El nombramiento de jueces en plena pandemia ha provocado malestar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dos de los siete vocales de la Comisión Permanente han emitido un voto particular contra el acuerdo de 14 de mayo en el que se sientan las bases para la contratación de 25 cargos judiciales. Los magistrados Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya han dejado constancia de su discrepancia al considerar que no es prudente llevar a cabo semejante labor "en un contexto excepcional de estado de alarma y de paralización de plazos".
El pasado jueves se dio a conocer que el Poder Judicial en funciones preparaba las bases para los nombramientos de 25 jueces que se repartirán entre las presidencias de varias Salas del Tribunal Supremo y de los Superiores de Justicia de tres comunidades autónomas. La decisión tuvo lugar después de que a principios de año se paralizara la contratación de otra tanda de cargos en aras de "la confianza de una pronta renovación de la institución", en referencia a la actualización del órgano de gobierno de los jueces que aún se mantiene intacto.
Vozpópuli ha tenido acceso al voto particular de Fernández y Martínez Moya. Ambos han concluido que "no parece oportuno reiniciar el proceso de nombramientos discrecionales en las actuales circunstancias". Los vocales han alegado dos criterios: el de oportunidad y el de prudencia. "En estos momentos hay una labor prioritaria y preferente, que demanda toda nuestra atención y esfuerzo, la cual es la de dar respuesta a todos los problemas que la pandemia está ocasionando", han insistido.
25 cargos judiciales
Los magistrados han hecho hincapié en la necesidad de evitar los efectos que conlleva la activación de un procedimiento de nombramientos como el que se propone, "no solo en la actividad, esfuerzo y atención de los órganos de gobierno del poder judicial y sus órganos técnicos, sino también en la percepción de lo que ahora debe ser principal fuente de ocupación". En este sentido, los vocales han insistido en que "podría haberse modulado la propuesta, planteando la provisión solo de determinadas plazas, en las que concurran razones de urgencia, como las producidas por jubilación o por hallarse vacantes".
El Poder Judicial ha acordado elevar al Pleno las bases para el nombramiento de 25 cargos judiciales. En la lista figuran las vacantes de la presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias y Navarra. Se suman también las plazas de las presidencias de las Salas de lo Social y de lo Militar del Supremo y la silla que cubrió el juez José Manuel López García de la Serrana hasta su fallecimiento el pasado febrero.
En el voto particular, los dos vocales han criticado que el acuerdo se haya puesto en marcha este abril. Han admitido que tras la paralización de los nombramientos -a la espera de que los partidos alcanzaran un acuerdo de renovación del Poder Judicial- se había planteado la posibilidad de reanudar los procesos de provisión de plazas este mes. Sin embargo, han insistido en que "no puede ignorarse que desde febrero la situación es de emergencia nacional, siendo razonable que no se haya priorizado tal tarea". A su juicio, considerar transcurrido el plazo y proceder a activar los mecanismos "trasladaría la idea de un reproche implícito" a los grupos parlamentarios.
Reactivación de los plazos procesales
Según consta en el documento de tres folios, Fernández y Martínez Moya propusieron "esperar a que se activasen los plazos procesales para poner en marcha el proceso de nombramientos". A su juicio, "ello no habría entrañado una gran diferencia temporal con respecto a haberlo activado hoy [14 de marzo], pero vendría aconsejado por dos razones: por ser preferible a hacerlo en un contexto de excepcionalidad y por haber dado oportunidad a la totalidad de vocales de expresar su parecer".
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avisado este martes de la intención del Gobierno de reactivar los plazos procesales el próximo 4 de junio. No ha precisado si se trata de una medida específica para paliar la paralización de los juzgados o si responde al levantamiento del estado de alarma que previsiblemente tendrá lugar para esa fecha en virtud del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y Ciudadanos. Desde el Consejo General del Poder Judicial habían reclamado a Pedro Sánchez que desvinculara los plazos procesales del estado de alarma.
