España

La amnistía convierte a España en el cuarto país de la UE bajo la lupa de la Eurocámara tras Polonia, Hungría y Rumanía

PP y Cs se reparten reuniones con embajadores, grupos parlamentarios -incluidos los socialistas- con el fin de hacer "pedagogía" sobre la quiebra del estado de Derecho en España

  • El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Eurocámara (2019). -

Ofensiva en Bruselas contra la ley de amnistía. El debate de la semana que viene sobre la propuesta de Pedro Sánchez que tendrá lugar en Estrasburgo ha convertido a España en el cuarto país de la Unión Europea (UE) que la Eurocámara pone bajo la lupa por el deficiente funcionamiento de su Estado de Derecho. Los tres anteriores fueron Polonia, Rumanía y Hungría.

Los grupos europeos de PP y Ciudadanos han unido sus fuerzas para la batalla de Bruselas, clave para desmontar la amnistía. Sus eurodiputados han enviado este lunes una carta a la Comisión Europea y al Consejo explicando el pacto alcanzado por PSOE y Carles Puigdemont.

En la carta, señalan que "España se encuentra al borde de la crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años" a raíz de la firma de este acuerdo. A su juicio, la amnistía "marca el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de derecho".

"Esta amnistía supone una grave vulneración del Estado de derecho y de la separación de poderes y va en contra de las decisiones judiciales independientes. El objetivo de la misma es revocar los procedimientos judiciales y las sanciones pendientes de aproximadamente 3.000 personas", dice la misiva.

"Pedagogía" con embajadores, comisarios y eurodiputados

A partir de ahora, según fuentes consultadas por Vozpópuli, PP y Cs han dividido sus agendas para reunirse con embajadores, comisarios, parlamentarios y hacer llegar el mensaje de lo que supone esta ley, de aprobarse, para el Estado de Derecho en España. "Se trata de hacer pedagogía", dicen fuentes del partido naranja.

El objetivo es llegar al pleno de Estrasburgo con los deberes hechos. Los eurodiputados de ambos partidos -21 en total- quieren entrevistarse con los embajadores de la representación permanente del mayor número de países posible. También esperan reunirse con comisarios y diputados de todos los grupos, incluidos los socialistas europeos.

PP y Cs son conscientes del peso de Sánchez en la familia socialista europea y que el argumento que más pesa en su Grupo de la Eurocámara es el del presidente del Gobierno. De hecho, celebraron su congreso en Málaga el pasado fin de semana. Pero no se resignan a explicar el pacto al que se ha llegado.

Fuentes comunitarias recuerdan que el Partido Socialista Europeo expulsó hace un mes a los socialistas eslovacos por su pacto de Gobierno con un partido que consideran de "ultraderecha". "Para muchos eurodiputados, Puigdemont es ultraderecha", explican estas fuentes. "Ya no es un desconocido".

La amnistía, ante el TJUE

Los populares europeos de varios países han expresado una gran preocupación por el pacto alcanzado en España. Y el tema será debatido en el pleno de la Eurocámara. El líder del partido liberal europeo (Alde) también ha emitido un comunicado en el que alerta de la amenaza para la separación de poderes que supone este pacto. "Es un debate sobre la situación del Estado de Derecho en España", señalan estas fuentes. "Y es algo que solo se ha dado con Rumanía, Polonia y Hungría".

El caso rumano, por ejemplo, también tuvo que ver con una amnistía. Y el Gobierno rumano acabó retirando el proyecto. No ocurrió lo mismo con Polonia y Hungría, que posteriormente se vieron sometidos a sanciones económicas y políticas de la UE. ¿Puede ocurrir lo mismo con España? Es complicado, según estiman en Bruselas.

La otra batalla que se puede librar en Europa contra esta ley está en los tribunales. La proposición de ley que ha dado a conocer el PSOE trata de cubrir todos los posibles recursos en España. Pero la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un salvavidas al que pueden agarrarse los órganos judiciales de España una vez aprobada la norma en las Cortes Generales. Y el TJUE, señalan estas fuentes, tiene la potestad de paralizar las excarcelaciones hasta resolver -en caso de pedirlo el juez- si la normativa española cumple con la legislación de la Unión.

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