El careo de los peritos que han estudiado la solvencia de Plus Ultra contó este martes con la intervención de dos partes clave de la causa. La Fiscalía y la Abogacía General del Estado participaron en esta diligencia mediante preguntas a los expertos financieros que tratarían de inclinar la balanza a favor del rescate de 53 millones de euros. De esta forma, el Ministerio Público y los servicios jurídicos del Gobierno focalizaron sus preguntas en la ausencia de delito con la entrega de la ayuda y en el hecho de que la compañía sí cumplió con los requisitos para acceder al fondo.
La magistrada Esperanza Collazos, que investiga el rescate a Plus Ultra por delitos de malversación y fraude, acordó este careo para despejar las dudas sobre la entrega de la ayuda. La instructora dejó en el aire decisiones de calado como la petición de la Fiscalía de archivar la causa, a la espera de escuchar en sede judicial las explicaciones contrapuestas de los expertos. De un lado, citó a los peritos de Deloitte y DC Advisory (asesor legal y financiero de la SEPI, respectivamente) y, de otro, a los peritos independientes designados por el juzgado.
El tono del encuentro fue amable, pero las partes implicadas en el procedimiento participaron para tratar de arrojar luz al asunto. Así, mientras las acusaciones que ejercen el Partido Popular, Vox y Manos Limpias preguntaron sobre las dudas expresadas por el experto independiente, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado tomaron la palabra para que se acreditase el extremo contrario. Fuentes presentes en la cita consultadas por Vozpópuli explican que las representantes del Ministerio Fiscal y de los Servicios Jurídicos del Gobierno también intervinieron en el careo.
La Abogacía tuvo más protagonismo ya que participó en más ocasiones. En concreto se interesó por acreditar en sede judicial que la aerolínea cumplía con los requisitos exigidos por el Gobierno para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Por eso sus preguntas fueron destinadas principalmente a constatar que, de la documentación examinada y que obra en el sumario del procedimiento, se podía deducir que la aerolínea no estaba en crisis a fecha de 31 de diciembre de 2019.
¿Hubo manipulación?
La Abogacía General del Estado ejerce la defensa legal de los miembros del consejo gestor de la SEPI imputados en la causa. El Gobierno litiga para evitar que el vicepresidente del holding público, Bartolomé Lora, y el resto de investigados terminen sentándose en el banquillo por la concesión de estos 53 millones de euros que, según las acusaciones, se aportaron sin que la compañía acreditara que podría ser beneficiaria de la ayuda. En estos meses de causa, la Abogacía ha reiterado que los trabajos de los asesores legales y financiero de la SEPI prueban que no hay irregularidad alguna.
Según ha defendido, se trata de informes técnicos realizados por empresas independientes de máxima cualificación y solvencia que se seleccionaron de forma objetiva. Por ese motivo se opuso en más de una ocasión a la diligencia acordada por la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid asegurando incluso que los peritos del despacho Martín Molina se habían extralimitado en su trabajo. La magistrada tumbó todos los intentos del Gobierno por frustrar esta pericial alegando que es necesaria porque es una causa muy compleja y porque el objetivo es "encontrar la verdad material".
Por su parte la Fiscalía también participó en el careo de este martes, aunque en menor medida. La fiscal al frente del caso intervino principalmente para tratar de acotar el objeto de la diligencia. Según expuso, lo que se trata de averiguar es si se ha cometido un ilícito penal con la entrega de la ayuda. Es decir, más allá de las cuestiones técnicas de los expertos (que obligaron a la juez a pedir aclaraciones en más de una ocasión) la verdadera finalidad sería probar que no se ocultó información a los peritos de la SEPI que acreditaron la solvencia de Plus Ultra.
Criterios opuestos
El Ministerio Público también ha mostrado en los últimos meses su negativa a continuar con el procedimiento. Aunque en un primer momento no se opuso a congelar la segunda parte del rescate a la aerolínea, finalmente ha terminado por sumarse a la tesis de la Abogacía General del Estado y ha pedido que se dé carpetazo a la causa. En su solicitud remitida al juzgado, la Fiscalía Provincial de Madrid razonó que "no existen en las conclusiones (del peritaje) elementos contundentes" que permitieran modificar el criterio plasmado por la SEPI.
Ahora, y tras escuchar a todos los expertos implicados en la causa, la magistrada tendrá que decidir el rumbo del procedimiento. Con todo, la cita acordada sirvió para que los expertos evidenciaran criterios opuestos en lo que respecta a determinados aspectos concretos del rescate. Así, por ejemplo, los expertos designados por el juzgado volvieron a pronunciarse en relación al préstamo de 6,3 millones de euros que Plus Ultra canalizó en el paraíso fiscal de Dominica en diciembre de 2017.
Los peritos explicaron que, aunque no hay irregularidad contable alguna, no se tenía que haber canalizado como préstamo participativo ya que Plus Ultra se comprometió a no tocar dos millones de euros de la línea de crédito. "En realidad, lo que se busca con ese depósito indisponible es, de un lado conceder una preferencia de cobro a un acreedor y, de otro, seguir aparentando una situación irreal de solvencia, amparada en la consideración del préstamo participativo", expuso el perito en su trabajo.
A este punto se añaden otros dos que también enfrentaron a los expertos. De un lado, una incorrecta imputación de un beneficio de 6,34 millones de euros en las cuentas del rescate (2019) y, de otro, las provisiones para pleitos judiciales por un total de 1,8 millones de euros. Por ello, mientras los peritos del juzgado apuntan a problemas de solvencia de la compañía, la SEPI y la propia Plus Ultra insisten en que cumplía los requisitos de elegibilidad y que la mala situación financiera se produjo a partir de 2020 por motivo, únicamente, de la pandemia.
