El famoso hotel El Algarrobico, construido incumpliendo la ley de Costas en la playa con el mismo nombre cerca de Carboneras (Almería), está a un paso más cerca de demolición. El Ayuntamiento de la localidad ha aprobado definitivamente, sólo con los votos a favor del equipo de Gobierno del alcalde José Luis Amérigo (PSOE), la modificación parcial por la que se desclasifican los suelos del paraje de El Algarrobico, de forma que a partir de ahora pasan a ser no urbanizables.
Los socialistas han defendido que de esta forma se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), confirmada por el Tribunal Supremo (TS), que obligaba a adoptar esta medida, que asimismo deja abierta la puerta a la revisión de la licencia del hotel construido por Azata del Sol, lo que puede desembocar en la anulación de ésta.
Si bien el Supremo negó hace unos meses la demolición del hotel, construido en 2003 y contra el que se levantó una enorme posición por su impacto en el parque natural del Cabo de Gata -en el que se sitúa la playa-, la descalificación de los terrenos podría llevar a anular la licencia de la construcción del hotel y, por tanto, posibilitar su demolición.
Descalifican los terrenos de El Algarrobico por los "efectos sobrevenidos"
El pleno ha aprobado eliminar la clasificación urbanística vigente en el sector ST-1 (El Algarrobico) y en el sector ST-2 (El Canillar) por los “efectos sobrevenidos” al planeamiento vigente por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
El Algarrobico pasa a tener ahora la consideración de suelo no urbanizable de especial protección con grado de protección C1 (áreas naturales de interés general) y El Canillar adquiere el grado de protección B1 y B2 (áreas naturales de interés general y áreas seminaturales con usos tradicionales). Este acuerdo será remitido ahora al TSJA y a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.
No obstante, la votación no ha estado exenta de polémica desde el primer momento, puesto que el portavoz de Carboneras Avanza, Felipe Cayuela, ha cuestionado la urgencia de esta votación sin haber realizado si quiera una comisión informativa de forma previa.
El edil también ha señalado que “cambió de criterio de 180 grados” respecto al pleno celebrado el pasado 30 de marzo, en el que se aprobó una moción para desarrollar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dar cumplimiento a la sentencia.
Considera Cayuela que esta “urgencia” se debe a que el TSJA había dado al alcalde cinco días para cumplir el fallo, ya que en caso contrario lo sancionaría con 700 euros cada 20 días. “Ha convocado el pleno para defenderse de que lo multen (…) El pleno en realidad no es para acatar la sentencia, es para que no lo multen”, ha sostenido. Cayuela también ha reclamado que se depuren responsabilidades y se lleve a cabo una auditoría de la licencia para conocer quién intervino cuando se concedió, así como que se cree una comisión de investigación con este mismo fin, para que no sean los vecinos y el pueblo los que paguen las consecuencias si la promotora del hotel reclama al Ayuntamiento responsabilidades patrimoniales.
En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del PP, Salvador Alarcón, quien ha censurado la forma en la que ha llegado a pleno esta modificación, sin una aprobación provisional previa. “¿Qué votamos aquí hoy? ¿Qué nos parece bien que hayan acatado la sentencia?”, ha planteado.
El portavoz del equipo de Gobierno ha sostenido que en su día se siguió el procedimiento acordado en la época en la que Cayuela fue concejal de Urbanismo, que no fue “suficiente” para el TSJA, y ha sostenido que se actúa tal y como han determinado los informes jurídicos y técnicos con los que cuenta el Ayuntamiento.
También ha negado que la revisión completa del PGOU fuese la respuesta a la sentencia, aunque fuese la “más óptima”, y ha subrayado que en todo caso dicho plan tendrá que recoger la modificación aprobada este miércoles.
Vibla
A quien había que descalificar, encarcelar y hacer pagar los daños producidos, es a quien concedió la licencia de construcción.