El abogado valenciano Curro Nicolau está dispuesto a llegar hasta el final en su lucha en los tribunales por la gestión de la DANA. El letrado, que tumbó las restricciones del gobierno autonómico de Ximo Puig en pandemia, actúa ahora contra el ejecutivo valenciano y Moncloa para "que se sepa la verdad" sobre la gestión política de la catástrofe.

El también empresario ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana abra causa por la gestión de Carlos Mazón, a quien le ha pedido los expedientes de la actuación de la Generalitat. Del mismo modo, ha llevado ante el Tribunal Supremo la "inacción" de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska. En las últimas horas acaba de ampliar esta denuncia y ha incluido a Teresa Ribera, a su 'número dos', y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

En una entrevista concedida a Vozpópuli, explica que no actúa con afán mediático. Su objetivo, dice, es hacer ver a los ciudadanos que tienen herramientas para defender sus derechos fundamentales. En el caso de la DANA considera que se puede hablar de una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo central y el de Mazón. Asegura sentirse especialmente afectado por la catástrofe porque, como valenciano, acudió a la zona de las riadas días después del 29 de octubre y se encontró con "una situación de calamidad esperpéntica".

Pregunta: Tras la tragedia de la DANA ha interpuesto recursos ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y ante el TSJ valenciano contra Carlos Mazón ¿Por qué?

Respuesta: Como ciudadano sufrí en mis propias carnes las consecuencias de la catástrofe. Soy valenciano y, si bien no resido en España, estos días estaba en mi ciudad natal y comprobé cómo no había ningún aviso de lo que venía y, en las horas posteriores, tampoco vi ningún tipo de actuación tendente a mitigar los efectos de la catástrofe.

Causa bastante estrago el ver cómo las administraciones públicas no intervienen, por eso decidí interponer mi recurso frente a la Administración del Estado y la comunidad autónoma. Creo que todos ellos tenían competencias concurrentes y solidarias en la prevención y en la gestión posterior de la catástrofe.

P: Sin embargo, ha declinado interponer querella, a diferencia de otras asociaciones. ¿Cree que no se pueden dirimir responsabilidades penales a los diferentes gobiernos de lo ocurrido?

R: En una acción penal hay que demostrar el dolo, la mala fe, y es difícil entender que actuaron con la voluntad de agravar la situación y de querer que fallecieran más personas. Sí que es cierto que puede darse una negligencia en la intervención administrativa, pero es difícil ver que era una única persona la que tenía que tomar las decisiones. Creo que hay una competencia concurrente y, por lo tanto, debería quedar en manos de varias personas y todas actuaron de manera descoordinada.

Hay que ver los documentos para poder tener más datos y valorarlo si en vía penal pudiera tener más sentido. Yo, como especialista en derecho administrativo, considero que sí que ha habido una intervención administrativa que es susceptible de recurso y una inactividad que se puede recurrir en esta vía y así he procedido.

P: Asistimos a una guerra política y mediática por las responsabilidades de la gestión de la DANA. ¿Discierne usted la actuación del Gobierno de Mazón de la del Gobierno de Sánchez? ¿Cree que son responsables por igual?

R: No quiero valorar los temas políticos. Yo creo que son competencias concurrentes y todos tienen algo que ver en la gestión previa y posterior de la catástrofe y, por lo tanto, son competencias solidarias. Para saber si uno tiene más que otra habría que ver los expedientes administrativos, pero yo no voy a hacer ninguna valoración política.  

P: En el caso de la demanda interpuesta ante el Tribunal Supremo, incluye usted también al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ¿Qué responsabilidad le atribuye?

R: La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil atribuye la competencia al ministro del Interior para ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas, como era el caso. No lo hizo y consideró que no tenía esta obligación. Al igual que ordenar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos del Estado, que tampoco estuvieron presentes en gran medida durante las horas posteriores a la tragedia. Con lo cual creo que este ministro es muy responsable también en su no intervención o inactividad.

El presidente del Gobierno está obligado a intervenir ante una emergencia nacional y esto no significa que se invadan competencias autonómicas

P: En su denuncia inicial dice que Moncloa tenía que haber declarado el estado de alarma porque se restringieron derechos fundamentales como el de circulación. ¿No considera que era suficiente con las medidas que se tomaron?

R: El Gobierno tenía la obligación de convocar un Consejo de Ministros extraordinario y declarar el estado de alarma. Se trató de una emergencia nacional y así se determinó en el último decreto legislativo. Es una situación que se ha producido en determinadas comunidades autónomas, ha habido fallecidos en Castilla-La Mancha también, con lo cual era de ámbito extraterritorial más allá de la Comunidad Valenciana. Ha habido infraestructuras como servicios ferroviarios que han estado varias semanas interrumpidos. Es evidente el ámbito nacional de la tragedia y considero que se debería haber actuado desde el Gobierno central coordinando las diferentes comunidades públicas concurrentes.

P: En su denuncia recoge doctrina del Tribunal Constitucional sobre la competencia estatal en caso de catástrofes. ¿Estaba obligado a actuar el presidente del Gobierno o quedaba limitado a la solicitud de auxilio por parte de la comunidad?

R: El presidente del Gobierno está obligado a intervenir ante una emergencia nacional y esto no significa que se invadan competencias autonómicas. Considero que hay una obligación de actuar, así que para nada hay una invasión de competencias administrativas.

