La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, lo anunció hace unos días y ahora pone en marcha una experiencia novedosa en España. Por primera vez la candidata a ser alcaldesa de una localidad, Villalba en esta ocasión, se examinará en la sede del PP de Madrid para saber si es idónea para el cargo. La prueba podrá ser seguida en directo por los medios de comunicación.
El PP anunció que Mariola Vargas, médico de profesión y actual concejal de Villalba, ha expresado su deseo de sustituir al dimitido Agustín Juárez, que fue detenido en la ‘Operación Púnica’. Miembros del partido la someterán a todo tipo de preguntas de manera similar a las que se realizan a los candidatos a la Comisión Europea.
El tribunal examinador estará formado por cinco miembros de la Mesa de Evaluación y serán las siguientes personas: Mª Eugenia Carballedo, presidenta de la Mesa de Evaluación, viceconsejera de Empleo de la Comunidad de Madrid y miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid; Bartolomé González, vicesecretario del PP de Madrid; Carmen Rodríguez, ex presidenta del PP de Collado Villalba; Fernando Martínez Vidal, concejal del distrito de Salamanca y miembro del Comité de Dirección del PP de Madrid; y Adán Martínez, presidente de Nuevas Generaciones del PP de Collado Villalba.
Examinadores de la confianza de Aguirre
La mayor parte de estos examinadores son de absoluta confianza de la presidenta regional que han sido elegidos para puestos importantes tanto en el Gobierno regional como en el partido.
Según informó el PP de Madrid “el examen se celebrará en la sala que habitualmente se destina a comparecencias ante la prensa en el PP de Madrid, y tanto la candidata como los examinadores estarán situados en un estrado para que los medios de comunicación puedan seguirlo con más facilidad”.
Esperanza Aguirre propuso la pasada semana seis medidas para luchar contra la corrupción: facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar prisión inmediata no eludible con fianza a políticos y cargos públicos imputados por delitos de corrupción; cambios legislativos para reducir el tiempo de instrucción de causas judiciales abiertas por corrupción; una nueva Ley Electoral que permita a los ciudadanos conocer directamente a los políticos, y que estos den cuenta a sus electores; hacer públicas las cuentas de partidos e instituciones para contribuir a la transparencia; cambiar la Ley de Contratos del Estado; y, además, que se devuelva el dinero robado.
