El socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, ha remitido una queja al juez del caso ante la actuación de Hacienda a la que acusa de no tratar a todos los acusados por igual. Frente a lo que describe como el “galimatías” de las fincas de la Infanta y la pasividad de la Agencia Tributaria, Torres denuncia que los inspectores de Hacienda mantienen un “impío acoso” a su vivienda y un “coactivo apostadero” en su puerta”.
El antiguo socio de los Duques de Palma pide explicaciones y disculpas al ministro Cristóbal Montoro tras lo que describe como un episodio de acoso que revela un trato desigual por parte del fisco a los Urdangarín y a los Torres: el pasado 12 de julio dos inspectores de Hacienda se desplazaron a la casa de Diego Torres para entregar notificaciones y diligencias al matrimonio acusado de malversación de fondos y fraude a la Administración Púbica. Según el escrito redactado por el abogado Torres, “los valientes agentes deciden acabar con su impío acoso, entregando un sobre a una menor, ahí es nada, la hija de Diego Torres y de su esposa que cuenta con 15 añitos de edad”.
Las actas de Hacienda reflejan que, efectivamente, se ha entregado documentación que requiere de la lectura y conformidad del acusado a una menor de edad, tal y como admiten los funcionarios encargados de la entrega.
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El abogado de Torres, Manuel González Peeters, ha remitido un escrito al juez en el que exige al ministro las mismas disculpas que se demandaron públicamente a la Infanta. “No cabe más que felicitarles por su buen hacer y arrojo, a la espera, eso sí, de recibir las explicaciones y excusas pertinentes del máximo representante del Ministerio, las mismas que demandó públicamente a la esposa de Iñaki Urdangarín con el galimatías de las fincas”, concluye.
Las consecuencias prácticas pueden ser limitadas
Oficialmente, la Agencia Tributaria desconoce lo ocurrido y no comenta procedimientos ni información sobre ningún contribuyente en concreto. Sin embargo, sí defienden su actuación citando el artículo 111 de la Ley General Tributaria que afirma literalmente que "de no hallarse presentes en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante."
Los técnicos de Hacienda sí cuestionan la validez del movimiento aunque restan importancia a su trascendencia en el proceso. Incluso aunque se tratara de una entrega irregular, lo único que sería necesario es repetir el trámite. Sin embargo, ni a efectos de prescripción de delitos ni a efectos procesales nada queda anulado: “lo único que puede ocurrir es que tengan que repetirse las diligencias y que se produzca un retraso”, afirman esas fuentes.
Sin embargo, la queja sí tiene valor simbólico porque revela cómo Hacienda está dilatando los trámites que afectan a los Duques de Palma frente al celo absoluto que se guarda con respecto a otros acusados que sostienen que "no todos somos iguales ni ante la ley ni ante Hacienda".
