La fragmentación política será la tónica dominante en la mayoría de los 13 parlamentos autonómicos cuya renovación depende de los resultados del próximo domingo, 24. En el Gobierno se ha hecho un análisis pormenorizado del último barómetro del CIS y se ha extraído la conclusión de que será difícil articular mayorías de gobierno en al menos cinco de las comunidades donde se celebran elecciones, escenario que puede abocar a la repetición de los comicios y, por tanto, introducir un factor añadido de inestabilidad política en la recta final hacia las elecciones generales.

Rajoy está preocupado por la inestabilidad política que puede dispararse después de las elecciones del domingo, 24

En los más de 8.000 ayuntamientos donde también se celebrarán elecciones no habrá problema ya que su constitución está fijada para el 13 de junio, haya o no mayorías claras de gobierno, ya que la ley pondera la lista más votada. No es el caso de la mayoría de las comunidades autónomas, pues la ley estatal no fija plazos para la formación de gobierno desde que se celebran las elecciones. Por tanto, pueden pasar meses, como acabará ocurriendo en Andalucía, hasta que los electores vean traducidos sus votos en equipos de gestión concretos, lo que puede conducir a la repetición de los comicios allí donde sea imposible formalizarlos. Cada Estatuto autonómico tiene sus normas. En el caso andaluz, establece que si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y la presidenta de la Junta en funciones deberá convocar nuevas elecciones. Este plazo finaliza el 5 de julio y como la ley electoral andaluza fija que la fecha de las autonómicas no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio y 31 de agosto, las nuevas elecciones no podrían celebrarse antes de septiembre. Castilla-La Mancha es una excepción a la regla general, ya que su Estatuto prevé que si tras sucesivas votaciones no se consigue la investidura en dos meses, se proclamará presidente/a a quien encabece la candidatura más votada.

En el Gobierno se admite que el sistema electoral autonómico es una auténtica coctelera y, a partir del último barómetro del CIS, se ha focalizado este riesgo de inestabilidad política en las comunidades de Aragón, Cantabria, La Rioja, Baleares y Navarra.

Castilla-La Mancha, una excepción: si en dos meses no hay acuerdo, será proclamado presidente quien encabece la lista más votada

En la comunidad donde gobierna Luisa Fernanda Rudi, el descenso electoral del PP le obligaría a pactar no solo con Ciudadanos, sino también con el Partido Aragonés Regionalista (PAR), para garantizar su continuidad en el Gobierno regional. En Cantabria, el PP podría perder siete escaños y verse obligado también a negociar con una fuerza local, el Partido Regionalista, unas conversaciones que se prevén largas y que estarán condicionadas también por los acuerdos a los que se llegue en los ayuntamientos de la comunidad. En el Gobierno se concluye que estos diálogos no serán ni fáciles ni breves, como tampoco ocurrirá en La Rioja, donde el desplome del PP puede llegar a los cinco escaños, en Baleares, donde puede dejarse 16 o en Navarra, donde Podemos podría tener la llave de la gobernabilidad si se entiende con nacionalistas y abertzales.

En el mejor de los casos, se mantiene en el Gobierno, Ciudadanos no pactará en contra de la lista más votada, pero las dificultades para formar gobiernos se verán agravadas por la intención de Albert Rivera, también de Pablo Iglesias, de no apuntalar mayorías regionales que luego pueda perjudicarles en su principal objetivo, que consiste en garantizar una potente presencia en el futuro Parlamento nacional después de las próximas elecciones generales.

Los expertos que trabajan para el Gobierno en el campo demoscópico recuerdan que la inestabilidad política en el mapa territorial puede acabar condicionando, como es lógico, el calendario que baraja Mariano Rajoy para las legislativas, de ahí que el presidente no haya descartado ni el adelanto electoral ni tampoco el agotamiento al máximo de la legislatura que, según algunos informes internos de Moncloa, podría estirarse hasta enero, teniendo en cuenta, además, que Artur Mas todavía no ha descartado en Cataluña convocar a las urnas el 27 de septiembre.

En Madrid, Cristina Cifuentes juega con la posibilidad de ser apoyada por Ciudadanos e, incluso, por Gabilondo

En la dirección del PP se observa que fuera del riesgo de repetir elecciones tras el 24-M están aquellas comunidades que más visibilidad tienen a nivel nacional, pues en ellas tanto Ciudadanos como Podemos pondrán sus condiciones, pero acabarán avalando desde fuera a las candidaturas más votadas, al menos hasta hacer el balance de las generales. Es lo que el Gobierno opina que acabará ocurriendo en Madrid, donde Cristina Cifuentes prevé ser la ganadora, aun necesitando el respaldo para gobernar de más de una veintena de diputados de Ciudadanos, sin descartar tampoco que haya sintonía con Ángel Gabilondo. En la comunidad valenciana, la misma noche electoral se sabrá si la amalgama de partidos de izquierdas y nacionalistas suman o no la mayoría absoluta. En Castilla-La Mancha,María Dolores de Cospedal espera necesitar, como mucho, el aval de uno o dos diputados de Ciudadanos. En Extremadura y Asturias, los socialistas dan por hecho que podrán gobernar con el respaldo de la organización de Pablo Iglesias. En Castilla y León y Murcia, el PP tampoco prevé grandes problemas para formar gobiernos antes del verano.