El concejal de Leganés Carlos José Delgado ha interpuesto una denuncia en Fiscalía en la que explica que, agotadas las otras vías para obtener respuesta ante las sospechas de beneficio por parte del alcalde en la venta de mascarillas, ve necesario acudir a la Justicia para investigar una presunta irregularidad. Como defiende la acusación, las facturas de la compra de material sanitario nunca han llegado porque el alcalde, Santiago Llorente, las ha ocultado. Los pagos se hicieron en plena situación de emergencia mediante donaciones hechas por los vecinos y se operó a través de una cuenta vinculada al ayuntamiento desde la Fundación Juan Muñoz, tal y como anunció el mismo ayuntamiento, que recaudó un total de 128.549,47 euros.

Los denunciantes sospechan que el mecanismo de compra de material sanitario es irregular tomando varias facturas como prueba del ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Al parecer, se habrían suministrado 4.000 mascarillas a 12 euros cada una, según apunta el denunciante, que no desestima que se hayan realizado más actividades parecidas. La relación entre ambos ayuntamientos también sería sospechosa como una derivada de tráfico de influencias.

Ante la falta de transparencia de cómo el ayuntamiento hizo esas compras y la falta de compromiso del mismo alcalde, la formación política denunciante ha pedido que se depuren responsabilidades y se actúe como se están investigando otros presuntos delitos relacionados con la compra anómala de material sanitario. El ayuntamiento se comprometió el 2 de abril de 2020 a remitir todas las facturas con las que se compró el material para que los "donantes, vecinos, vecinas, empresarios y entidades de la ciudad" pudieran conocer el destino de sus donaciones. Además se insistió en que “funcionarios del ayuntamiento de Leganés" eran los encargados de realizar todas estas compras” o la Fundación para, como denuncia el escrito, “evitar así trámites burocráticos con la administración”.

A fecha de hoy, tampoco se ha celebrado ninguna reunión de la comisión de investigación que fue aprobada hace un año ni tampoco se ha realizado una auditoria externa, como prometió el ayuntamiento. El alcalde ha reiterado que la información que se solicita es privada al ser de la Fundación Juan Muñoz la que figura como entidad de transacción. Sin embargo, dicha fundación tiene una "naturaleza jurídica híbrida" ya que la mayoría de los cargos están vinculados a puestos públicos. La presidencia, secretaría y varias vocalías forman parte del gobierno municipal y el resto de miembros, además, se eligen a 'dedo' por el alcalde. Así, la denuncia interpuesta exige una desestimación de la personalidad jurídica.

A lo largo de la pandemia, el ayuntamiento ha hecho públicas algunas entregas de material sanitario como test y mascarillas en colaboración con entidades y ayuntamientos, como por ejemplo un paquete de 5.000 test al Hospital Severo Ochoa. Sin embargo, no ha hecho públicas en ningún caso las cantidades económicas que se han intercambiado en las relaciones comerciales.

En el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli se hace mención a la advertencia reciente del Tribunal de Cuentas, que alertaba del precio exagerado que tuvieron durante la pandemia las mascarillas FPP2 en las mismas fechas por el ayuntamiento de Madrid fijadas a 6 precios por unidad. En este caso, supuestamente, las mascarillas se habrían vendido por el doble incluso que un precio ya hinchado.