Mientras el Congreso de los Diputados inicia la cuenta atrás para aprobar la ley de amnistía, la Audiencia Nacional amplía los indicios contra Tsunami Democràtic por presunto terrorismo. El magistrado Manuel García Castellón ha puesto contra las cuerdas al independentismo al señalar, junto con el asedio de El Prat, las batallas campales en las calles de Barcelona, donde tres policías resultaron de gravedad.
A estos dos supuestos, de carácter indiciariamente terrorista, el juez ha añadido en las últimas horas un tercer episodio que amenaza la amnistía a Carles Puigdemont, Marta Rovira y el resto de imputados. Se trata de la concentración convocada por Tsunami Democràtic el 9 de noviembre de 2019, es decir, durante la jornada de reflexión de las elecciones generales celebradas un día después.
Para el magistrado hay indicios que permiten sospechar que las protestas tuvieron una intención manifiesta de afectar a los comicios. El instructor avisa que unas elecciones son un "proceso transversal para el funcionamiento del Estado" y recuerda que el artículo 573 del Código Penal que regula el delito de terrorismo califica como tal las acciones que buscan desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas.
La jornada del 9-N
A renglón seguido advertía este mismo viernes que una de las formas "más palmarias" de desestabilizar el funcionamiento del Estado constituye precisamente la interferencia en un proceso electoral. Así pues, con este nuevo indicio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional suma ya tres episodios de Tsunami que solo podrán ser exonerados si PSOE y Junts añaden 'in extremis' a la ley la enmienda que amnistía todo el terrorismo.
Esto es así porque con el actual texto, Puigdemont se quedaría sin protección en la causa de Tsunami. De hecho, la redacción de la futura ley se ha ido modificando a tenor de los dictados del juez instructor, puesto que en un principio nació enfocado a librarle del procés y de la orden de detención nacional que pesa sobre él.
Sin embargo, tras la imputación por terrorismo del líder de Junts se añadió a la amnistía los supuestos de terrorismo, pero únicamente en aquellos casos en los que no hubiera sentencia firme. En los últimos días y tras adherir abundante documental reclamado a Guardia Civil, Mossos, Guardia Urbana o AENA, entre otros entes, el juez dio un primer aviso a navegantes: los indicios por terrorismo se han consolidado.
Así, a las acciones del Prat se sumó una segunda actuación que superaría los meros desórdenes públicos. Se trata de los graves disturbios que tuvieron lugar en el centro de Barcelona el 18 de octubre. Durante semanas, los CDR y Tsunami Democràtic estuvieron convocando concentraciones violentas para protestar contra la sentencia del procés. Pero aquel día los altercados cruzaron la línea roja y tres policías resultaron heridos, uno de ellos de especial gravedad.
El trámite final de la amnistía
Estos agentes se han convertido en los protagonistas inesperados de la causa por lo ocurrido en aquella jornada. El pasado jueves el juez desestimó la pretensión de los imputados de sacarles del caso y lo hizo apuntando al delito de terrorismo. En concreto, dijo que la gravedad de las heridas evidenciaban una intención homicida y que los hechos vulnerarían indiciariamente el derecho a la vida que contempla el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Con esta frase el magistrado puso en jaque la amnistía a Puigdemont, puesto que el texto, tal y como está redactado hasta el momento, exceptúa de la medida de gracia justo los hechos que comprenden este artículo. Ante ello, el Gobierno y sus socios independentistas solo tienen como única salida incluir la enmienda que pide una amnistía total, sin ambages, al terrorismo.
Y mientras se ultima la redacción de la ley que se aprueba este martes en el Congreso, el instructor ya vislumbra un tercer escenario, el de la jornada de reflexión previa a las generales de 2019, como nuevo indicio que acotará el terrorismo en el procedimiento, al menos de manera indiciaria.
Además, en sus últimos pronunciamientos también ha tirado de jurisprudencia para delimitar la responsabilidad de todos los implicados en Tsunami. El magistrado ya ha ido sentando los parámetros de la coautoría a partir del 'dolo' y de la asunción de la teoría del dominio del hecho.
"No puede, sino concluirse que todos los que concurren en la ejecución de un hecho se ven ligados por un vínculo de solidaridad que los corresponsabiliza en el mismo grado, cualquiera que sea la parte que cada uno tome", reza. Con todo, a Puigdemont le atribuye un "rol de liderazgo" que ha reafirmado en sus últimos pronunciamientos judiciales.
El delito de terrorismo
Así, en el auto del pasado jueves, en el que confirmó la personación de dos de los policías heridos, recordó la conversación interceptada al empresario Josep María Campmajó, en la que ambos despachan sobre la violencia de las protestas y el temor de que finalmente alguna persona perdiera la vida en las mismas.
El instructor no dejó pasar por alto esta evidencia, teniendo en cuenta que la conversación se produjo el mismo 18 de octubre en el que los agentes resultaron heridos de gravedad y, al respecto, dijo que esta charla resultaba "especialmente llamativa, como indicio incriminador".
Ahora, en paralelo al recorrido parlamentario de la amnistía, la causa sigue adelante con el foco puesto en la batería de diligencias que la Audiencia Nacional acaba de solicitar y también en las próximas citaciones a los perjudicados por estos hechos.
En clave judicial se está a la espera de dos pronunciamientos clave: por un lado, la respuesta del Tribunal Supremo a la petición del juez para que asuma Tsunami Democràtic, y, por otro, el recurso a la imputación por terrorismo a Puigdemont, que ahora debe resolver la Sala.
