El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reiterará su orden al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, para que en los próximos días se presente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la querella que elaborará la Secretaría Técnica de la Fiscalía General contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y dos de sus consejeras por varios delitos, entre ellos el de desobediencia, por su papel en el denominado proceso participativo del 9N. La decisión cuenta con el aval mayoritario de la cúpula fiscal que se reunió este miércoles durante algo más de cuatro horas.
La orden de Torres-Dulce, cuya propuesta se dirige contra Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación Irene Rigau por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales, incluirá las precisiones de carácter técnico realizadas durante la reunión.
Advertencia desde Madrid
De esta forma se han cumplido las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ante la discrepancia planteada por el fiscal superior de Cataluña a cumplir con la orden formulada por el fiscal general del Estado, "que se reiterará siguiendo el criterio casi unánime expresado hoy por la junta de fiscales". El lunes, Torres-Dulce ya ordenó a Romero de Tejada la presentación de la querella, pero el fiscal superior catalán se opuso "al no considerarlo procedente". No obstante, la Fiscalía catalana anunció este martes que acataría la orden que se le diese desde Madrid.
Tras la negativa recibida desde Barcelona, la Fiscalía General del Estado manifestó que no se planteaba por el momento medidas disciplinarias contra los fiscales catalanes por posicionarse en contra de la querella, aunque indicó que estas medidas podrían darse en caso de desobedecerse una segunda orden.
Según las mismas fuentes, además de varias reticencias de carácter técnico referidas a los delitos propuestos, tan solo dos fiscales han mostrado dudas de calado sobre la procedencia de interponer una acción penal contra los responsables de la Generalitat. Se trata del fiscal del Tribunal Supremo Pedro Crespo y del jefe de la Fiscalía de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas. El primero ha manifestado reticencias respecto de si una resolución del Tribunal Constitucional, un órgano no forma parte del ordenamiento jurídico en sí, debe ser considerada directamente ejecutable; mientras que el segundo ha mantenido que la acción de la Fiscalía debería realizarse en apoyo a las demandas ciudadanas que ya han llegado contra Mas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
"Normalidad estatutaria"
El debate se ha desarrollado en tono cordial y cada uno de los intervinientes ha ido exponiendo su postura sin que se haya producido ninguna votación. Fuentes de la Fiscalía General han señalado que lo ocurrido se inscribe en la "normalidad estatutaria" ante la discrepancia planteada por el fiscal de Cataluña a cumplir la orden que le formuló Torres-Dulce el pasado lunes.
Al término de la reunión el único en atender a la prensa fue el fiscal del Tribunal Supremo y exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño, quien afirmó que durante cuatro horas ha dado tiempo a discutir el fondo de la propuesta de Torres-Dulce y que él se había posicionado a favor de la misma.
