A Manuel Chaves se le suele ver últimamente por los pasillos del Congreso en solitario, con un aire perdido, o soplando en el oído de algunos diputados andaluces de su confianza, sobre los que vierte su opinión acerca del caso de los ERE. Sus disparos se dirigen contra su sucesor en la Junta, José Antonio Griñán, pues, en su opinión, está conduciendo desde el principio este proceso con tales dosis de “ingenuidad” que ha conseguido dinamitar el partido en Andalucía y poner en riesgo su continuidad al frente del Gobierno autonómico, sobre el que ejerce el control desde hace 33 años.
Chaves lo tiene claro y, según ha comentado a sus compañeros de escaño, lo primero que tendría que haber hecho Griñán desde que la juez Mercedes Alaya comenzó la instrucción del caso hace más de dos años, es arropar a los “compañeros del partido y del sindicato” sobre los que se vierten la mayoría de las sospechas, “ya que la táctica de ponerse al frente de la manifestación y tirar de la manta solo ha conducido a agravar las tensiones internas, regalarle munición al PP e incentivar a la Justicia para que haga de su capa un sayo”.
Cuando en 2010 estalló el escándalo, recuerdan fuentes socialistas, José Antonio Griñán ya advirtió a Chaves de que él “no se iba a tragar el marrón”. En coherencia con esta actitud, abrió una investigación interna, personó a la Junta en la causa y se quitó de encima a algunos de los principales sospechosos, entre otros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Esta actuación incendió su relación con Chaves, Gaspar Zarrías y Luis Pizarro, un trio que permaneció siempre unido en sus años de gloria, y ha terminado por minar también su vínculo con un sector de UGT, el más anclado en los favores a los que le tenía acostumbrado el PSOE mientras gobernó Andalucía con mayoría absoluta.
Según ha trasladado Chaves a diputados de su grupo, al final Griñán ha puesto en peligro la permanencia del partido en la Junta andaluza, ya que Izquierda Unida ha advertido que si el escándalo se complica, le retirará su apoyo. A día de hoy, con la impetuosidad que exhibe la juez Alaya a su regreso al juzgado sevillano, nadie se atreve a descartar que el propio Griñán acabe siendo imputado en la causa, por las responsabilidades en que pudo haber incurrido como consejero de Hacienda durante el periodo en que actuó la presunta red de corrupción.
Su método de trabajo descansó entre el 2000 y el 2010 en un objetivo político, el mantenimiento de la “paz social” y en una mecánica que es la que está sometida a investigación: concesión de subvenciones a empresas en crisis para facilitar su continuidad mediante el acceso de parte de sus trabajadores a prejubilaciones pactadas. Al final, se formó una madeja de la que se lucraron presuntamente miembros del Gobierno regional, empresarios, abogados, sindicalistas y demás intermediarios. En esta cloaca se colaron casi 70 empresas, cerca de 700 millones de euros y también 72 ‘actores invitados’ que fueron prejubilados sin haber pisado en su vida ninguna de las sociedades receptoras de las ayudas.
En coherencia con el criterio de que cada palo aguante su vela, Griñán dijo este lunes que el Gobierno andaluz cometió “errores”, pero que él tiene la “conciencia tranquila” y está dispuesto a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y el Parlamento regional. Sabe que cuenta con el respaldo interesado de Alfredo Pérez Rubalcaba, necesitado a su vez de los socialistas andaluces para no ser desalojado de la secretaria general del PSOE por la puerta de atrás. La sociedad de socorros mutuos sigue funcionando.
