Hay preocupación en el equipo de confianza de Mariano Rajoy por la herencia que previsiblemente recibirá del Gobierno socialista el próximo enero. El pasado lunes celebró una reunión discreta con los consejeros económicos de las diferentes comunidades autónomas y les recomendó que promuevan prórrogas presupuestarias en cada territorio hasta tanto salga en marzo el nuevo Presupuesto estatal y, por tanto, puedan conocer con precisión los ingresos de los que van a disponer el año que viene. Hay que tener en cuenta que el 70% de estos ingresos proceden de la recaudación por IRPF, IVA e Impuestos Especiales, transferidos a los territorios en porcentajes que oscilan del 50 al 58%.

Los consejeros asistentes a la reunión se comprometieron con el equipo económico de Rajoy a estudiar las ventajas y los inconvenientes de prorrogar sus presupuestos, teniendo en cuenta el mensaje tan intranquilizador que se emitiría a los mercados en caso de que todas las comunidades secundasen este consejo. Madrid y Extremadura son las regiones más reticentes a dar este paso. De hecho, la primera ha trabajado todo el verano con la finalidad de aprobar las cuentas regionales el próximo jueves 27.

Por otra parte, los presidentes regionales del PP volverán a pedir a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para saber a qué atenerse, una vez que el Gobierno ha renunciado a llevar al BOE un real decreto de prórroga presupuestaria.

En la dirección del PP se trabaja con la intención de elaborar un Presupuesto estatal de base cero en algunas partidas como las de inversiones y la de subvenciones. En la primera es necesario conocer el gasto comprometido y, por tanto, sustentado en una normativa contractual, aunque el margen de recorte no es elevado dada las reducciones ya practicadas por el Ejecutivo socialista en los dos últimos años en este capítulo. “Tenemos la sensación de que en el capítulo inversor se ha tocado hueso”, señalan fuentes del primer partido de la oposición. De los datos recabados por el equipo económico del PP se deduce que existe un gran volumen de gasto diferido en obra pública que habrá que tener en cuenta en los presupuestos que se elaboren a partir de 2013.

En lo que afecta a las subvenciones, hay una larga tarea de peinado por hacer, ya que muchas de ellas proceden de acuerdos parlamentarios negociados por el Gobierno de Zapatero con sus socios parlamentarios, especialmente con el PNV y CiU. Aquí sí se hará tabla rasa, informan las mismas fuentes. Habrá también margen en las partidas de gastos diversos y obra nueva.

Recortes en varias fases

Para cumplir con el objetivo del 3% de déficit comprometido con Bruselas en 2013, será necesario hacer un ajuste básico que rondará los 30.000 millones de euros, cifra a la que habrá que sumar otros 20.000, como mínimo, con el fin de compensar los compromisos presupuestarios contraídos por Fomento con cargo a ejercicios futuros y las transferencias que habrá que realizar a las comunidades autónomas con problemas de liquidez, un obstáculo serio que afrontan muchas de ellas y que se ve agravado por las dificultades para endeudarse en los mercados. Fuentes del PP recuerdan que en 1996 el Gobierno de José María Aznar se encontró en la caja de la tesorería con dos billones de las antiguas pesetas pendientes de pago, a los que se sumaron 700.000 millones que estaban sin contabilizar.

Una pequeña parte del ajuste pendiente, que el PP estima en 50.000 millones hasta 2013, podría hacerse mediante la congelación del gasto en términos nominales. No obstante, los cálculos definitivos no podrán hacerse hasta que el nuevo Gobierno se meta en la cocina de los ministerios del gasto, en particular el de Fomento.

Las mismas fuentes informan que en el capítulo uno del Presupuesto, correspondiente a gasto de personal, hay poco margen para los ajustes, más allá de las restricciones que a buen seguro se aplicarán en las ofertas públicas de empleo de los diferentes ejercicios. En puridad, podría procederse de nuevo a una congelación del sueldo de los empleados públicos, una decisión todavía no tomada. El PP se atrevió a dar este paso en 1996 pese a que en esa fecha los funcionarios tenían comprometida la revalorización de los salarios mediante un convenio trianual. El Gobierno perdió entonces en primera instancia judicial el recurso puesto por los sindicatos, pero lo ganó con posterioridad.

El PP tiene el propósito de sacar el Presupuesto estatal de 2012 en marzo, tres meses después de haber tomado posesión del Gobierno, fecha en la que también proyecta asomar las principales proyecciones presupuestarias para 2013 con el propósito de dar confianza a los mercados.