El 4 de mayo de 2021, cuando la investigación por el pelotazo de las mascarillas sumaba ya siete meses vida, Anticorrupción puso el foco en una pieza determinante de la trama: San Chin Choon. Detrás de este nombre se encontraba la firma que suministró material sanitario a Madrid con la mediación de Luis Medina y Alberto Luceño. La Fiscalía envió entonces a Malasia cerca de una veintena de preguntas sobre la verdadera naturaleza de las comisiones millonarias repartidas y el coste real de las mascarillas. Pese a la trascendencia del asunto, ninguna de ellas ha tenido respuesta.
Mientras todas las miradas apuntaban al origen del contrato supuestamente irregular, Anticorrupción libró una comisión rogatoria a Malasia para localizar a este proveedor. Se trata de la persona que aparece al frente de Leno, la firma escogida por Medina y Luceño para suministrar mascarillas, guantes y test covid en lo peor de la pandemia. La Fiscalía recurrió a este país asiático tras acreditar el reparto de seis millones de dólares entre los dos empresarios, así como la "ínfima" calidad del material que recibió el Ayuntamiento.
En su escrito, que obra en el sumario de la causa al que ha tenido acceso Vozpópuli, Anticorrupción pidió que se tomase declaración como testigo a San Chin Choon y adjuntó un total de 19 preguntas. Ha pasado cerca de un año y las incógnitas siguen en el aire ya que han sido incapaces de dar con su paradero. Tampoco Malasia ha aportado información sobre este proveedor a quien el Ayuntamiento pagó 11 millones de dólares en marzo de 2020 con el pelotazo de las mascarillas.
¿Es cierto que Alberto Luceño y Luis Medina son los agentes exclusivos de Leno para la importación de productos sanitarios?, ¿Habría tenido inconveniente Leno en vender las mascarillas, guantes y test directamente al Ayuntamiento de Madrid?, ¿Cómo se calculó la cuantía de las comisiones? Las cuestiones planteadas por el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol pretendían arrojar luz al papel de los comisionistas toda vez que se había acreditado el pago de fondos presuntamente irregulares y su posterior blanqueo en artículos de lujo.
"¿Cuál era el precio real de las mascarillas?"
La batería de preguntas también pretendía esclarecer si el precio de todo este material sanitario sería el mismo en caso de que no se hubiera desviado un total de seis millones de dólares. Máxime porque en el sumario aparecen documentos de Leno sobre las comisiones a pagar tanto a Medina como a Luceño. Es decir, estos montos que canalizaron en Malasia y transfirieron a España se camuflaron en el coste de los materiales pese a que la firma asiática ya sabía que tenía que descontar una parte generosa a los dos comisionistas.
También se le preguntaba por la mala calidad de los guantes y por uno de los aspectos que más llama la atención a los investigadores y es el relativo a por qué Medina cobró un millón y Luceño 5 millones si los dos figuraban como "agentes exclusivos" de Leno y habían pactado además comisiones idénticas con el pelotazo. "¿Por qué no se le pagó al Sr. Medina la comisión de 1,12 de dólares previamente pactada por la venta de los guantes y, por el contrario, el Sr. Luceño sí recibió su comisión de 1,8 millones?", se preguntaron.
Para entonces, Anticorrupción ya había seguido el rastro de los fondos ingresados en España y se había percatado de que Luceño se embolsó más dinero del que acordó con Medina en la operación de los guantes y de los test. También detectaron que desde Leno se pagaron ya en abril 3 millones más a Luceño sin que hubiera justificación aparente de este desembolso. Así lo explicaron en la comisión rogatoria, haciendo hincapié en que con estas preguntas pretendía conocer si realmente las personas investigadas tenían la condición de agentes exclusivos de Leno y si este contrato había supuesto un perjuicio económico para el Ayuntamiento de Madrid.
Sin respuesta de Malasia
Máxime después de estudiar los mensajes que Luceño se intercambió con la responsable de compras del Ayuntamiento, Elena Collado. En la cadena de Whatsapps se aprecia como esta alto cargo del consistorio le trasladó, semanas después de haber cerrado este contrato por la vía de urgencia (y tras constatar la mala calidad de los guantes y los test) que les habían estafado seguro y que era "lo peor" que le había pasado en su vida.
La Fiscalía remitió también a las autoridades malayas el polémico contrato de 11 millones de dólares y un certificado firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que dejó patente que la comisión rogatoria se libró en el marco de una investigación penal por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, incidiendo en que se trata de delitos con pena de cárcel.
El 24 de mayo el Ministerio de Justicia notificó a la Fiscalía Anticorrupción que se había librado la comisión rogatoria a Malasia pero no fue hasta octubre cuando se alude a la respuesta del país asiático. La misma se produjo desde la Fiscalía General del Estado de Malasia a la Embajada de España en Kuala Lumpur y fue infructuosa. De hecho, el fiscal al frente del este caso por el pelotazo de las mascarillas dejó patente que si recurrió al auxilio judicial fue porque no tuvo respuesta cuando intentó contactar previamente "de manera informal con las autoridades del país".
Ya en noviembre se notificó que Malasia no remitiría la información solicitada a menos de que no hubiera una implicación del Gobierno de España en estos hechos. La respuesta de Malasia deja claro que esta investigación que acaba de arrancar en los tribunales tras la admisión a trámite de la querella de Anticorrupción, tendrá que seguir adelante sin tener respuesta de uno de los grandes protagonistas del caso.
