 'Operación Javer' estaba ya "madura" desde hace tiempo y que, por tanto, no se ha precipitado, "aunque sí se le ha hecho coincidir en el tiempo con la conferencia, ya que se podía haber hecho la semana pasada o la que viene", añaden.
Dos helicópteros sobre la Cañada de Hidum
La operación se puso en marcha en la madrugada de este viernes con la media docena de arrestos conocidos y ocho registros, pero también con 'detalles' que dejaban entrever el intento de Interior de mostrar a la opinión pública la supuesta coordinación de Policía y Guardia Civil en el operativo. Así, durante el despliegue se utilizaron dos helicópteros, uno de cada Cuerpo, que sobrevolaron el barrio melillense de la Cañada de Hidum, donde se realizaron las detenciones. Sin embargo, otros elementos menos visibles de la operación dejaban traslucir la tensión entre los agentes de ambas instituciones. Así, cada Cuerpo policial hizo sus arrestos sin que los integrantes del otro cuerpo intervinieran, como se observa en las imágenes distribuidas a la prensa. Unas fotografías que también han terminado provocando malestar ya que las primeras que llegaron a la prensa sólo mostraban a agentes del Instituto armado. La Policía considera que este hecho ha 'ninguneado' su papel en un dispositivo en el que, insisten desde este cuerpo, "nosotros hemos llevado el peso ya que teníamos más avanzadas la investigación".
Las primeras imágenes de las detenciones que llegaron a la prensa provocaron un enorme malestar en la Policía ya que sólo se veía a guardias civiles
Estos roces se trasladarán muy posiblemente al sumario, según las fuentes consultadas. Y ello a pesar de que en un primer momento los asesores del ministro del Interior han intentado que los agentes de ambos cuerpos elaboren un único informe de los arrestos para presentar en la Audiencia Nacional. Al cierre de estas líneas, la Policía había rechazado dicha propuesta e insistía en que cada cuerpo hiciera sus propias diligencias. De este modo, cuando en los próximos días los seis presuntos yihadistas sean trasladados a la Audiencia Nacional para que el magistrado les tome declaración y decida si finalmente ingresan en prisión, el instructor se encontrará previsiblemente sobre su mesa sendos documentos de la Policía y la Guardia Civil referidos cada uno a los detenidos que hicieron respectivamente.
"Hartazgo" policial
Estos roces se han convertido en algo habitual entre ambos cuerpos durante el Gobierno del PP. El último tuvo como escenario un reciente acto protocolario celebrado en Madrid con motivo del Día de la Seguridad Privada. La decisión del Ministerio del Interior de dar un importante protagonismo a los representantes del Instituto armado en el mismo provocó la airada reacción de los representantes sindicales de los policías, que interpretaron la decisión del Ministerio como una prueba más de que el gobierno del PP restringía "lenta e inexorablemente" su ámbito competencial. En una carta que las cuatro organizaciones representativas han enviado al propio Fernández Díaz, no sólo criticaron duramente el desarrollo del evento, sino que también le anunciaban que habían pedido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, un encuentro para transmitirle “nuestro hartazgo e incomprensión por el maltrato que desde su Ministerio efectúa”.
El primer hito de este ambiente de enfrentamiento durante el Gobierno de Mariano Rajoy se había producido mucho antes. En concreto, en septiembre de 2012. El entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, firmó en esa fecha una instrucción interna por la cual autorizaba a los agentes de la Guardia Civil a mantener contactos directos con la Oficina Europea de Policía (Europol), un organismo de colaboración policial con sede en La Haya (Holanda) al que, hasta entonces, sólo había tenido acceso el Cuerpo Nacional de Policía. Aquella decisión provocó un fuerte malestar en los agentes de esta última institución, sobre todo porque Ulloa incluyó en la instrucción una seria advertencia a este cuerpo si no acataba su decisión o la retrasaba sin motivos justificado. Los sindicatos policiales anunciaron la presentación de denuncias en los juzgados para obligar a Interior a dar marcha atrás, pero año y medio después la Guardia Civil no sólo mantiene un enlace en Europol sino que ha aumentado el número de sus representantes en este organismo europeo.
La bomba del consulado
Meses después, en febrero de 2013, agentes de ambos cuerpos tuvieron un agrio enfrentamiento sobre a quién le correspondía actuar ante un paquete sospechoso hallado en la sede del Consulado de Francia en Madrid. El suceso se produjo cuando los guardias civiles que se encargaban de la seguridad del edificio impidieron a los técnicos en desactivación de explosivos (Tedax) de la Policía acceder al edificio alegando que la competencia del caso correspondía al Instituto armado. La bronca subió de tono cuando, tras recoger finalmente el paquete sospechoso los agentes de la Policía, un oficial de la Guardia Civil les obligó a entregárselo. Finalmente, fue la Benemérita quien se encargó de analizar el objeto que resultó finalmente inofensivo. El incidente obligó aquel día a intervenir a altos cargos de Interior para calmar los ánimos y poner orden. Ambos cuerpos remitieron sendos escritos al titular del departamento pidiéndole que fuera él quien determinase a qué Cuerpo le correspondía actuar en este tipo de casos.
Hace sólo unos días, un acto protocolario disparó la tensión ante ambos cuerpos y provocó que los sindicatos de Policía enviasen al ministro una dura carta de protesta
En diciembre del año pasado volvieron a sonar los tambores de guerra. La firma de un acuerdo de cooperación entre la Guardia Civil y un cuerpo policial de Colombia provocó un enorme enfado en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, donde se consideraba que con este convenio se invadía de nuevo un ámbito de su competencia. En este caso, las relaciones internacionales con las fuerzas de seguridad de otros países. El malestar fue aún mayor porque no se tuvo noticia del mismo hasta que el Ministerio colgó en su página web una nota para informar a la prensa. Desde diferentes ámbitos de la Policía se calificó entonces este episodio como el ejemplo más claro de la supuesta política del Jorge Fernández Díaz por favorecer al instituto armado.
Incluso el crimen de los niños de Córdoba provocó roces entre ambos cuerpos. Entonces, una asociación de guardias civiles lanzó un comunicado en el que vertía duras críticas contra el CNP por el error en la identificación de los huesos hallados durante la investigación. El escrito provocó una lluvia de comunicados de las organizaciones sindicales de la Policía en las que éstas aireaban los fallos que anteriormente habían tenido como protagonistas a guardias civiles. En uno de estos comunicados, se llegaba a afirmar que la crítica por el caso de los niños de Córdoba escondía, de hecho, "un desesperado intento [de la Guardia Civil] de dejar sin efecto por la vía de los hechos la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de paso invadir, con cierto aire de legitimidad, competencias que la Ley atribuye en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía". Esa guerra continúa, incluso en una exitosa operación contra el terrorismo yihadista.
