Un jurado popular ha declarado este martes culpables a B.N.N.A., la mujer acusada de encargar la muerte de su marido en Huércal-Overa (Almería), así como a D.V.G., el sicario que ejecutó el asesinato. Han considerado probado que la mujer le pagó 1.000 euros para que asesinara a su marido, así como que hubo un intercambio de llamadas y que la mujer avisó al sicario cuando la víctima estaba sola en un cortijo.
También han destacado que las cámaras de tráfico grabaron a D.V.G. cuando iba y volvía al cortijo de ‘Los Cabecicos’, dónde el esposo de B.N.N.A. recibió hasta 30 puñaladas el 13 de agosto de 2021, “dos de ellas por detrás”, con un cuchillo de unos 19 centímetros de largo y “mucha violencia”.
Para inculpar al hombre también se han referido a los restos biológicos que había en la caja de cambios de su coche, por el lado del copiloto, aunque no fuese sangre, tal y como se pudo ver durante la vista oral.
La mujer, sospechosa desde el principio
Sobre la acusada, el jurado cree que cuando en septiembre de ese año testificó ante la Guardia Civil es porque “se vio acorralada porque la investigación se centraba en su entorno”, y no ven probado que presente una alteración psicopatológica más allá de su “inteligencia límite, condicionada a su nivel sociocultural”.
Por ello, creen que no tenía afectadas sus facultades y aseguran que su actuación no fue impulsiva, porque requería de “elaboración mental y previa”.
El jurado ha descartado que el pago de los mil euros fuese únicamente para dar un “susto o escarmiento” a su marido, sino que ofreció esta cantidad al otro acusado para producir su muerte.
Tras esto, la fiscal ha pedido 22 años de prisión para cada uno de los acusados, en concepto de autor de un delito de asesinato en el caso de D.V.G. y de inductora en el de B.N.A.A. El abogado de B.N.A.A., Alfredo Najas de la Cruz, y el de D.V.G., Pedro María Lázaro, han reclamado que les sea impuesta la pena mínima de 15 años y un día.
