La rápida extensión del coronavirus en España, con 7.340 fallecidos este lunes, y las posibles negligencias cometidas por las autoridades sanitarias y políticas españolas dibujan un panorama poco halagüeño para el Gobierno español, que con toda seguridad se tendrá que enfrentar durante los próximos meses a un aluvión de demandas y denuncias interpuestas por los contagiados.
El número de infectados con coronavirus este lunes era de 85.195 personas. Una cifra que hoy, y pese al previsible aumento de casos esperado, es un 65% superior al número de intoxicados que dejó el que hasta la fecha había sido el gran problema de salud pública desde la Transición en España: el envenenamiento de alrededor de 30.000 personas por consumir aceite de colza desnaturalizado.
Esta intoxicación masiva, que tuvo lugar en diferentes puntos de España desde abril de 1981, dejó alrededor de 350 fallecidos. Y según los cálculos realizados por el abogado del Estado Emilio Jiménez Aparicio, que plasmó sus conclusiones en el ensayo 'La ejecución de la sentencia de la colza', esta crisis de salud pública provocó un agujero al Estado de 2.500 millones de euros.
El Gobierno español tuvo que afrontar estos pagos porque una sentencia dictada en 1997 en la Audiencia Nacional le consideró responsable civil subsidiario en virtud de la "solidaridad social" con los afectados. "La condena penal del Estado está fundada, pues, en la solidaridad social, en la necesidad de atender a las múltiples víctimas", concluye este abogado del Estado en su ensayo sobre la ejecución de la sentencia del caso de la colza.
Catástrofe nacional
La sentencia de 26 de septiembre de 1997 sobre el aceite de colza califica la intoxicación como "un supuesto de catástrofe nacional (más de 30.000 afectados entre muertes, invalideces y lesiones de todo tipo) en que el Estado pudo y debió afrontar con las consecuencias indemnizatorias suficientes para compensar y resarcir a los afectados de sus consecuencias, como en múltiples ocasiones ha venido haciendo en supuestos, por ejemplo, de inundaciones, sequías, etc., sin esperar a que los Tribunales decidan sobre posibles responsabilidades penales", especifica el fallo.
Esta importante suma la tuvo que afrontar el Gobierno central entre 1999 y 2005 en concepto de indemnizaciones a los intoxicados. Según resalta el informe del abogado del Estado Jiménez Aparicio publicado en 2003 en el número 160 de la Revista de la Administración Pública (RAP), el Estado pagó en este periodo de tiempo las compensaciones a una media de 3.000 personas al año.
De los 30.000 intoxicados por el aceite de colza, según los datos facilitados por la prensa, alrededor de 20.000 lograron personarse en la Audiencia Nacional como acusación particular. Y estos afectados lograron reparaciones económicas de cuantías muy diferentes.
Indemnizaciones
Todo dependía del grado de intoxicación de los afectados: a los perjudicados por la muerte de una persona les correspondieron 90.151 euros; a los afectados que sufrieron lesiones de entre 16 y 30 días, 1.803 euros; a los afectados entre 31 y 60 días, 3.606 euros; y a los lesionados con una duración de entre 61 y 90 días, 5.409 euros.
Por su parte, los intoxicados más graves, es decir, los afectados con lesiones de más de 90 días y sin incapacidad recibieron 108.182 euros; los afectados con incapacidad parcial permanente, 150.253 euros; los afectados con incapacidad total permanente, 240.404 euros; los afectados con incapacidad absoluta, 450.759 euros; y los afectados con gran invalidez, 540.910 euros.
El pago por la colza fue tan elevado que el Gobierno se vio obligado a aprobar el Real Decreto-Ley 3/1999 para indemnizar a los afectados
La cantidad fue tan elevada, que el Gobierno de José María Aznar se vio obligado a aprobar el Real Decreto-Ley 3/1999 para pagar a los afectados las indemnizaciones al margen de los Presupuestos. En concreto, mediante anticipos de tesorería, destaca el abogado del Estado en su informe, que concluye después que esta fue la forma que ideó el Ejecutivo para entregar los fondos "por adelantado, antes de que hubiera una partida presupuestaria".
Responsabilidad del Estado
Jiménez Aparicio destaca que la sentencia de la colza condenó al Estado al pago de las indemnizaciones porque dos funcionarios públicos estaban incluidos entre los responsables penales de los hechos. En concreto, en el caso de la colza fueron procesadas varias personas: "Algunas de las cuales tenían la condición de altos cargos de algunas Administraciones Públicas —no sólo del Estado— y otras de meros funcionarios, pero sólo dos de estos últimos fueron finalmente condenados de forma directa, lo que llevaba consigo la condena del Estado como responsable civil subsidiario", concluye Jiménez Aparicio.
En la crisis actual, varias décadas después, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha iniciado un camino para determinar la responsabilidad penal del Gobierno en la gestión sanitaria del coronavirus; y ha acordado investigar si el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco Pardo, prevaricó al permitir -entre otras- la manifestación del 8 de marzo.
En concreto, estudiará su actuación al consentir "reuniones multitudinarias desde que se emitiera el informe sobre la Covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades".
El letrado que ha llevado ante la Justicia al Gobierno y a Pedro Sánchez por la gestión de la crisis del coronavirus por no prohibir concentraciones como las del 8-M, Víctor Valladares, ha sido condenado y sancionado por quedarse con el dinero de algunos de sus clientes sin llevar a cabo el trabajo para el que le habían contratado o no dar cuenta de él, según informó la Cadena Ser.
Valladares ha negado haber sido objeto de una condena, al mismo tiempo que ha asegurado que no reclamará dinero a las personas que se personen con él en las diferentes causas
