Tras la aprobación de la subida progresiva de sueldo de la Policía Nacional y la Guardia Civil para equipararse con los Mossos d'Esquadra, ahora son los funcionarios de prisiones quienes reclaman lo mismo. "¿Por qué un compañero en Cataluña cobra más que yo si hacemos lo mismo?", se preguntan los trabajadores.
Aseguran que desde el escalafón más bajo al cargo más alto, las diferencias de salario entre los funcionarios de prisiones catalanes y los del resto de España van desde los casi 3.000 euros al año a los 25.000 euros.
En todo el territorio español (exceptuando Cataluña) los funcionarios de prisiones más el personal laboral suman "una plantilla total de 23.200 empleados", señalan desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). Para equiparar sus salarios con los de los catalanes, el Ejecutivo tendría que asumir un gasto de "168 millones de euros", especifican desde el sindicato CSIF.
"Se trataría de destinar 51 millones de euros a la reclasificación de niveles profesionales (15 millones de euros), la asignación al grupo B de los actuales C-1 (31 millones de euros), la recuperación del 100% de las pagas extra perdidas en 2010 (5 millones) más 117 millones destinados a la subida generalizada de sueldos para la equiparación", explica el presidente de la APFP, Paco Llamazares.
Una petición que lleva más de un año intentando ser escuchada. "Llevamos más de un año con movilizaciones frente a Interior intentando concertar una reunión con el ministro Juan Ignacio Zoido, pero todavía no hemos obtenido respuesta", lamentan los trabajadores. Ayer mismo, el gremio realizó encierros en todas las prisiones del país (un total de 69) desde las 10 hasta las 17 horas y prevén repetirlos el 12 de abril.
Falta de personal y módulos sin abrir
Pese a que ha bajado la población reclusa, los trabajadores aseguran que "el trabajo es el mismo" y la escasez de personal se hace notar. "Hay más de 3.000 plazas vacantes sin cubrir y 52 módulos sin abrir por falta de personal, no por falta de internos", apunta Llamazares. Por ello otra de las peticiones que demandan es que "cada año se abra una bolsa de empleo público con 1.000 plazas". En la misma línea se postulan desde los sindicatos, quienes aseguran que lo que más les preocupa es la actual media de edad de los funcionarios de prisiones: 54 años. "Esto significa que en 5 años habrá una fuga de 7.000 empleados que a este ritmo no van a ser sustituidos", recalcan desde APFP.
