El juez Eloy Velasco, instructor de la llamada Operación Púnica, que investiga una trama municipal y regional de cobro de comisiones ilegales, ha ordenado la prisión provisional sin fianza para el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y para el empresario de la construcción David Marjaliza, quienes han sido interrogados este viernes por el magistrado. Granados ha contestado a las preguntas del juez y las fiscales del caso durante dos horas y ha negado negocios en común con Marjaliza, que se ha negado a declarar.
En el auto, el juez reseña que Granados es titular de "algunas de las cuentas" de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales "agravado".
Según Velasco, existen indicios de que a lo largo de su carrera pública Granados habría beneficiado a David Marjaliza y otros empresarios como José Luis Huerta en materia de contratación pública y urbanismo, "tomando parte en una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio".
El juez añade que se han identificado "operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios, incurriendo presuntamente en los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude".
Traspaso de cuentas
El exconsejero madrileño defendió ante el juez que no tuvo ninguna relación de negocios con su amigo de la infancia Marjaliza, considerado como uno de los "conseguidores" de la trama. Granados respondió a todas las preguntas de juez y fiscales, y reconoció que en 1996, cuando trabajaba en banca de inversión, tenía una cuenta en Suiza con 320.000 euros, que recuperó en el año 2000, cuando le traspasó la cuenta a Marjaliza, quien años después llegó a acumular en ella 1,6 millones, según fuentes de la defensa. Granados ha especificado que no tenía ninguna influencia en la concesión de contratos públicos de la Comunidad.
El fiscal Anticorrupción había solicitado al juez, tras escuchar esta mañana las declaraciones Granados y de Marjaliza, que decretase prisión sin fianza para ambos. Velasco investiga una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles" que logró obtener de manera irregular la adjudicación de "numerosos" contratos públicos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones, según el propio magistrado.
