El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido que se ejecute el dictamen del Tribunal Supremo y que el expresidente catalán Artur Mas esté inhabilitado hasta el 23 de febrero de 2020 para cumplir la condena por desobediencia por organizar el 9N, y le ha requerido que pague la multa de 36.000 euros que se le impuso.
En un auto de ejecución de la condena, la sala civil y penal del alto tribunal catalán establece que las penas de inhabilitación para cargo público impuestas a Mas y a las exconselleras Joana Ortega -nueve meses- e Irene Rigau -seis meses- empiecen a contar desde el pasado 23 de enero, cuando se dictó la sentencia firme del Tribunal Supremo.
