"Estamos desbordados. Es un sentir general”. Leticia Palomera, secretaria de un juzgado de Zaragoza, refleja con su testimonio el hartazgo de los letrados de la Administración de Justicia, un colectivo prácticamente desconocido para los ciudadanos pero determinante para que el sector funcione correctamente. Por sus manos pasan los asuntos que afectan directamente a la población (embargos, desahucios, control de cuentas…). Sin embargo, esta letrada considera que cada vez es mayor la sensación de que no se les valora lo suficiente.
El aumento de asuntos que gestionan en cartera, la falta de medios materiales y personales y el lastre del coronavirus ha cambiado la forma de trabajo de los letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales). Muchos de ellos -como ocurrió en juzgados de toda España y en los Registros Civiles- vieron que tenían que asumir nuevas competencias y echar horas extra para sacar la tarea adelante, sin que se haya traducido en la adecuación salarial prometida. El resultado: la convocatoria de una huelga para el próximo 26 de enero.
"El día a día es muy amplio. Tenemos subastas, lanzamientos que ahora se pueden suspender alegando vulnerabilidad, desahucios...", explica Palomera en declaraciones a Vozpópuli. Esta letrada lleva 18 años en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Zaragoza. Su jornada empieza a las 7.30 horas de la mañana y termina a las 15.00. Dirige un equipo de ocho personas integrado por 3 gestores, 4 tramitadores y un auxiliar. Todos ellos asumen la carga de todos los asuntos que se siguen en la vía civil, aunque suelen ser predominantes los desahucios y los procedimientos monitorios (reclamación de deudas en su mayoría).
En esta oficina estudian casos de todo tipo, desde una persona que ha dejado de pagar un crédito y el asunto acaba en el juzgado, hasta ejecuciones hipotecarias o subastas. Si ya de por sí la carga laboral es “brutal”, en los últimos años se ha incrementado, en parte, porque han asumido más responsabilidades. Palomera, por ejemplo, controla también las cuentas del juzgado, lo que implica que hay que tener "mucho cuidado".
"Ponemos a funcionar la máquina"
"El juez en ejecución apenas interviene. Solo da el pistoletazo de salida. Poner a funcionar toda la máquina, todos los pasos de la admisión del papel, la continuidad, dirigir la oficina... Eso lo hacemos nosotros. Durante la Covid no he dejado de trabajar ni un solo día", explica. La crisis de la pandemia está afectando especialmente a este colectivo. Si en un primer momento fue el caos en los Registros Civiles por el recuento de fallecidos de la primera ola, lo que ha seguido luego no ha sido mucho mejor.
Las reclamaciones de particulares a bancos o financieras se han cuadruplicado tras la pandemia
En números: en su juzgado hubo un total de 49 concursos de personas físicas a lo largo del año 2020 mientras que en este ejercicio la cifra asciende a 75. Se trata de casos muy comunes que afectan a familias y matrimonios con pequeñas empresas que no puede seguir pagando los créditos y su negocio acaba abocado al concurso. Lo mismo ocurre con las reclamaciones de los particulares a bancos y a financieras en cuanto a intereses abusivos. Durante el año pasado la cifra era de 39. En lo que llevamos de 2021 el número alcanza los 164. Se ha cuadruplicado.
La pandemia ha tenido mucho que ver en todo esto. "Ha sido una pasada. De los años que llevo, la carga es más incluso que en la crisis inmobiliaria del año 2009. Ahora es el pico mayor", precisa Palomera. A ello se añaden los cambios legales introducidos por el Gobierno para hacer frente a los estragos de la crisis sanitaria. Dichas modificaciones tienen repercusión directa en la ejecución de desahucios y también en los procedimientos por impago, que son bastantes. "Mucha gente ha dejado de pagar pequeñas deudas que tenía como créditos, gastos, reclamaciones de la comunidad de propietarios...", explica.
Caos tras el coronavirus
Ahora, los funcionarios adscritos a este juzgado han alcanzado una cierta normalidad y teletrabajan por turnos. Sin embargo, en los primeros meses de la pandemia el caos fue mayor porque solo ella y el titular del juzgado tenían ordenador portátil habilitado, por lo que las primeras semanas fueron especialmente complicadas. Con todo, muchos otros letrados de la Administración de Justicia (son poco más de 4.300 en toda España) tuvieron que ir a sus puestos de trabajo en aquellas primeras semanas de estado de alarma.
¿Qué es entonces lo que falla para que un colectivo tan indispensable en los asuntos ordinarios de la ciudadanía esté tan poco valorado? "No hubo ningún refuerzo. Hacemos un esfuerzo inhumano pero nunca se nos ha reconocido nuestra labor. Hay desilusión", matiza Palomera, la cual reconoce que uno de los principales problemas es que se tarda mucho tiempo en proveer las vacantes. También advierte de las desigualdades entre núcleos poblaciones. "En los pueblos pequeños hay muy poca plantilla", sentencia.
Todo este caldo de cultivo ha llevado a la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) a convocar una huelga para el próximo 26 de enero. Entre las reivindicaciones de los funcionarios se incluye la adecuación salarial recogida por ley y una equiparación real de cara a futuro con el resto de grupos A1 de la Administración General del Estado. Francisco José Aguilar, portavoz del sindicato, asegura en declaraciones a Vozpópuli que los antiguos secretarios judiciales están instalados en "un auténtico disparate retributivo" porque incluso los cuerpos inferiores que dependen de ellos cobran más.
1.000 euros menos
Además, Aguilar asegura que el colectivo se siente "desamparado" por la falta de medios técnicos y personales. "Somos los responsables de la organización del trabajo. Somos los directores de la oficina judicial y no tenemos ni medios materiales ni tecnológicos ni humanos para hacer frente a la avalancha de asuntos", razona. Al respecto denuncia que llevan ya 3 años sin convocarse oposiciones con todo lo que eso conlleva para los que siguen estudiando a la espera de convocatoria.
En relación a la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil (diez años después de su aprobación), Aguilar asegura que no está dando los resultados esperados. Según explica, los letrados de la Administración de Justicia han asumido su control pero ni se han aprobado las relaciones de trabajo ni tampoco el complemento retributivo que deberían percibir. "Hacemos el mismo trabajo que hacíamos, más el del juez y todo por el mismo precio. Dos encargados haciendo lo mismo pero con diferencia de salario de hasta 1.000 euros", sentencia.
Sobre la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, explica que les recibió tras tomar posesión en julio y que se comprometió a darles solución a la cuestión retributiva. No obstante, denuncia que finalmente no ha sido así por cuanto se ha firmado un acuerdo con la mayoría de sindicatos que deja vacío de contenido de equiparación salarial en el caso de los letrados de la Administración de Justicia.
