España no invierte en las familias. La prestación social dirigida a este ámbito no es prioritaria para las administraciones con respecto a otras ayudas a la ciudadanía. Nuestro país cuenta con unas medidas de protección a la infancia débiles, a diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea. No obstante, las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) continúan reflejando nuestra sociedad en crisis: la caída persistente y drástica de la natalidad año tras año, una población en su mayoría envejecida, el desafío futuro de sostener las pensiones y la celebración de menos bodas y sí más firmas de divorcios.
En la última semana, la maternidad y el debate sobre el aborto ha vuelto a estar en el foco mediático y político por el nuevo protocolo de Castilla y León. El ejecutivo regional, presidido por Alfonso Fernández Mañueco (PP) y con Juan García-Gallardo (Vox) en la vicepresidencia, anunció la puesta en marcha de una nueva medida antiaborto mediante la obligación a los médicos de "ofrecer" a las embarazadas "la posibilidad" de escuchar el latido fetal o realizar una ecografía 4D. Un comunicado que el líder popular matizó días más tarde, al asegurar que las medidas no eran antiaborto, sino de "fomento a la natalidad y apoyo a las familias".
Ahora bien, 2022 va camino de superar el mínimo histórico en natalidad en España. Este jueves el INE publicó sus últimas estimaciones del número de nacimientos en el país el pasado mes de noviembre. Según los cálculos pendientes de confirmar, alrededor de 302.290 nacimientos tuvieron lugar entre enero y noviembre de 2022. Pese el aumento poblacional en los últimos años, el estado español se encuentra en situación de natalidad crítica.
A nivel del índice de fecundidad (1,23), España lleva desde 1981 con una tasa menor de 2,1 e, incluso, desde 1987 no se ha superado 1,5 hijos por mujer. De esta manera, no sólo está muy lejos del nivel de reemplazo generacional (2,1), sino también, del ratio de la Unión Europea (en las regiones urbanas, de 1,48, en las intermedias, de 1,54 y en las rurales, de 1,61) y de la media mundial (2,3 hijos/mujer en 2020).
Evolución de las Políticas Familiares
Dentro de este contexto, España se encuentra a la cola en ayudas a la maternidad. El sistema de protección social a la infancia es débil, a diferencia de la mayoría de los países de la UE, por ejemplo, no cuenta ni con leyes ni con planes de apoyo a la familia. Nuestro país tan sólo invierte el 1,3% del PIB a estas prestaciones a la familia y a la infancia; lejos de la media europea del 2,2% y todavía más alejado de la inversión de países como Francia, que dedica un 2,4% de su PIB o Dinamarca, con el 3,5%. Según los últimos datos de Eurostat, nuestro Estado se coloca como uno de los países del continente que menos ayudas monetarias otorga. De cada 18 € que España dedica a gastos sociales, solo 1 euro se dedica a la familia.
Los subsidios familiares que posibilita el Estado español son diversos. En primer lugar, en enero de 2021 se igualó y amplió los permisos de ambos progenitores, siendo de 16 semanas para cada uno. Por otro lado, la ayuda familiar por hijo o menor acogido a cargo. Ya no existe la asignación económica por cada hijo o menor de 18 años sin discapacidad o con un grado de discapacidad inferior al 33%. Esta prestación pasó a integrarse desde el 1 de enero de 2020 dentro del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, la prestación por nacimiento y cuidado de menor para personas trabajadoras por cuenta ajena o propia, siempre que se encuentren en situación de alta y disfruten de los periodos de permiso por nacimiento y cuidado de menor. Sumado a esto, la deducción por maternidad, por el que las madres trabajadoras tienen derecho a una deducción de 1.200 euros anuales en el IRPF por hijos menores de tres años nacidos en territorio español. Del mismo modo, a partir del 1 de enero de 2022 se incluyó una ayuda de hasta 100 euros mensuales por hijo a cargo para quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o tienen ingresos económicos bajos. Además de una reducción de jornada por lactancia y una bonificación del 45% para las familias numerosas que contraten a un empleado del hogar para ayudar a conciliar la vida familiar y laboral.
En el lado completamente opuesto de la balanza se encuentran países como Francia, Alemania y Suecia. De hecho, el Best Countries Report de 2022 clasificaba a este país nórdico como el primero mejor para formar una familia, mientras que España se situaba en el lugar número dieciséis. En la nación escandinava, ya seas padre o madre, dispones desde 55 hasta 68 semanas, es decir, 480 días, remunerados al 80%. Las familias suecas reciben una ayuda de 115 euros al mes hasta que el niño llega a la mayoría de edad. Otro beneficio que tienen los padres suecos es que hasta los 8 años, tienen la posibilidad de reducir su jornada laboral un 25%.
Educación y guarderías gratuitas
En cambio, en Finlandia, las madres pueden disfrutar de 105 días remunerados al 80%, mientras que los padres, disfrutan de 18. Hay una ayuda de 140 euros al mes, a los que hay que añadir abonos y suplementos destinados al cuidado de los hijos, independientemente de que lo haga un cuidador social o los padres. Por lo demás, la educación primaria, secundaria y universitaria es gratuita, al igual que las guarderías.
En Francia se dan también ayudas de manutención y de acogimiento durante la primera infancia, que tratan de dar soporte económico a las familias para hacer frente al nacimiento de los hijos, los gastos derivados de la educación y cuidados de los niños. Estas son algunas de las prestaciones de la larga lista de la Caja de Subsidios Familiares francesa, entre las que se incluye por ejemplo una ayuda a la mudanza, con las que España no puede competir.
La Ley de Familias, en un cajón
España está en pleno invierno demográfico. Según estimaciones, en 2050, por cada 3 mayores de 65 años sólo habrá 5 personas en edad activa y las mayores de 85 años serán el mayor segmento de edad. Se producirá una gran desproporción con respecto a la población activa, que pondrá en riesgo el sistema público de pensiones y protección social, obligando a cambios drásticos en el modelo de sociedad.
Organismos como el Instituto de Política Familiar abogan por adoptar medidas que reviertan esta tendencia, como, por ejemplo, la elaboración de una ley de Protección a la Familia, maternidad y natalidad que asegure e incorpore la Perspectiva de Familia en toda la legislación y actuación pública. Además de promover medidas y programas de conciliación laboral y la convergencia gradual con la UE27. Sin embargo, en pleno frenesí legislativo del Gobierno, el anteproyecto de la Ley de Familias continúa guardado en un cajón.
