Los alcaldes socialistas han aprobado hoy crear un parque público de viviendas de alquiler social para las víctimas de los desahucios. En una declaración conjunta firmada por medio centenar de regidores socialistas, el PSOE anuncia que pondrá alquileres sociales a disposición de las víctimas de quienes hayan sido desalojadas de sus casas.
La declaración incluye, además, tres medidas de protesta activa por parte de los ayuntamientos:
- En primer lugar, los consistorios socialistas amenazan con retirar sus fondos de las entidades que ejecuten desahucios.
- En segundo lugar, promueven la desobediencia de sus policías municipales en las ejecuciones hipotecarias. Según el documento, los alcaldes apuestan por "negar desde los gobiernos locales la colaboración de la policía local en los preocesos de desahucios de las familias del municipio".
- Y en tercer lugar, proponen exponer la actitud de los bancos que sigan adelante con los llamados "lanzamientos" hipotecarios. De igual modo, recomendarán a sus ciudadanos dónde depositar sus ahorros. Para ello, publicarán en la web municipal "todos los datos de las entidades bancarias socialmente comrpometidas que hayan paralizado los desahucios de viviendas radicadas en el término municipal, así como los nombres de las que hayan cooperado a la hora de facilitar alquileres sociales sustitutivos".
Declaración con respaldo de Ferraz
Los alcaldes socialistas se han reunido en Ferraz con la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano; la secretaria de Política Económica y Empleo, Inmaculada Rodríguez Piñero, y otros miembros de la Ejecutiva Federal, para abordar el problema de los desahucios. En rueda de prensa posterior, Valenciano -acompañada por los regidores de Toledo, Emiliano García-Page, y el de Vigo, Abel Caballero- ha dejado claro que los socialistas van a hacer todo lo que esté en su mano desde el partido y desde las instituciones en las que gobierna "para que ninguna familia española se quede sin techo".
Los socialistas que quieren evitar desahucios "más allá de la moratoria del Gobierno"
Tras subrayar que se trata de que se paralicen todos los desahucios hasta que haya una nueva ley y no sólo los que contempla la moratoria del Gobierno, ha precisado que no están pidiendo "actos caritativos", porque el problema de los desahucios se ha generalizado a gran parte de la clase media.
Los Ayuntamientos, los que más presionen
Tanto Abel Caballero como García-Page han insistido en el papel de control que deben ejercer los ayuntamientos para frenar los desahucios, con medidas que ya se están poniendo en marcha "y en algún caso con éxito" como el asesoramiento legal a los afectados, programas de mediación y renegociación de la deuda hipotecaria o la puesta en marcha de parques públicos de viviendas de alquiler.
También García-Page ha reiterado que los ayuntamientos deben ser la administración que "más presione" para que se modifique de manera contundente la legislación hipotecaria, para lo que se deben "condicionar las relaciones financieras de las entidades municipales con los bancos en función de los criterios que están pidiendo los ciudadanos".
Los alcaldes socialistas se han comprometido hoy además a crear oficinas de orientación y asesoramiento y grupos de trabajo que busquen alternativas para las personas afectadas, así como a elaborar registros de familias desahuciadas y en riesgo de estarlo.
También plantearán la reducción de la cuota tributaria del impuesto de plusvalía para las personas que pierdan su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación en pago. Para ello, el PSOE desplegará una intensa agenda de contactos con todos los agentes implicados en este "terrible drama" y ha decidido empezar por los alcaldes, que "no se van a quedar quietos" ante una situación "profundamente injusta".
Sobre el decreto aprobado por el Consejo de Ministros, ha considerado que es "menos que un parche", aunque ha confiado en que pueda mejorarse notablemente durante su tramitación como proyecto de ley.
