La 'Operación Púnica' apunta ya hacia la Comunidad de Madrid... y por partida triple. En las últimas horas, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han presentado sendos requerimientos de documentación a tres organismos del Gobierno regional que preside Ignacio González para que entreguen facturas, expedientes de adjudicación y planes urbanísticos bajo sospecha. Se trata, en concreto, de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña y la Agencia de Informática y Comunicaciones. El Instituto armado ya había detenido el lunes al consejero delegado de esta última agencia, José Martínez Nicolás.
La Guardia Civil sospecha que funcionarios de la Comunidad de Madrid generaron facturas falsas para disponer de una bolsa de dinero 'B'
Los requerimientos de información son continuación del grueso del dispositivo desarrollado a lo largo de este lunes. En el mismo, la Unidad de Delitos contra la Administración de la UCO detuvo a 35 personas e imputó a otras quince, además de realizar 21 registros entre ayuntamientos y sedes de diferentes empresas y bufetes de abogados supuestamente implicados en la trama corrupta. Este martes, sin embargo, la labor de los agentes se ha centrado en tomar declaración al mayor número de arrestados y realizar requerimientos de información en distintas instancias. En total, se han hecho doce gestiones en este sentido, entre ellos los tres entregados en los organismos de la Comunidad de Madrid.
Con estas peticiones se pretende abrir una tercera línea de investigación paralela de las que intentan desentrañar, por un lado, el origen de la fortuna que Granados poseía en dos cuentas en Suiza y, por otro, las supuestas irregularidades en las adjudicaciones a la multinacional de eficiencia energética Cofely GDF Suez, y que salpican directamente a los seis alcaldes madrileños detenidos. En este caso, los agentes pretenden identificar a los funcionarios de la Comunidad de Madrid que, supuestamente, generaban facturas falsas por las que la Comunidad de Madrid pagaba sin recibir a cambio ninguna prestación de servicios. De este modo, añaden las fuentes consultadas, estos integrantes de la trama conseguían generar una bolsa de dinero 'negro' para su lucro. En otros casos se reclama información de operaciones urbanísticas sobre los que existe sospecha de irregularidades o expedientes de adjudicaciones también dudosas.
Urbanísmo, informática y montañas
Uno de estos organismos es la Agencia de Informática y Comunicaciones, que depende de la Consejería de Presidencia que actualmente encabeza Salvador Victoria, hombre de la máxima confianza de Ignacio González, pero que en su día estuvo en manos de Granados. Entre las funciones de este organismo se encuentra "la prestación de los servicios informáticos y de comunicaciones a la Comunidad de Madrid, mediante medios propios o ajenos", para lo que cuenta con un presupuesto para este año superior a los 155 millones de euros. La UCO investiga, en concreto, la adjudicación de un contrato a Indra. Martínez Nicolás, el funcionario detenido, había accedido a su actual puesto en 2007, cuando el responsable de la consejería era, precisamente, el antiguo 'número 2' de Aguirre.
Dos de los tres organismos investigados ahora estuvieron en su momento bajo el control de Francisco Granados
La segunda agencia cuyos archivos rastrea la UCO es la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, integrada en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. De ella dependen los planes, estudios y proyectos relacionados con el desarrollo urbanístico de la comunidad. Fuentes oficiales de este departamento explican a Vozpópuli que los agentes requirieron "un único expediente", en concreto, un plan parcial de urbanismo en Valdemoro, que aunque dicho organismo no elaboró, sí custodiaba en sus archivos. Finalmente, el tercer organismo al que se ha solicitado información es el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM), una agencia desaparecida en 2010 cuyo objetivo era "difundir y potenciar el legado de los diferentes municipios de la sierra madrileña". Como la Agencia de Informática, también dependía de la Consejería de Presidencia cuando la misma la dirigió Granados.
