La Fiscalía anticorrupción trabaja para demostrar el origen ilícito de las millonarias inversiones inmobiliarias que han hecho en España excargos del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La clave reside en que la imputación por blanqueo de capitales solo es posible si se demuestra que el dinero proviene de actividades delictivas en Venezuela. Estados Unidos lo ha demostrado ya en varias casos, a través de informes bancarios y confesiones de testigos e investigados.
El Ministerio Fiscal español se ha interesado por el desenlace de las investigaciones en suelo estadounidense y ha viajado a Miami (Florida) para reunirse con las autoridades y recabar información para descifrar la trama de blanqueo del chavismo en España, han informado a Vozpópuli fuentes del caso.
Madrid y Washington ya habían trabajado juntas en ocasiones anteriores tras la pista de personas vinculadas al gobierno bolivariano. En los últimos tres años, el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido al menos una decena de excargos venezolanos requeridos por Estados Unidos; la lista incluye a ministros, jefes de seguridad, directores de finanzas de empresas públicas y demás funcionarios cercanos a las altas esferas de poder de Chávez y Maduro.
Varios de los investigados han sido entregados, algunos incluso ya cumplen condena en Estados Unidos y otros permanecen en España a raíz de diferentes procedimientos que se siguen en su contra.
Venezolanos requeridos por Estados Unidos
Nervis Villalobos, Luis Carlos De León y César Rincón son tres de los venezolanos contra los que se ha dictado orden de detención internacional. Fueron arrestados en España en octubre de 2017, acusados de unos 20 cargos entre los que se incluye "conspiración para cometer lavado de dinero". De León y Rincón fueron extraditados. Villalobos permanece en Madrid.
Aunque varios tribunales españoles estudian el blanqueo del chavismo, la mayor investigación se desarrolla en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Allí, el juez Juan Carlos Peinado dirige las pesquisas sobre la "defraudación y/o apropiación del patrimonio" de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas públicas del país caribeño, como la Corporación Eléctrica (Corpoelec).
El exviceministro de Energía Nervis Villalobos es uno de los principales sospechosos en la trama. Se encuentra en libertad provisional desde enero, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera no extraditarle a Estados Unidos para evitar dilaciones en el procedimiento que se investiga en el Juzgado madrileño de Plaza de Castilla.
Villalobos está siendo investigado por las autoridades de Texas por lavar dinero de PDVSA. En concreto, se le acusa de participar en un sistema de conspiración para el blanqueo de capitales junto a Roberto Rincón y Abraham Shiera, ambos juzgados y reconocidos culpables.
Sobornos y lavado de dinero
En el marco de la causa que se sigue en su contra, el exdirector de Finanzas de una de las filiales de PDVSA Luis Carlos De León, quien fuera detenido y extraditado desde España en 2017, admitió haber participado junto a Villalobos en la trama destinada al cobro de sobornos y el lavado de dinero.
En España, la Policía asegura que el exviceministro utilizó un entramado de sociedades para blanquear unos 50 millones de euros en la península. Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recogido por El País, Villalobos y sus socios adquirieron en España 113 propiedades, 71 pisos y 42 plazas de garaje. La Fiscalía española reúne pruebas para acusarle de blanqueo de capitales.
Varios de los investigados han sido entregados, algunos incluso ya cumplen condena en Estados Unidos y otros permanecen en España a raíz de diferentes procedimientos que se siguen en su contra
Otro de los investigados por el ministerio público es Javier Alvarado Ochoa. El exviceministro de Desarrollo Eléctrico fue detenido en mayo en virtud de una orden internacional dictada por un juez de Texas que le reclama por delitos de corrupción. En España se le investiga en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por la trama de blanqueo de capitales y en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por los supuestos sobornos de la empresa asturiana Duro Felguera a políticos venezolanos.
Tanto Villalobos como Alvarado son requeridos por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. La Fiscalía del país caribeño considera que ambos utilizaron su "influencia en los círculos de poder" para organizar un sistema de comisiones en relación a contratos públicos de la empresa PDVSA. Ninguno será extraditado de momento, ya que tal y como consta en sus respectivos autos de detención se pretende evitar dilaciones en los procedimientos que se siguen en España, en los que el Ministerio Fiscal intenta probar el origen ilícito de las millonarias inversiones.
