La Fiscalía del Tribunal Supremo, la institución del Estado que junto al magistrado del Alto Tribunal Pablo Llarena investiga los delitos presuntamente cometidos en el 'procés' de Cataluña, ha advertido de que el reciente acuerdo de legislatura entre las formaciones independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat) es contrario a la ley vigente en España, según un escrito enviado al juez.
Entre las iniciativas que se enmarcan "claramente fuera de la legalidad constitucional y estatutaria", destaca el ministerio público, está "el reciente acuerdo alcanzado entre las formaciones políticas Junts per Catalunya (JxC) y ERC para la continuación del proceso constituyente que termine con la constitución de la República y la celebración de una nueva consulta", resalta la Fiscalía.
La Fiscalía del Tribunal Supremo reclamaba en su escrito dirigido al juez Pablo Llarena que no liberase al candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Sànchez, tal y como había solicitado su defensa, que pretendía que el expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) tuviera un permiso especial para acudir este lunes al Pleno del Parlament, cuyo celebración podría retrasarse a la espera de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la petición de excarcelar a Sánchez.
En este sentido, el ministerio público considera que en el contexto actual existen "sectores y fuerzas políticas que claramente apuestan por la utilización de mecanismos de secesión al margen de las normas constitucionales", como por ejemplo el grupo parlamentario de Junts per Catalunya, en el que está integrado Sànchez.
El "prófugo" Puigdemont
La Fiscalía del Tribunal Supremo alude en su escrito a otras iniciativas políticas que atentan contra la ley, como por ejemplo la designación política de un "prófugo" de la Justicia como presidente de la Generalitat, en directa alusión a la estancia de Carles Puigdemont, cabeza de lista de Junts per Catalunya (JxCat) en Bélgica.
Otra iniciativa reciente, que según el ministerio público es contraria a la normativa, es el acuerdo de los secesionista para crear un "Consell de la República en el exilio" o en la sombra que dirija "los destinos" de Cataluña.
Juez Llarena
Por su parte, el auto del juez Llarena ahonda en la interpretación de la Fiscalía sobre los riesgos de reiteración delictiva de Jordi Sánchez y del resto de imputados, y especifica que en el contexto político actual hay sectores que defienden que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata, al mismo tiempo que se mantiene un plan de secesión que pretende desplegar de forma ilegal una legislatura constituyente.
Así, siempre según el juez Llarena, "Sànchez ha revalidado su compromiso delictivo, integrándose en una candidatura que proclama precisamente continuar ejerciendo el método de actuación que se investiga", destaca el auto del Supremo.
