La asociación Abogados Cristianos ha presentado en el Tribunal Supremo una querella contra todos los miembros del Gobierno por los delitos de omisión del deber de socorro y prevaricación en la gestión de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y solicita que acepte la medida cautelar de obligar al Ejecutivo a repartir de "inmediato" material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad.
En la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta de la asociación Polonia Castellanos, afirma que el Gobierno "tenía perfecto conocimiento de la letalidad" del Covid-19, pues fue en noviembre de 2019 cuando se "conocieron los primeros casos de infectados" en China.
A ello añade que el pasado 30 de enero, el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional declaró el brote del nuevo coronavirus como una "emergencia de salud pública de importancia internacional" y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de la necesidad de la "realización masiva de test".
Así, la asociación hace un recorrido de todos los hechos que considera relevantes y que, a su juicio, demostraría el conocimiento del Gobierno sobre los hechos, como la primera víctima mortal por coronavirus en España el 13 de febrero de 2020 o los informes del Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades y de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad sobre el riesgo de contagio en concentraciones multitudinarias.
También señala un informe técnico redactado "48 horas antes" de la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria, Fernando Simón -también querellado-, "donde se explicaba que el virus se trasmitía de humano a humano por contacto de menos de 2 metros".
No obstante, en esta enumeración de hechos la asociación hace énfasis en el propio 8-M. Según dice, mientras en Italia "se comienzan a cerrar zonas enteras del país, el Gobierno de España impulsaba y alentaba a acudir a manifestaciones feministas" y todo ello "a sabiendas de que se trataba de un virus altamente contagioso y que la asistencia a la manifestación implicaba un riesgo de contagio muy elevado".
En este sentido, critica que estas concentraciones "fueron publicadas, jaleadas y convocadas por los partidos políticos Podemos y PSOE" y que varios miembros del Gobierno hicieron "llamamientos públicos para acudir a dichas manifestaciones". "No les importó poner en riesgo la salud de los españoles, con tal de avanzar en su agenda ideológica", añade Polonia Castellanos.
La querella continúa afirmando que el "desprecio de los querellados por la vida de los ciudadanos es tal" que, aunque se hayan impuesto medidas de confinamiento derivadas de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, las "incumplen descaradamente, acudiendo a Consejos de Ministros y a ruedas de prensa, sin protección y conviviendo con familiares infectados".
Con todo ello, afea la gestión del Gobierno porque no hizo "ningún tipo de previsión, ni adquirió los test como la OMS había recomendado dos meses antes, ni adquirieron equipos de protección, ni material médico, ni respiradores". "Sabían que muchas personas iban a fallecer y no les importó", afirma la querella.
Así, responsabiliza al Ejecutivo del "colapso sanitario que se ha producido por el Covid-19" y le considera "culpable de la situación de abandono producida en las residencias de ancianos y de los pacientes más vulnerables, los cuales se han visto abocados al triaje".
Por todo ello, solicita a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que acepte la medida cautelar solicitada y que obligue al Gobierno al reparto inmediato de material sanitario y de primera necesidad a los centros médicos afectados y residencias de personas mayores y personas con discapacidad al estar "especialmente desprotegidas".
Denuncias previas
Esta querella es la tercera acción judicial que se interpone en el Tribunal Supremo contra un miembro del Gobierno por la gestión la pandemia del coronavirus. La semana pasada un particular presentó una denuncia en el alto tribunal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al entender que habría cometido un delito de prevaricación por permitir manifestaciones multitudinarias días previos a la declaración del estado de alarma, como el 8-M.
Asimismo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado también una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delitos de homicidio imprudente, de lesiones y contra los trabajadores por infracción de las normas de prevención laboral por no dotar con el material de protección individual necesario a los profesionales sanitarios que trabajan para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.
