Alfredo Prada (León, 1959) fue vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid (2003-2008) con Esperanza Aguirre de presidenta, y en su currículum destaca varios años después que fue la persona que contrató como asesor a Pablo Casado, hoy líder de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. Es presidente de la Oficina del Cargo Electoral del Partido Popular. En marzo de 2019 fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata después de que la Fiscalía anticorrupción presentara una querella contra él por el presunto agujero provocado por la Ciudad de la Justicia. El ministerio público inició sus pesquisas después de que el Gobierno madrileño encabezado por Cristina Cifuentes denunciara los hechos, basándose en un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. En plena pandemia, el Tribunal de Cuentas español ha dictaminado que no hay responsabilidad contable de los directivos de la Ciudad de la Justicia. Así, Prada considera que esta decisión prueba que durante su gestión no hubo ningún tipo de irregularidad, y anuncia que está estudiando la posibilidad de interponer acciones legales contra Cristina Cifuentes y su Ejecutivo, que denunció los hechos ante la Fiscalía anticorrupción.
¿Usted sigue investigado en la Audiencia Nacional en el caso del Campus de la Justicia de Madrid"
Fui llamado a declarar como investigado, pero en mi declaración quedó clara la ausencia de responsabilidad. Pero esa situación se mantiene desde un punto de vista procesal. Fui citado sin que hubiera en las actuaciones un informe pericial; ni de la Intervención General del Estado (IGE) ni de ningún otro perito que pudiera determinar que las cosas se hubieran hecho de manera irregular.
Pero ahora he aportado la principal prueba pericial, que es un dictamen elaborado por el Tribunal de Cuentas, que es el órgano constitucional encargado de fiscalizar y auditar las cuentas de las empresas públicas, dónde se me exime a mí y a todas los gestores del Campus, de cualquier responsabilidad, sin ningún género de dudas. Por eso, obviamente, yo creo que tiene que producirse lo que hemos solicitado al juez, que es que archive la acusación.
Pero si la Justicia siempre suele ser lenta, ahora con la pandemia y la paralización de los plazos, la decisión del juez podría tardar más de lo previsto...
Sí, lamentablemente la Justicia va a sufrir las consecuencias, en una fuerte medida, de la pandemia del coronavirus. Lo que ocurre es que yo creo que la lectura de este dictamen técnico jurídico de 136 folios aportará claridad a un asunto en dónde no la había.
En la causa había ya un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid que sembraba dudas sobre su gestión en la Ciudad de la Justicia.
Sí, la denuncia de la Fiscalía parte de un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, y se me cita a declarar como investigado en base a ese informe. Pero ese documento no aludía a personas concretas ni a fechas, por lo que era un documento lleno de irregularidades, lleno de juicios de valor y sin ninguna constatación. Pero ahora, que el Tribunal de Cuentas ha estudiado durante 16 meses más de 250.000 folios y documentación de todo tipo, se ha llegado a la conclusión de que no hubo irregularidades contables, y que todo se hizo ajustado a derecho y conforme a la legalidad vigente.
La Cámara de Cuentas aseguraba que faltaban documentos...
El Tribunal de Cuentas también da un importante, permítame la expresión coloquial, varapalo a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, pues determina que esa documentación sí existe y que ellos sí la han visto. Con lo cual, probablemente habrá que exigir responsabilidades a la propia Cámara de Cuentas.
Pero al final el que denunció los hechos fue el propio Gobierno regional, del PP.
Sí, los grupos de la oposición estaban con ese tema, pero quien fundamentalmente le remite este informe de la Cámara de Cuentas a la Fiscalía General del Estado es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Cristina Cifuentes.
¿Tiene intención de emprender acciones legales contra Cristina Cifuentes?
