La Fiscalía del Tribunal Supremo prepara la reactivación de la euroorden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y contra el resto de exconsellers fugados tras la notificación de la sentencia del procés, según han confirmado fuentes del ministerio público a Vozpópuli.
Precisamente este martes, en declaraciones a Catalunya Radio recogidas por Europa Press, Puigdemont ha asegurado estar preparado ante una eventual reactivación de una euroorden contra él, y que, "si al final de ese recorrido jurídico hay una extradición inevitable", la afrontará, como hubiera aceptado si así lo hubiera dictado el tribunal alemán que la desestimó.
En la misma entrevista, Puigdemont ha asegurado que quieren acusarle de "terrorismo" para poder "emitir una euroorden" contra él. De esta forma el expresidente catalán, que vive en Waterloo (Bélgica) fugado de la justicia española, se refiere a las conexiones que pudo haber tenido, según la investigación de la Guardia Civil, con los Comités de Defensa de la República (CDR) catalana, y también con integrantes de su brazo más radical, el Equipo de Respuesta Táctica (ERT).
Habla con Torra
En el mismo sentido, Puigdemont ha afirmado que no necesita "ningún intermediario para poder hablar con el presidente Torra", tal y como apuntan las pesquisas del magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón.
Ya el 9 de septiembre, la fiscal general del Estado, María José Segarra, hizo unas declaraciones en TVE en las que apuntaba que la sentencia del procés permitiría revisar la activación de las órdenes europeas de detención contra el expresidente catalán y los exconsejeros huidos.
Sin embargo, la última palabra la tiene el juez instructor de la causa en el Supremo, Pablo Llarena, que hace más de un año retiró la euroorden cuando, tras la detención de Puigdemont en Alemania, el Tribunal Regional de Schleswig-Holstein contestó que sólo entregaría al líder catalán por un delito de malversación y no por los de rebelión, sedición y desobediencia por los que estaba siendo reclamado.
En aquel momento, Llarena optó por retirar la petición de arresto europeo, dado que de ejecutarse, Puigdemont sólo podría ser juzgado en España por malversación, un delito menor en comparación con todos los que se le imputan por liderar el proceso soberanista contra el mandato del Tribunal Constitucional.
Aunque la orden de detención europea no está activa, Puigdemont continúa procesado en España y en situación de rebeldía. Si entrase en territorio español sería detenido, dado que dentro del país está reclamado por la Justicia.
