La Comunidad de Madrid ha dado luz verde al plan de recualificación de desempleados en trabajos temporales de colaboración social por el que los desempleados que cobren prestaciones podrán trabajar para los ayuntamientos por un periodo máximo de seis meses. A cambio recibirán un complemento a esa prestación o subsidio por desempleo, de "formación" y de "orientación laboral". Según establece este nuevo plan, los ayuntamientos podrán solicitar hasta 100 desempleados en el próximo mes y recibirán subvenciones regionales por cubrir estas plazas. El programa, dotado con 168 millones de euros e incluye una treintena de medidas dirigidas a los parados madrileños.
La Orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) ha suscitado críticas desde los sindicatos y la oposición, pero la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha insistirdo en que "no es una nueva medida" de dicha comunidad, sino que se trata de un Real Decreto que está en vigor desde 1982. En declaraciones a los periodistas en Córdoba tras firmar un convenio para impulsar la inserción laboral en la capital cordobesa, Báñez ha hecho hincapié en que es "un tipo de convenio entre las administraciones públicas y el Servicio Público de Empleo Estatal", vigente en España desde el año 82.
Por tanto, ha afirmado que "no es una medida del Gobierno del PP, ni del Gobierno de España ni de la Comunidad de Madrid", y ha añadido que este Real Decreto "lo utiliza no sólo la Comunidad de Madrid, sino todas las comunidades de España".
Por su parte, la consejera madrileña de Empleo, Ana Isabel Mariño, ha asegurado que el plan se basa en "un decreto socialista que han aplicado desde Zapatero hasta Andalucía o Cataluña". "No alcanzo a entender qué es lo que está ocurriendo", dijo Mariño al ser preguntada por el plan de recualificación de desempleados.
Ha insistido en que el Gobierno de Ignacio González trabaja "por y para todos los parados" de la región, y ha reconocido que no comprende por qué los sindicatos y los partidos de izquierda denuncian y critican un decreto aprobado hace 30 años. Tampoco entiende la consejera qué "problema hay" con que la Comunidad de Madrid potencie la recualificación de los trabajadores, perciban o no prestaciones o subvenciones.
Más de 2.300 parados (2.369) que cobran una prestación trabajan o han trabajado entre enero y abril de este año en las administraciones públicas en régimen de colaboración social, lo que supone un aumento del 42,8 % respecto al mismo período de 2012, en el que fueron 1.659. Estos datos han sido facilitados a Efe por la secretaria confederal de Empleo de CCOO, Paloma López.
La prestación debe ser completada hasta el salario mínimo
Las entidades que empleen a estas personas tienen que complementar hasta el 100% del salario mínimo interprofesional la prestación que cobre el desempleado. La duración del trabajo no podrá exceder del tiempo que le quede al parado para agotar la prestación y no puede conllevar un cambio de residencia habitual.
Respecto al uso de las adscripciones en colaboración social que aprobó la Comunidad de Madrid, Paloma López ha advertido que puede no ser legal y que CCOO va a estudiarlo en profundidad. Tal y como ha explicado, lo que ha aprobado la Comunidad es que el dinero para complementar la prestación salga de las políticas activas de empleo.
Esto supone que ese dinero se le quitará al resto de desempleados y que las entidades públicas que les empleen no asumirán el coste, ha denunciado la responsable confederal de Empleo de CCOO.