Mi equipo de abogados está estudiando si la decisión que adoptó el equipo de gobierno de Cristina Cifuentes fue o no ajustada a derecho o correcta desde un punto de vista jurídico, porque la ley que regula el funcionamiento de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid establece que esos informes de fiscalización, a quién hay que remitirlos es al Tribunal de Cuentas. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en vez de acordar que se remitiera al Tribunal de Cuentas, por decirlo de alguna manera, al hermano mayor, el órgano que tenía que tutelar el trabajo que hacía la Cámara de Cuentas, de manera injustificada, lo remiten a la Fiscalía General del Estado, lo que a su vez originó la denuncia y la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional, y que yo fuera llamado a declarar como investigado, con los consiguientes daños y perjuicios que esto me ha ocasionado, y que me sigue ocasionando. Si como dice la ley lo hubieran remitido directamente al Tribunal de Cuentas, este lo hubiera estudiado, como lo ha hecho, y hubiera llegado a conclusión, sin ningún género de dudas, de que no existe ningún tipo de responsabilidad.
¿Y qué delito cree que podría haber cometido Cristina Cifuentes?
No, no quiero yo avanzar procedimientos, porque estamos estudiando todas las actuaciones y todas las declaraciones, y vamos a recabar toda esa información para ver qué tipo de acciones judiciales se emprenderían.
P. Usted ya elaboró una queja contra la Fiscalía.
Denuncié ante la Fiscalía General del Estado que se pidiera que declarara como investigado sin el informe de la Intervención General del Estado (IGE). Teniendo como tiene la Fiscalía anticorrupción una unidad adscrita, es muy llamativo que se me llamara a declarar como investigado, es decir, que se haga una imputación de delitos a una persona sin tener el sustento de un informe de la Intervención General del Estado. Esa irregularidad, y otras colaterales, sí fueron denunciadas ante la inspección de la Fiscalía General del Estado, aunque de forma inmediata no la admitieron.
Cuando fue llamado a declarar como investigado usted era el responsable del PP de la lucha contra la corrupción, ¿cree que la imputación le ha perjudicado en su carrera política?
Era y soy el presidente de la Oficina del Cargo Electoral. Y no solo me ha perjudicado, yo diría que he sido herido de muerte de manera civil. Me ha perjudicado a efectos personales, a efectos familiares, a efectos económicos, a efectos profesionales y de toda naturaleza. Es una situación que yo no se la deseo ni a mi peor enemigo, con la repercusión mediática y pública que tiene este tipo de acontecimientos que deberían hacer reflexionar, tanto a fiscales como a jueces, a la hora de tomar ese tipo de decisiones de esa manera tan precipitada.
Usted siempre ha denunciado las fechas concretas de su imputación...
En mi caso concreto, se me cita a declarar y creo que no fue por casualidad, justo cuando se habían convocado las elecciones generales de abril de 2019. Primero se hace pública la citación a declarar como investigado, el mismo día en el que se hacían públicas las candidaturas a las elecciones. Y no es casualidad que apenas unos días después, en plena campaña electoral, también se me llame a declarar en la Audiencia Nacional. Y no sé si será casualidad o mucha casualidad el que el señor Pedro Sánchez utilizara mi nombre en el único debate que hubo en Televisión Española con motivo de esas elecciones de abril de 2019. Y ¡oh casualidad! también por la relación que yo tengo con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya que es público que fui la primera persona que lo introdujo en el mundo de la política, siendo asesor mío.
¿Cree que el juez debe archivar la causa contra usted?
Yo soy una persona que cree en la Justicia, y creo que por encima de nuestros pensamientos o ideologías políticas, cuando un juez debe de hacer Justicia, la debe de hacer. Y yo creo que tiene instrumentos que evidencian que este asunto tiene que ser archivado inmediatamente y que se deje de hacer daño, como se ha hecho.
¿Cómo está pasando la pandemia?
Pues como la mayoría de los españoles, en casa teletrabajando, ya que afortunadamente mi trabajo me permite hacerlo sin que sea presencial, haciéndolo a través de las nuevas tecnologías. Aunque obviamente con mucha preocupación, primero por cómo se está gestionando esta grave crisis, y segundo, evidentemente por el número de fallecidos que se ha producido en nuestro país; y finalmente porque viene una crisis muy profunda en el ámbito económico y social.
