La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación 'Ayote', ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en la trata de seres humanos para el cuidado en España de personas de avanzada edad, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia. El grupo estaba formado por cuatro mujeres -dos de ellas hermanas- y tres hombres de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años.
Una de las cabecillas fue detenida en la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando intentaba introducir en España a tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.
La Guardia Civil ha identificado a un total de 50 mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016, con las que la organización habría obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros. Para aumentar sus ganancias, además, la responsable del grupo vendía a sus víctimas, a precios abusivos, los productos básicos de primera necesidad que recibía de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria. Por ejemplo, por un comprimido de paracetamol les llegaba a cobrar entre 20 y 30 euros.
Cómo captaban a las víctimas
Los familiares directos de los miembros del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaban de buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social. Allí les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España. Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban 1.000 euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa turista limitada a 90 días.
Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.
La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en Internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, aleccionándolas antes bajo nuevas amenazas. A final de mes los demandantes pagaban directamente a las víctimas en negro. Las víctimas entregaban a la organización el 85% del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España.
