Hay que pisar mucho más el acelerador y meter el turbo para evitar que grandes empresas interesadas en instalarse en Galicia busquen finalmente otros lugares en los que los trámites de apertura son más cortos y menos farragosos. Con los prismáticos vigilando de forma constante la vecina Portugal, el presidente de la Xunta se ha marcado como gran objetivo incrementar el atractivo de la comunidad a nivel industrial mediante la aplicación de un plan basado en la agilización de la burocracia y en la rapidez de actuación de todas las administraciones implicadas.
Para ello, Alfonso Rueda ha decidido declarar como estratégicas todas las iniciativas empresariales que supongan la creación de al menos 25 puestos de trabajo, cuenten con una financiación a partir de dos millones de euros y tengan una importante incidencia territorial y socioeconómica. El compromiso del gobierno gallego consiste en garantizar que la tramitación de todos esos proyectos durará, como máximo, un año desde que se presente la documentación y hasta su aprobación definitiva.
¿Son promesas que al final, como suele suceder, acabarán criando telarañas en los cajones de las distintas administraciones? Rueda asegura que no será así y para ello el gobierno gallego promete indemnizar al promotor con un 1% del coste total del proyecto, siempre hasta un límite de 500.000 euros, cuando los retrasos burocráticos superiores a doce meses sean atribuibles a los engranajes públicos. Se trata, en suma, de ofrecer un plus de seguridad y seriedad a los grandes emprendedores en un escenario nacional e internacional cada vez más competitivo, en el que la agilidad es básica para evitar la huida de inversores a otros enclaves más dinámicos y en los que se sienten mejor valorados. En cuanto a la disposición de capital, el líder autonómico de Partido Popular anuncia la creación de un fondo público-privado, con un capital fundacional de 300 millones de euros, que permitirá que echen a andar aquellos proyectos con más potencial que están estancados por falta de financiación.
El presidente gallego también incluye en ese acelerón a los proyectos industriales de tamaño medio, en los que figurarán todos los que alcancen los 800.000 euros de inversión. La puesta en marcha de una ventanilla única en la Xunta permitirá reducir a la mitad el tiempo de aprobación de dichas iniciativas, aunque para lograr ese objetivo también será necesario engrasar con mucha más eficacia los engranajes que corresponden a la administración local. En ese sentido, Rueda señala que garantizará el apoyo del gobierno gallego en el caso de que los permisos de obras municipales se demoren sin motivo. Ese apoyo podría traducirse en que la Xunta, en “última instancia”, podría llegar a emitir licencias que no son de su competencia para conseguir que los proyectos salgan adelante.
Un jamón contra la desesperación
La lentitud burocrática es un mal crónico que afecta a un gran porcentaje de los ayuntamientos españoles, y lo cierto es que Galicia no se libra, salvo honrosas excepciones, de dicha enfermedad. Sobre este particular, un estudio realizado a finales de 2021 por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) señalaba que el tiempo media de espera en el conjunto de las ciudades gallegas para conseguir una simple licencia de obra alcanzaba ya los 14 meses, con Ferrol y Ourense a la cabeza del pelotón de los lentos (año y medio de trámites) y A Coruña y Santiago en el extremo contrario pese a que tampoco pueden presumir, ni de lejos, de derrochar agilidad. De hecho, se trata de un acto reglado cuya tramitación no debería superar los tres meses.
El hartazgo de cientos de afectados por las demoras en la tramitación de permisos urbanísticos animó a un colectivo empresarial gallego, en marzo de este año, a poner en marcha una curiosa campaña dirigida a denunciar los grandes retrasos administrativos en la concesión de licencias. Orquestada por la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Galicia, este colectivo anunció que regalaría un jamón al particular o empresario del municipio de A Coruña que acreditase llevar más tiempo esperando, tras solicitar un permiso urbanístico, a recibir luz verde por parte del Consistorio.
El presidente de Ascega lamentaba la indignante parálisis que padeció la ciudad herculina, en ese área, durante los cuatro años de gobierno de la denominada Marea Atlántica (coalición de izquierdas que alcanzó el poder entre 2015 y 2019), situación que no ha mejorado gran cosa, según dicha fuente, desde que la socialista Inés Rey tomó las riendas del Ayuntamiento. “Los retrasos siguen siendo escandalosos”, a veces superiores a dos años, denunciaba entonces el mandatario de la Asociación de Comerciantes y Emprendedores de Galicia.
Con este panorama, todo indica que Alfonso Rueda tiene razones más que fundadas para querer pisar el acelerador. Hasta el fondo y sin parar.
