El Rey Felipe VI inaugurará el 5 de septiembre, justo dentro de una semana, en la sede del Tribunal Supremo en Madrid, la apertura del nuevo año judicial donde la corrupción, el desafío catalán y la amenaza yihadista se repartirán el protagonismo en los próximos doce meses en los tribunales.
El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, pondrá en marcha toda su artillería legal para frenar el referéndum que la Generalitat de Cataluña pretende celebrar el próximo 1 de octubre. Una vez que el Parlament apruebe la ley de ruptura de Cataluña, que se llamará oficialmente "Ley de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República", el fiscal general del Estado José Manuel Maza pondrá a trabajar a su departamento para presentar por la vía penal una querella contra los impulsores de la misma.
De igual manera, simultáneamente, la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia que dirige Rafael Catalá, impugnará la citada Ley ante el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, parece claro que el garante de la Constitución anulará cautelarmente y por unanimidad la misma -estimando el recurso del Ejecutivo- siendo la gran incógnita entonces si el presidente catalán, Carles Puigdemont, y los miembros de su gobierno desacatarán el mandato del Alto Tribunal.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) continuará tramitando la querella por delitos de prevaricación y desobediencia que la Fiscalía interpuso contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir votar una resolución a favor del citado referéndum.
Varios juicios de corrupción
Asimismo, junto con el tema catalán, la corrupción será otra de las grandes protagonistas del año judicial. En este nuevo curso está previsto que se celebre, a partir del 14 de noviembre, el primer juicio por la trama Púnica, donde se sentará en el banquillo de los acusados el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de cárcel para el que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre por un delito de violación de secretos por particular con grave daño para la causa pública en la pieza separada I de esta causa de corrupción conocida como la pieza del chivatazo.
Por otro lado, el 17 de diciembre comenzará en Sevilla el juicio por los ERE fraudulentos donde se sentarán en el banquillo de los acusados los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la ex ministra Magdalena Álvarez y el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, entre otros.
La Caja B del PP de Valencia, los ERE en Andalucía o el chivatazo de la Púnica serán juzgados en el nuevo curso judicial
La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán -presidente entre los años 2009 y 2013- por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, mientras que solicita diez años de inhabilitación para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda de la Junta.
Igualmente, el 15 de enero se iniciará en el mismo tribunal el juicio por la presunta financiación irregular del Partido Popular de Valencia, donde se sentarán en el banquillo de los acusados el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', así como cinco ex altos cargos del PP, entre ellos Ricardo Costa -ex secretario general del PPCV- y el número dos del Gobierno valenciano Vicente Rambla, así como una decena de empresarios que financiaron de forma irregular al partido a nivel regional y que ya han reconocido los citados hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.
Asimismo, también es previsible que a lo largo del nuevo año judicial se dé a conocer la sentencia de la Primera Época de la Trama Gürtel (1999-2005), cuyo juicio quedará visto para sentencia este mes de septiembre. La resolución que suscribirán los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada será la primera que afecte al extesorero del PP, Luis Bárcenas, quien se enfrenta a una petición de pena del fiscal de 42 años de prisión.
La amenaza yihadista
Además, será en este curso en los tribunales cuando el Tribunal Supremo resuelva el futuro procesal de personajes como Iñaki Urdangarín, Rodrigo Rato o Francisco Correa. La razón es que la Sala Segunda del Alto Tribunal, que preside el magistrado Manuel Marchena, tiene previsto resolver los recursos de casación del caso Nóos, las tarjetas black o la Gürtel de Fitur. Junto a estas causas de corrupción, también se seguirá hablando de la investigación patrimonial al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato; la instrucción del tres por ciento en Cataluña, la Caja B del PP, el caso Lezo o el borrado de los discos duros de Bárcenas, entre otros.
Sin embargo, si el desafío catalán y la corrupción acapararán portadas y titulares en este nuevo año judicial es inevitable que la amenaza del terrorismo yihadista también comparta cuota de pantalla con ellos. Los atentados del pasado 17 de agosto en Cataluña y el peligro que supone que España esté en el punto de mira de los yihadistas harán que en los próximos doce meses se hable también de este terrorismo. La instrucción del 17-A seguirá su curso en la Audiencia Nacional bajo las riendas del juez Fernando Andreu y la fiscal Ana Noé.