¿Qué opina de la actuación del Gobierno de España? ¿En qué hubiera cambiado la situación si hubiera gobernado el PP?
Mi opinión, por resumirla en una frase, es que la actuación del Gobierno es manifiestamente mejorable. Y si el PP estuviera en el Gobierno, mi opinión sería que tendríamos a Podemos y a una parte del PSOE en manifestaciones permanentes en contra del Gobierno, al que no apoyarían. Si fuera del PP, seguramente lo estaría haciendo en el marco de la responsabilidad, de la sensatez y de la transparencia, que parece que es de lo que se está careciendo en este momento en la gestión que está teniendo el Ejecutivo. Y sobre todo de cercanía con las víctimas, de muchísima cercanía con las víctimas. Porque obviamente el virus no tiene responsabilidad, no es responsabilidad del Gobierno. El virus es un mal que nos ha tocado vivir; ya se sabrá por qué o de dónde viene o por qué ha venido. Pero lo que sí es verdad es que el Gobierno es responsable de la gestión de la crisis, no de la crisis, pero sí de la gestión de la crisis. Y esa la está haciendo de manera muy lejana a las víctimas, sin transparencia, y desde luego no podemos decir que lo hagan de manera racional y responsable.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, ha recibido importantes críticas por su gestión en las residencias...
Yo lo único que tengo que decir en cuanto al Gobierno de la Comunidad es que estoy, como muchos españoles también, no solo madrileños, gratamente sorprendido de la eficaz y buena gestión que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, [Isabel Díaz Ayuso], y sobre todo el alcalde de Madrid, [José Luis Martínez-Almeida] la capital de la Nación, con esta crisis. Sobre todo si lo comparamos a lo que está haciendo el Gobierno de España. Yo creo que se ha demostrado la talla humana y política de dos responsables de primer nivel, que son el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad, y que a los que vivimos en Madrid y a los que estamos pasando esta pandemia en Madrid nos da cierto grado de tranquilidad.
¿Qué opina de la legalidad del decreto de alarma?
Si el Gobierno estuviera actuando con la responsabilidad que no tiene; si el Gobierno no estuviera haciendo política con una gestión de una crisis sanitaria, la mayor crisis sanitaria, yo creo, de la Historia; si el Gobierno estuviera actuando con transparencia; si el Gobierno estuviera actuando con lealtad con la oposición y con el resto de partidos políticos, y con los grupos parlamentarios, yo diría que siguiendo criterios técnicos; el estado de alarma tendría que durar hasta en tanto y cuanto los técnicos lo determinaran. Y se haría sin ningún problema por consenso y en el marco de la responsabilidad de que el partido [PP] me ha demostrado y está demostrando en cada una de las cuestiones que se le ponen encima de la mesa.
¿Qué opina de que se prolongue el estado de alarma?
Si el Gobierno quiere prolongar el estado de alarma, por ejemplo para darle mayores responsabilidades en el ámbito del CNI a Pablo Iglesias, al vicepresidente segundo, pues obviamente yo creo que ha llegado el momento en el que el principal partido de la oposición diga, hasta aquí hemos llegado, no vas a contar con nuestro respaldo, dentro del respeto del marco de las reglas parlamentarias.
Yo creo que las crisis que son sanitarias, que no son políticas, devienen después en una crisis política, que es saber cómo gestionar la economía, en una crisis social, que es cómo ayudar a la sociedad, en una crisis de cercanía, también, con las personas más perjudicadas, que son los fallecidos y las propias personas perjudicadas y amigos de las personas que han muerto. Por eso deberían tomarse decisiones con carácter técnico y haber dejado al margen la política y haber cerrado filas; y no haber estado firmando decretos de prórrogas de estados de alarma, y tratar de aprovechar en disposiciones adicionales y transitorias para introducir elementos que nada tienen que ver, como todos los españoles hemos tenido que comprobar, con el intento de legalizar la presencia del vicepresidente Iglesias en la comisión del Congreso que controla el CNI.
