La reciente intervención de la Policía Nacional que condujo a la detención del principal sospechoso en el ataque con cóctel molotov a la sede de Podemos en Cartagena sólo se entiende a partir del profundo conocimiento que los cuerpos de seguridad mantienen sobre grupos radicales y los miembros que los componen; incluidos los de extrema derecha. "El estudio de perfiles de autores de hechos de índole semejante permitió a los investigadores cerrar el cerco en torno al arrestado", detalló la Policía. Y así llegaron hasta el joven, que en su casa albergaba cuantioso material neonazi y armas blancas.
Lo cierto es que los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado monitorizan la actividad de personas y grupúsculos de extrema derecha. Temen que puedan llevar a cabo acciones violentas en España o que, incluso, tengan intenciones terroristas. El espejo de trágicos episodios que han tenido lugar en Europa sostienen su inquietud; también las operaciones que se explotaron a lo largo de 2020 dentro de nuestras fronteras que frustraron episodios de extrema violencia.
El informe Balance del terrorismo en España 2020 editado por el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo recoge el trabajo de los servicios de información por los movimientos de los individuos o grupos de extrema derecha. El documento detalla que los episodios ocurridos en los últimos años en lugares como Noruega, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Alemania reflejan “los riesgos de un terrorismo de extrema derecha” de consecuencias letales. Basta recordar a personajes como Anders Breivik, autor de la masacre de Utøya (Noruega), que se cobró la vida de 69 personas.
De acuerdo a la información ofrecida por el Centro Memorial, los servicios policiales españoles “monitorizan” también a las “personas y grupúsculos” que se mueven en estos ámbitos para evitar que protagonicen “incidentes de naturaleza terrorista”. El riesgo aún es “bajo”, pero basta con mirar algunos episodios recientes para percibir el alcance de las aspiraciones que se plantean desde estas esferas radicales.
Acciones de extrema derecha en España
El 20 de abril de 2020 fue detenido en Barcelona un individuo ucraniano vinculado con grupos neonazis que presuntamente pretendía constituir un “núcleo internacional vinculado a la extrema derecha”, una célula asentada en España y conformada por compatriotas suyos. Sobre él pesaba una orden de detención internacional y su país lo reclamaba por varios delitos. Entre ellos, el secuestro de un periodista que informó sobre su actividad.
Asimismo, en 2020 se explotó la Operación Ashto, que propició la identificación de dos individuos que residían en Zaragoza y Ronda (Málaga). La primera había comprado una finca en la que pretendían instalar una comunidad alejada de la sociedad con el fin de constituirse como “milicia” para la “guerra racial”. Tenían previsto financiarse con el cultivo y venta de marihuana para adquirir armas y explosivos.
Esta operación suponía la segunda fase de otra intervención que Guardia Civil y Mossos d’Esquadra explotaron en 2019, que se saldó con dos detenciones y la intervención de armas blancas, un revólver y cuantioso material nazi o manuales de guerrilla.
A lo largo del año se registraron más operaciones en la misma línea. El 14 de diciembre la Guardia Civil capturó en Málaga a dos ciudadanos alemanes y uno británico a los que se les ocupó 150 armas de fuego, incluidos fusiles de asalto Zastava o AK-47, subfusiles UZI, Scorpion vz 61 o MP-40. Uno de ellos presumía de ser el nieto del último conductor de Adolf Hitler y, además de guardar material nazi en su vivienda, mantenía conexiones con grupos de la misma ideología de su país y también en España.
Tampoco faltaron intervenciones de menor envergadura, pero que también frustraron episodios de violencia. Así, en mayo de 2020, la Policía Nacional evitó que un grupo vinculado a la extrema derecha y otro de extrema izquierda se citasen en el barrio madrileño de Moratalaz para enfrentarse entre sí.
"Quebrar la confianza en las instituciones"
Por todo eso, y en virtud de los episodios registrados en otros países de occidente que alcanzan cotas de terrorismo, los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad monitorizan la actividad de los grupos vinculados a la extrema derecha. El objetivo es adelantarse a sus movimientos e impedir que lleven a cabo acciones que atenten contra la seguridad nacional y ciudadana.
No en vano, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) alertó en el capítulo dedicado al terrorismo de su último informe anual de que los grupos más radicales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, protagonizan un “incremento significativo” de su actividad en línea, dedicada a sumar más adeptos. Su objetivo final, “alterar la pacífica convivencia entre los ciudadanos y quebrar la confianza en las instituciones democráticas del Estado”, especialmente en un contexto de mayor fragilidad derivada de la pandemia.