Lo que encontré en Sedaví fue dramático. Era realmente un escenario digno de cualquier país fuera de la Unión Europea. Una situación de calamidad esperpéntica

P: En ambas demandas relata que pudo ver en persona los estragos de la catástrofe. ¿Qué se encontró allí?

R: Lo que encontré en Sedaví fue dramático. Vi que la gente se estaba organizando sin ningún tipo de medio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni del Ejército. Iban con tractores y medios rudimentarios. La gente estaba quitando amasijos de las calles, vehículos… era todo el apocalipsis y había fallecidos dentro de los coches y los garajes.

Fueron días donde la situación fue caótica. No había luz, no había agua, no había teléfono y no había víveres, la gente saqueaba las tiendas, había inseguridad… era realmente un escenario digno de cualquier país fuera de la Unión Europea. Una situación de calamidad esperpéntica.

P: Acaba de ampliar su denuncia en el Tribunal Supremo. ¿A quién incluye?

R: He ampliado la demanda incluyendo a Teresa Ribera, al secretario de Estado de Medio Ambiente (Hugo Morán) y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (Miguel Polo) porque creo que todos ellos tenían que haber intervenido de otra manera. Hubo seguro negligencia, descoordinación e inactividad.

P: En su recurso contra Mazón le reprocha que no solicitara el auxilio del Ejecutivo central. ¿Tiene consecuencias legales dicha conducta?

R: El Gobierno de Mazón debería haber solicitado la intervención más pronta de las Fuerzas Armadas, pero no tengo datos porque están en el expediente administrativo Habrá que esperar a ver si esta actuación se solicitó o no y eso se verá en los documentos solicitados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 

P: ¿Qué opinión le merece que la consejera de Interior desconociera hasta el 29-O que existe el sistema de alertas masivo?

R: Me sorprende mucho que la consejera no conociera el sistema. Creo que debería haberlo conocido y, sin lugar a dudas, como han hecho con este segunda DANA, se debería haber activado con anterioridad y haber avisado a la población de lo que estaba por venir.

Quiero que se conozca la verdad, que se ejerza la ley y que los gobernantes vean como hay límites. No todo vale en política

P: El TSJ valenciano ya ha admitido su recurso y ha pedido los expedientes a la Generalitat. ¿Qué espera de dicho procedimiento?

R: Con esta actuación vamos a poder ver los datos objetivos de cómo se ha actuado. Esto es lo primero, que se conozca la verdad. Y luego que se haga Justicia y que todos los españoles y valencianos puedan reclamar lo que estimen sobre sus daños. Que se juzguen a las personas que han hecho mal su trabajo y que han actuado de forma negligente. Tiene que conocerse la verdad para que los ciudadanos vean que se hace Justicia en este país porque hay separación de poderes.

P: No es la primera vez que se enfrenta al Gobierno valenciano. En la pandemia ganó la batalla judicial al confinamiento acordado por Ximo Puig. ¿Cree que se abusó de la restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos?

R: En relación con la pandemia interpuse varios recursos. Yo no estaba en contra de los criterios sanitarios de restricciones ni limitaciones. De hecho, yo mismo la sufrí; casi fallezco. Estuve 30 días en el hospital muy enfermo. Por tanto, no estaba en contra de las medidas, sino de un mal uso de los instrumentos que establece la Constitución.

Para mí no era un estado de alarma, era un estado de excepción y hay muchos matices en un sentido u otro. Se introdujeron muchas medidas que no estaban relacionadas con el ámbito sanitario y creo que fue un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo. Éste debe estar controlado por el Parlamento y, por el contrario, se creó una situación de inseguridad jurídica completa.

Con las comunidades autónomas pasó lo mismo. Hubo un fraude de ley y así se evidenció. El Tribunal Supremo demostró en mis sentencias que no se estaba realizando correctamente la delegación de competencias y que fueron nulos los decretos que recurrí. Estoy muy orgulloso de crear mucha jurisprudencia que sirvió al país y en muchos recursos posteriores.

P: También recurrió la ley de amnistía ante el TJUE. ¿Por qué?

R: Creo que la separación de poderes es muy importante y vi como el Ejecutivo, nuevamente, sobrepasaba los límites de la seguridad jurídica. Determinados aspectos de la ley no son viables con el derecho comunitario, sobre todo en relación con la malversación de fondos y los actos de terrorismo. Con lo cual hay aspectos de la ley con los que no estoy a favor porque pueden producir una alteración del Estado de derecho y de la separación de poderes al imponer a los jueces que la apliquen sin más.

P: Hay quien ve en estas acciones más ‘pose mediática’ que lucha contra las normas. ¿Qué le lleva a implicarse en estas batallas?

R: Yo siempre he dicho que no tengo afán mediático. No vivo del Derecho, no tengo despacho de abogados, no veo ningún lucro. Ess más, he gastado muchísimo dinero en todas estas actuaciones judiciales, así que no busco estrellato ni fama. Ha habido siempre un contenido jurídico en mis recursos y se ha demostrado que esto ha servido en los tribunales. Mis casos se estudian en universidades y como jurista quiero que se conozca la verdad, que se ejerza la ley, la separación de poderes y que los gobernantes vean como hay límites. No todo vale en política.

Más allá de lo que es la ética y la moral, que vean que los ciudadanos podemos ejercer nuestro derecho a la tutela judicial efectiva, al control jurisdiccional de los actos administrativos del Gobierno y que vean que el límite es siempre la ley. He querido que la gente sepa la verdad, se pueda ver representada en la Justicia y que se defiendan sus derechos fundamentales.

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