La Oficina Antifraude de Cataluña recibió una denuncia de la CUP alertando de la trama de subvenciones en la Diputación de Barcelona desarticulada este jueves en el marco de la Operación Estela. Esa comunicación, sumada a otras denuncias anónimas, dio como consecuencia la investigación, que se ha saldado con el arresto de 30 personas y numerosos registros, según informa la Policía Nacional.
Lo que destapaban estas denuncias era un presunto fraude de las subvenciones a la Diputación. Ese dinero, destinado a prestar asistencia técnica a países en vías de desarrollo no llegaba a sus beneficiarios. Varios colectivos denunciaron la forma de proceder, la asignación y la justificación de las subvenciones en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona.
En concreto, tanto la CUP como el sindicato CGT alertaban de irregularidades en pro de favorecer a empresas catalanas privadas a través de dinero público. Entre las subvenciones irregulares destacan las recibidas por las entidades sin ánimo de lucro CATmon e IGMAN domiciliadas en la calle Fonollar, número 14, de Barcelona.
Reacción del PDeCAT
La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha defendido este jueves la honorabilidad de los detenidos. Ha asegurado que son "buena gente, honesta, comprometida y con un corazón inmenso", y ha asegurado que la operación se ha hecho para tapar los problemas del PP con la corrupción y disimular la "vergüenza del caso Gürtel".
Sólo estas dos entidades han recibido en el periodo investigado, los años 2011-2015, más de 10 millones de euros procedentes de diversos organismos públicos catalanes, entre ellos de la propia Diputación, por lo que se sospecha que el fraude sería mucho más elevado. Según la Policía, la investigación ha permitido comprobar que la mayoría de los proyectos para la cooperación al desarrollo, a los cuales estaba destinado el dinero de las subvenciones, no se llevaron a efecto.
Los investigadores hablan de empresas creadas expresamente para el cobro de las subvenciones, informes finales copiados literalmente de Internet, facturas falsas, actividades presupuestadas y no realizadas, entre las irregularidades detectadas.
Empresas clave
Los análisis realizados por los investigadores de la Policía Nacional revelan que el dinero de las subvenciones transitaba, presuntamente, de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN, CAtmon y la sociedad mercantil DISCATIMAT S.L, para finalmente ser reintegrado en efectivo o destinado a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o para terminar en cuentas personales de los investigados. Las fuentes de la investigación consultadas añaden que, al menos en parte, ese dinero sirvió para sufragar actividades del procés.
En el dispositivo se ha procedido a la detención del exsubdirector General de Cooperación Local de la Generalitat, Jordi Castells, quien dimitió después de que la prensa publicase que repartió más de un millón de euros de la cooperación al desarrollo de forma irregular entre empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro. Entre los 30 detenidos también se encuentra el expresidente de la Diputación Salvador Esteve; el actual alcalde de Tordera y Diputado Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información de la Diputación, Joan Carles García, al exsecretario Secretario de Relaciones Internacionales de CDC, Víctor Terradellas. Este era socio del parlamentario de JxC Francesc Dalmases, investigado en la causa.
También han sido arrestados responsables de PIMEC (Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya), así como otros directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas. A los detenidos se les imputa la presunta comisión de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.
